La Ley del Tercer Sector no incluirá el plazo para el concierto social que pedía la oposición

El llamamiento al consenso y la unanimidad ha sido el mensaje que más se ha repetido en el trámite parlamentario del proyecto de Ley del Tercer Sector de Castilla-La Mancha. La Comisión de Bienestar Social ha aprobado ya el dictamen del proyecto normativo para su aprobación en las Cortes regionales, con lo que solo resta un paso más para que la comunidad autónoma disponga de esta ley prometida por el Gobierno de Emiliano García-Page, y que supone dar seguridad jurídica a las más de 3.000 entidades sociales sin ánimo de lucro que trabajan en la región.

Desde los grupos parlamentarios de PSOE, PP y Ciudadanos han apelado en todo momento al consenso pese a que los socialistas disponen de mayoría absoluta, pero finalmente esa unanimidad no ha sido total y se han emplazado al debate en el pleno.

Sí han conseguido acordar algunas de las propuestas contenidas en las enmiendas de PP y Ciudadanos. Lo han hecho a través de enmiendas transaccionales pactadas con el Grupo Socialista que, por un lado, incluirán en el texto el término “pobreza” (no incorporado en la redacción original como uno de los ámbitos de aplicación de la futura ley) y, por otro, fomentarán el empleo femenino.   

Las enmiendas que los partidos de la oposición no han conseguido sacar adelante son las referidas a la inclusión en el proyecto de ley, en sus disposiciones adicionales, de la necesidad de aprobar en el plazo de un año el prometido decreto para el nuevo concierto social con entidades. Es decir, los términos en que la Administración castellanomanchega concierta con las ONG para financiar sus acciones, planes y programas.  

Una promesa del Ejecutivo regional

Este decreto es también una promesa del Ejecutivo autonómico. Tal y como adelantó la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, en una entrevista con eldiarioclm.es, se aprobará durante el presente ejercicio, como petición unánime de todos los colectivos del tercer sector. No obstante, no será incluido en esta normativa.

Tampoco han salido adelante otras enmiendas como la del PP que pedía que se garantizara y diera protección jurídica a la acción del voluntariado en esta normativa. Han considerado en el PSOE que esta circunstancia ya se rige por sus propias normas autonómicas y estatales y que no era necesaria su inclusión. Pese a ello, las enmiendas se mantendrán vivas para su nuevo debate en el pleno. 

Por su parte, Ciudadanos ha incorporado al texto, entre otras cuestiones, que en los ámbitos de actuación de la ley también se incorpore a las personas que puedan sufrir situaciones de desigualdad por razón de su orientación o condición sexual.

La oposición pide que no sea “papel mojado”

En definitiva, la búsqueda del acuerdo ha provocado que la Comisión tuviera un amplio receso a su término para pactar las medidas que finalmente se han consensuado. Pero tanto PP como Ciudadanos han insistido en que esta ley no sea al final “papel mojado”.  

La Ley del tercer sector social define y ordena el tercer sector con novedades importantes como son la creación de un inventario de entidades, el establecimiento de principios rectores y obligaciones, crea una Comisión para el Diálogo Civil, se compromete a elaborar una Estrategia del Tercer Sector y en quinto lugar la Ley contempla el Concierto Social como una fórmula para prestar Servicios Públicos.

Se trata de una norma que ordena y regula, por lo que no tiene crédito, aunque del estudio previo se extrae que “en principio la concertación de todas las áreas del Gobierno que trabajan con el Tercer Sector superaría los 300 millones de euros anuales”, según explicó en su día la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez.