“Vas a perder la prueba”: las presiones a pacientes de la sanidad pública en Cantabria para ser derivados a la privada
Varios ciudadanos cántabros han denunciado presiones para realizarse pruebas médicas en el Hospital privado Santa Clotilde con la advertencia de que si lo rechazan, porque prefieren esperar a ser atendidos en la sanidad pública, perderán su puesto en la lista de espera y la demora será mayor. La Consejería de Salud había negado estas prácticas y hasta ahora mantenía que era una opción voluntaria. No obstante, los testimonios de algunos afectados coinciden en lo contrario.
“Vas a perder la prueba, te la van a quitar”, le dijeron por teléfono a Laura Colina cuando la llamaron del Hospital de Laredo para darle cita para una resonancia y dijo que prefería hacérsela en Valdecilla. “Me dijeron que si rechazaba ir a Santa Clotilde automáticamente me quedaba sin la prueba”, confirma. En esa misma llamada le aconsejaron no renunciar y hacer un escrito –que ya ha gestionado– pidiendo que la prueba se haga en la sanidad pública y que la mantengan en la lista de espera. “¡A qué punto hemos llegado, coaccionando a un paciente bajo la amenaza de perder la prueba diagnóstica”, denuncia.
La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública asegura que no es un caso único y que tiene varias reclamaciones de usuarios del Servicio Cántabro de Salud sobre las derivaciones a la sanidad privada. “Se les dice que deben aceptar la derivación a Santa Clotilde porque pertenece a la red del Servicio Cántabro de Salud”, explican desde la entidad. De hecho, según refieren los propios afectados, se les ha explicado que negarse a ello es como negarse a hacerlo en Valdecilla, perdiendo todos sus derechos a ser atendidos.
El Gobierno de Cantabria firmó un convenio de privatización de servicios sanitarios para derivar operaciones quirúrgicas y pruebas médicas al hospital privado Santa Clotilde, propiedad de una orden religiosa que recibirá 256 euros de dinero público durante los próximos veinte años, hasta 2046.
A raíz de estas circunstancias, la Plataforma cree que se está coaccionando a los pacientes y que, probablemente, si alguno protesta se le atenderá según lo establecido, pero habrá otros muchos que creerán lo que les dicen e irán a Santa Clotilde aunque no quieran, por temor a las consecuencias.
En realidad, según explican desde el colectivo el protocolo establece que si un paciente rechaza hacerse la prueba en la sanidad privada sale de la lista “estructural” y pasa a estar en situación de “demora voluntaria”. Supone que se les cita por orden de antigüedad en función de la disponibilidad del centro público.
Hace unos meses, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria solicitó a la Consejería de Salud que aclare qué ocurre con los pacientes que rechazan ser derivados al hospital privado Santa Clotilde. Si cuando se rechaza operarse allí “se respeta íntegramente su posición en la lista de espera del Servicio Cántabro de Salud para ser intervenido en un hospital público” –preguntaron– “o si, por el contrario, ese rechazo supone algún tipo de perjuicio, retraso o pérdida de su lugar en la lista de espera”.
La cuestión afecta directamente a los derechos de los pacientes y a su capacidad para decidir dónde desean ser atendidos. En este sentido, desde la Plataforma insisten en que los ciudadanos tienen derecho a saber “si ejercer su libertad de elegir la sanidad pública puede tener alguna consecuencia sobre su posición en la lista de espera”. “La transparencia también forma parte del derecho a la salud”, subrayan.