La Plataforma de la Sanidad Pública pregunta al Gobierno cántabro qué ocurre con los pacientes que rechazan ser derivados a Santa Clotilde
La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria ha solicitado a la Consejería de Salud que aclare qué ocurre con los pacientes que rechazan ser derivados al hospital privado Santa Clotilde -que recibirá 256 millones de dinero público en los próximos 16 años para privatizar servicios sanitarios- para hacerse una operación quirúrjica o pruebas diagnósticas. Si cuando se rechaza operarse allí “se respeta íntegramente su posición en la lista de espera del Servicio Cántabro de Salud para ser intervenido en un hospital público” -preguntan- “o si, por el contrario, ese rechazo supone algún tipo de perjuicio, retraso o pérdida de su lugar en la lista de espera”.
En paralelo, el coletivo denuncia que Santa Clotilde no dispone de todos los medios diagnósticos necesarios para asumir parte de la actividad que se le deriva, por lo que determinadas pruebas diagnósticas son subcontratadas a HT Médica, y carece del personal y las instalaciones que exige el convenio singular que entró en vigor en enero de 2026.
El colectivo ha puesto en marcha la campaña #YoPrefieroLaPública para denunciar el modelo de colaboración público-privada impulsado por el Gobierno de Cantabria y ha recibido numerosas consultas sobre la llamadas que están recibiendo los ciudadanos cántabros para derivarles al centro privado. Por ello, la Plataforma ha remitido un escrito a la Consejería de Salud “solicitando una aclaración sobre una cuestión fundamental: ¿Qué ocurre si un paciente rechaza ser derivado al Hospital Santa Clotilde?”.
Esta incertidumbre -según la Plataforma- “está generando preocupación entre muchas personas que desean seguir siendo atendidas exclusivamente en la sanidad pública, pero temen que ejercer esa decisión pueda tener consecuencias negativas”.
Los defensores de la salud pública consideran que cualquier paciente debe poder decidir libremente dónde quiere recibir asistencia sanitaria, “pero esa libertad solo es real cuando existe información clara, transparente y accesible sobre las consecuencias de aceptar o rechazar una derivación”, matizan. Por ello, han pedido a la Consejería que responda “de forma expresa y pública a esta cuestión” para ofrecer seguridad jurídica y tranquilidad a todos los pacientes de Cantabria.
Campaña de apoyo a la sanidad pública
La campaña #YoPrefieroLaPública, impulsada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria, comenzó el pasado 12 de junio divulgando ilustraciones creadas con inteligencia artificial para denunciar el modelo de colaboración público-privada impulsado por el Gobierno de Cantabria.
La campaña se presentó con mensaje: “Quiero que el dinero gastado en convenios con la sanidad privada para derivar pacientes, se inviertan en la pública para que derivar no sea necesario. El dinero público para la pública”.
La iniciativa surge como respuesta al convenio por el que el Gobierno de Cantabria destinará 256 millones de euros de dinero público durante los próximos 20 años al Hospital Santa Clotilde para privatizar servicios sanitarios.
Desde la Plataforma defienden que esos recursos deberían invertirse en reforzar el Servicio Cántabro de Salud, “aumentando el personal, la actividad quirúrgica y la capacidad diagnóstica de los hospitales públicos, de forma que las derivaciones al sector privado no fueran necesarias”.
La campaña ha ido creciendo en difusión y el pasado 4 de julio, durante la celebración de la Magosta de Vargas, decenas de personas se sumaron espontáneamente a la iniciativa fotografiándose con mensajes como “Yo me opero en la pública, no en Santa Clotilde” o “Para mi hijo no elijo Santa Clotilde, prefiero la pública”, incrementando la repercusión en redes sociales.
La Plataforma subraya que las publicaciones han llegado a miles de personas y han generado “un amplio número de reacciones, comentarios y compartidos, poniendo de manifiesto que existe una creciente preocupación social por el modelo de derivaciones a centros privados y por el futuro de la sanidad pública en Cantabria”.
La Plataforma espera que la Consejería de Salud responda en los próximos días a la consulta planteada porque, en su opinión, se trata de una cuestión que afecta directamente a los derechos de los pacientes y a su capacidad para decidir, con toda la información, dónde desean ser atendidos. En este sentido, insisten en que la ciudadanía tiene derecho a saber “si ejercer su libertad de elegir la sanidad pública puede tener alguna consecuencia sobre su posición en la lista de espera”. “La transparencia también forma parte del derecho a la salud”, concluyen.