Castilla-La Mancha ya ultima la devolución a los ayuntamientos de la cuarta parte del polémico canon del agua
El canon del agua en Castilla-La Mancha, conocido oficialmente como Canon Medioambiental de la Directiva Marco del Agua (DMA), es un impuesto autonómico indirecto que grava el uso, el consumo y los vertidos de agua en la región, que entró en vigor el 1 de enero de 2025. Todo lo recaudado se destina a financiar infraestructuras hidráulicas (abastecimiento, saneamiento y depuración) y la mejora de los ecosistemas acuáticos. Y dentro de esa distribución de fondos, al menos el 25% de la recaudación debe devolverse a los ayuntamientos para que realicen obras en el ciclo integral del agua de su competencia. El 75% restante lo gestiona el Gobierno regional.
Casi dos años después de su entrada en vigor, la Administración autonómica ya ha sacado a información pública el proyecto de decreto por el que procederá a transferir esa cantidad a los ayuntamientos de la región, según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y en virtud de la reforma de la Ley de Aguas de la comunidad autónoma donde se incluyó su aprobación.
Este impuesto autonómico tuvo un controvertido proceso de aprobación. Se aprobó inicialmente en febrero de 2022 en las Cortes regionales, pero fue suspendido de manera indefinida solo unas semanas después debido a la crisis económica y la subida de precios derivadas de la guerra en Ucrania. Posteriormente, el Gobierno de Castilla-La Mancha retomó y aprobó de nuevo canon en marzo de 2024, fijando su entrada en vigor definitiva para el 1 de enero de 2025.
Según lo estipulado en la reforma para su implantación, los primeros 10.000 litros de agua al mes (10 metros cúbicos) por vivienda están completamente exentos de pago. El impuesto solo se empieza a aplicar a partir de los consumos que superen ese umbral.
Exenciones del pago
Además, el reglamento exime del pago total de este canon medioambiental a familias y personas que tengan la condición de vulnerabilidad social severa o se encuentren en riesgo de exclusión social; a agricultores y ganaderos.; y al uso que de la misma se haga para la extinción de incendios.
En general, para un hogar medio de tres personas que no supere los límites de consumo básico, el impacto estimado es de menos de 1 o 2 euros al mes, divididos en una parte fija y otra variable según los bloques de consumo que excedan los 10 metros cúbicos exentos.
Ahora, el proceso de información pública para la devolución a los ayuntamientos de la cuarta parte de lo recaudado se prolongará durante 20 días hábiles para que los interesados puedan presentar alegaciones. Cuando lo apruebe el Consejo de Gobierno, se pondrá en funcionamiento el sistema de transferencias para que los municipios de Castilla-La Mancha puedan financiar inversiones destinadas a mejorar las infraestructuras municipales de abastecimiento, saneamiento y depuración.
Un canon finalista
Esto es así porque el impuesto, en virtud de la mencionada Directiva Marco, tiene un carácter finalista, es decir, se utiliza exclusivamente para financiar infraestructuras hidráulicas para la mejora de la calidad y disponibilidad del agua en la región.
Además, el decreto contempla un régimen especial para los municipios de menor población que suelen disponer de menos recursos económicos y capacidad técnica para acometer este tipo de actuaciones. Concretamente, regula que las localidades menores de 5.000 habitantes tendrán una asignación mínima de 4.000 euros anuales cuando la cuantía que les corresponda conforme a la recaudación efectiva del canon no alcance ese importe.
Para estas actuaciones se regula un Fondo de Inversiones en Infraestructuras del ciclo integral del agua con una serie de medidas entre las que destacan las relativas a captación, aducción y transporte, estaciones de tratamiento de agua potable, depósitos, redes de distribución, redes de saneamiento, colectores, estaciones de bombeo, estaciones depuradoras de agua residuales y actuaciones para la reducción de pérdidas y la mejora del control y gestión del consumo de agua