El Consejo de Ministros aprobó en el pasado martes el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Una modificación muy esperada por el sector productor pero que para algunas organizaciones se queda corta .
Tras esta aprobación, inicia ahora su trámite parlamentario con intención de que entre en vigor el 1 de noviembre de 2021, con tiempo suficiente para que el sector se pueda adaptar, según explicaba el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la presentación del proyecto.
Según el ministro, las modificaciones fomentan la transparencia en la formación de precios y se protege a los eslabones más débiles por su posición en la cadena, al tiempo que se estimulan las relaciones comerciales y la innovación a través de la mejora de la operatividad de las transacciones.
El proyecto de ley amplía su ámbito de aplicación, generaliza los contratos por escrito, amplía la lista de nuevas prácticas comerciales desleales prohibidas y actualiza las infracciones y sanciones.
La nueva norma completa los cambios introducidos por el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación y que constituyó el primer paso en la mejora de la ley de la cadena que ha iniciado el Gobierno este año.
En esta segunda fase, se incorpora al ordenamiento nacional la Directiva 2019/633 relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario. Las modificaciones que se introducen amplían el ámbito de aplicación de la vigente norma y establecen mecanismos que la refuerzan para incrementar su eficacia.
Entre las mejoras más importantes que introduce este proyecto está la ampliación del ámbito de aplicación espacial y material de la norma y así la ley no solo afectará a las relaciones comerciales internas, sino que se extenderá también a las de ámbito comunitario en las que participe un operador establecido en España, siempre que no aplique la legislación de otro Estado miembro.
Además, se amplían los supuestos en los que es obligatorio hacer contratos por escrito hasta la práctica totalidad de las operaciones.
Se incorporan prácticas comerciales desleales que, a día de hoy, no están recogidas en la legislación española, fruto de la trasposición de la directiva europea y se incorporan nuevas infracciones o se recalifican otras para asegurar la mejor aplicación y eficacia de la norma.
Estas novedades se suman a las introducidas a inicios de 2020 tras las protestas en las calles que protagonizaron los productores, agricultores y ganaderos, a lo largo de todo el país, y también en Castilla-La Mancha. Entre estas, la más destacada está que los costes de producción tienen que ser la base de la negociación de los contratos escritos y se obliga a incluir en los contratos alimentarios la indicación de que el precio pactado cubre el coste efectivo de producción.
Seducir al consumidor
En este sentido, el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, destacaba tras la aprobación la necesidad de esta reforma ya que la ley en su momento se quedó corta. A su juicio, los cambios “dan más garantías a los productores, ya que está claro que no se debe vender por debajo de los costes de producción”, sin embargo aún queda camino ya que “ahora hay que buscar la fórmula para garantizar que los agricultores y ganaderos reciban un precio justo por sus productos”.
A juicio de Martínez Arroyo, éste es el reto: “Concienciar a los consumidores, no puede ser que pretendamos comprar por debajo de los costes de producción. Hay que concienciar a la distribución por supuesto, pero también a los consumidores que son la clave porque son ellos los que mandan”, ha señalado, además considera muy importante “seducir a los consumidores sobre la importancia de tener en Europa, en España y en Castilla-La Mancha agricultores y ganaderos profesionales que hagan las cosas, mejor que en ningún otro lugar del mundo y que nos garanticen una seguridad alimentaria de la que muchas veces no nos damos cuenta”, ha señalado.
Para las organizaciones, podría ir a más
Sin embargo, para algunos estas modificaciones se quedan cortas. Así Unión de Uniones de Agricultores y ganaderos ha lamentado que se “haya quedado flojo” sin haber incluido instrumentos importantes para reforzar la figura de los productores, como la definición de posición de dominio.
Por ello, reclamará en el trámite parlamentario que se haga una reforma contundente en defensa de los productores contemplando que se redefina la venta a pérdidas, se refuerce el régimen sancionador y se incluya la posición de dominio en la Ley de cadena alimentaria entre otras cuestiones.
Además destaca que desde que entró en vigor la Ley en 2014, la diferencia entre el precio percibido por los productores y el pagado por los consumidores no ha dejado de crecer, incluso durante la pandemia. Además, el Real Decreto-Ley 5/2020, que introducía la referencia del precio a los costes efectivos de producción, no se está cumpliendo y son numerosas las denuncias públicas de imposición de contratos en fraude de ley que solo respetan formalmente los costes de producción, pero no en la realidad.
“Lo sufrimos en cereales, en leche, en uva, o recientemente en caqui”, lo que demuestra la ineficiencia de la Ley y la necesidad de reformularla en este sentido y la de acompañarla de otras medidas y políticas efectivas, han señalado desde la organización
Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores, UPA, cree que estas modificaciones constituyen un “paso definitivo” en la lucha que los agricultores y ganaderos españoles comenzaron hace más de una década, aunque también reconoce que aún queda trabajo por hacer para asegurar de forma más precisa la mediación ante un conflicto, el registro de contratos, la seguridad jurídica de los denunciantes, la consideración de las asociaciones sectoriales como ‘titulares de interés legítimo’ o la inclusión en el ámbito de aplicación del canal Horeca, además de asegurar que la venta a pérdidas se prohíba en el último eslabón de la cadena. Temas que aseguran “van a trabajar” con los grupos políticos para que se introduzcan en el Proyecto de Ley durante su trámite parlamentario.
“UPA ve en estos cambios legislativos un efecto directo del mayor proceso de movilizaciones agrarias de la historia –el de los ‘agricultores al límite’–, a principios de este año, así como del intenso trabajo sindical y político para trasladar a las Leyes ”lo que es un clamor en el campo“: que la falta de rentabilidad lastra las oportunidades del sector primario y provoca ”despoblamiento y ruina“ en el medio rural.