De las 57 presas de titularidad estatal que existen en Castilla-La Mancha y que están obligadas por la legislación a desarrollar e implantar un plan de emergencia, solo 12 cuentan con dicho proyecto establecido.
Se trata de un grado de cumplimiento de apenas el 21%, según datos recogidos por la Asociación de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil a los que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha.
La obligación legal está fijada por el Real Decreto 264/2021, que establece que las presas y embalses clasificados en las categorías A o B deberán contar con el correspondiente Plan de Emergencia elaborado e implantado de acuerdo con las prescripciones contenidas en la norma técnica de seguridad para la clasificación de las presas y para la elaboración e implantación de los planes de emergencia de este tipo de infraestructuras.
Desglosando por cuencas hidrográficas, la del Tajo tiene 31 presas estatales de categoría A o B ubicadas en Castilla-La Mancha, con el preceptivo plan de emergencia implantado en solo seis de ellas. Misma cifra de implantación, seis, tiene la cuenca del Guadiana en sus 13 presas en la región. Por su parte, ninguna de las presas castellanomanchegas de las cuencas del Segura (9 de categorías A y B) y del Júcar (4) cumplen con la obligación legal.
Este mandato, tal y como explica el Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico, tiene el objetivo “primordial” de minimizar las posibilidades de que se produzca fallo o rotura de la presa.
“Establecen la organización de los recursos humanos y materiales necesarios para el control de los factores de riesgo que puedan comprometer la seguridad de la presa y determinan los sistemas de información, alerta y alarma, para facilitar la puesta en disposición preventiva de los servicios y recursos que hayan de intervenir para la protección de la población en el caso de rotura o avería grave de aquella, favoreciendo o posibilitando, de esta forma, que la población potencialmente afectada pueda adoptar las medidas de autoprotección correspondientes”, según informa el Servicio de Emergencias de Castilla-La Mancha.
“En muchos casos, se ha anunciado la licitación de estos planes o están redactados, pero años después siguen guardados en un cajón”, asegura Jesús Contreras, vocal de la Junta directiva de la Asociación de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil.
El experto explica en declaraciones a este medio que más allá del desarrollo del documento, la legislación obliga a su implantación, para lo cual se necesita la colaboración de varias administraciones, que constituirán un comité de implantación formado, entre otros organismos, por Protección Civil, los ayuntamientos o las policías locales. También se requiere la divulgación entre la población y la formación de las personas que adquirirán un papel activo en su ejecución. “Es necesario realizar periódicamente simulacros y otras medidas que, por desgracia, no siempre se cumplen”, añade Contreras.
Esta situación es extensible a nivel nacional, ya que la citada asociación de ingenieros asegura que de las 375 presas de titularidad estatal, dependientes de las confederaciones hidrográficas, un 75,7% carecen de planes de emergencia implantados.
Falta “mantenimiento” de las presas
Aparte de la escasa implantación de planes de seguridad en las presas de Castilla-La Mancha, la asociación también pone el foco en la falta de mantenimiento que sufren estas infraestructuras.
Jesús Contreras asegura que los datos de la Dirección General del Agua, el organismo responsable de la gestión de la seguridad de todas las presas, muestran que el 75% de las presas en España de titularidad estatal necesita estudios complementarios de seguridad.
Además, el 65% de ellas necesita auscultación -un sistema de vigilancia para detectar anomalías-, el 30% tiene problemas estructurales, el 40% necesita perforar drenajes, el 25% los aliviaderos no son suficientes, y el 50% tiene los desagües de fondo inoperantes.
Una situación que el experto achaca a la falta de inversión por parte del Gobierno estatal. “Un parque de presas que en el año 2000 podrías considerar bastante magnífico y bien cuidado, pero pasan los años, no se hace nada y acaba como cualquier cosa que no se mantiene. La propia Dirección General del Agua habla de la necesidad de una inversión del orden de 400 millones al año en mantenimiento de presas. Y en el 2023 se gastaron 16 millones”, concluye el experto.
Para la elaboración de este reportaje, este medio se ha puesto en contacto con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, así como con las Confederaciones Hidrográficas del Tajo, Guadiana, Segura y Júcar, sin haber obtenido respuesta.