La fiebre del oro llega a los límites de Cabañeros: perforaciones durante tres años en áreas “sensibles” del lince ibérico
Durante el verano pasado se hizo público que la empresa Oroberia planteaba buscar oro en la Sierra Norte de Guadalajara a través de tres proyectos que sumaban una superficie de casi 15.000 hectáreas. El rechazo social no se hizo esperar por parte de la comarca. Pero ahora, la misma compañía ha puesto sus ojos en otra zona: los límites del Parque Nacional de Cabañeros, entre las provincias de Toledo y Ciudad Real.
Lo ha hecho mediante la solicitud de dos permisos de investigación denominados ‘Cabrahigos’ y ‘Patagallina’, con sus correspondientes estudios técnicos. Pero en realidad se trata del mismo proyecto. Es una práctica habitual ‘trocear’ estos expedientes debido a que la Ley de Minas establece un mínimo de hectáreas para la explotación de tierras.
La promotora hizo lo mismo con sus anteriores planes. Los proyectos ‘GUA’, ‘DALA’ y ‘JARA’ también respondían a un mismo objetivo. Al dividirlos, su tramitación podía ser más simple y ágil. Pero el Gobierno de Castilla-La Mancha resolvió que, si quería seguir adelante con sus planes mineros, la empresa tenía que presentar un único proyecto.
Dos proyectos, mismo presupuesto, mismas hectáreas
Situación muy similar se ha producido ahora con los nuevos planes de Oroberia: dos proyectos, mismo presupuesto, mismas hectáreas. ‘Cabrahigos’ y ‘Patagallina’ tienen el mismo documento ambiental (un estudio técnico encargado por la empresa para solicitar los permisos) elaborado por GA Ingenieros.
Los permisos que solicita abarcan un periodo de tres años, detallando actividades que incluyen cartografía geológica, análisis geoquímicos y perforaciones de sondeo, estos últimos de hasta 400 metros de profundidad. Todos destinados a la exploración y evaluación de recursos minerales, con la mirada puesta “en una futura explotación que sea viable tanto económica como medioambientalmente”.
En concreto, los términos municipales afectados son cinco. Se trata de Hontanar, Menasalbas y San Pablo de los Montes, en la comarca de los Montes de Toledo; y ya en la provincia de Ciudad Real, Navas de Estena y Retuerta del Bullaque, estos dos últimos integrados dentro de los límites del Parque Nacional de Cabañeros.
Según el documento técnico, el área total de investigación comprende una extensión de 7.000 hectáreas (234 cuadrículas mineras) con una forma rectangular que sigue una dirección oeste-este. De forma geográfica, la delimitación física principal de la zona es la Sierra de San Pablo, que atraviesa la parte norte del permiso. El propio estudio admite que los sondeos se realizarían dentro de la ZEC/ZEPA ‘Montes de Toledo’, pero que serían “compatibles” con su conservación.
El presupuesto total previsto para las labores de investigación del proyecto asciende a más de un millón de euros, que se distribuirían en tres anualidades en el marco de vigencia del permiso, en el caso de obtenerlo.
El Gobierno regional admite que es una zona “sensible”
El problema fundamental, por tanto, es la zona. La propia consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha declarado que se trata de un “área sensible”. Lo ha dicho poco después de que su departamento le haya dado un ‘toque’ a la empresa: el proyecto debe someterse a evaluación ambiental ordinaria y la documentación aportada hasta el momento es “insuficiente”. Así lo ha establecido la Administración regional mediante resolución publicada a principios de este mes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).
La cuestión no es para menos, En su documento técnico se da una especial relevancia a los sondeos por ser “la labor que aporta mayor información al mostrar la realidad geológica del subsuelo”. Consisten fundamentalmente en perforaciones profundas diseñadas para obtener muestras continuas de roca y evaluar la presencia de oro.
El documento incorpora medidas técnicas y ambientales orientadas a devolver la superficie a su estado original, como el sellado de los sondeos, la gestión de residuos y lodos y la recuperación de la vegetación.
De hecho, no obvia los impactos ambientales en la atmósfera (emisiones de polvo y gases de combustión), el ruido por la maquinaria, “riesgo de alternación de la calidad del agua”, contaminación por “vertidos accidentales de aceites o combustibles”, y las afecciones al paisaje, la flora y la fauna.
Sobre este último aspecto, y pese a que el estudio habla de “impactos residuales bajos” e incorpora multitud de medidas correctoras para el ruido y otras afecciones, destaca la “importante presencia” en la zona del lince ibérico, especie en peligro de extinción en cuyos programas de suelta, seguimiento y reproducción el Gobierno regional ha participado ampliamente.
El estudio identifica también otras especies protegidas asociadas a la Red Natura 2000 como el águila imperial ibérica, el sisón común y la cigüeña negra. Pero en el caso del lince, habla de su protección como una “prioridad”, dado que el permiso de investigación coincide espacialmente tanto con “áreas críticas” como con “zonas de importancia” de la especie.
Establece así medidas para garantizar su seguridad y “evitar alteraciones en su comportamiento”. Entre ellas, expone la protección del hábitat mediante una “estrategia de mínima intervención”, utilizando exclusivamente la red de caminos y pistas ya existentes y prohibiendo la apertura de nuevas vías de acceso para evitar la fragmentación del territorio y la alteración de las zonas de refugio de la especie.
También incorpora un “control del riesgo de atropello”: el tránsito de vehículos y maquinaria estaría regulado por una limitación de velocidad de 30 kilómetros por hora en todos los caminos no asfaltados; y los trabajos se realizarían únicamente en horario diurno, quedando prohibidas las labores nocturnas “para respetar los periodos de mayor actividad y descanso del lince”.
Evitar ruidos “anómalos”, entre las medidas correctoras
Asimismo, en zonas sensibles, se evitaría el uso de equipos de perforación durante el amanecer y el atardecer, exigiendo el uso de silenciadores en los equipos móviles y un “mantenimiento diario estricto para evitar ruidos anómalos”.
Más medidas “correctoras” que propone el estudio: antes de comenzar cualquier labor de campo, se realizaría una inspección previa para confirmar la ausencia de ejemplares de interés comunitario o protegidos en el área de actuación.
En el caso de presencia o detección de individuos de lince ibérico en los puntos de trabajo o sus alrededores, se procedería a la “paralización inmediata” de las actividades de investigación en esa zona específica. Y si las labores coinciden con la época de reproducción, un técnico especialista supervisaría in situ los trabajos para “evaluar posibles riesgos y balizar áreas de exclusión” si fuera necesario.
Al ser las labores de investigación “superficiales”, de corta duración y localizadas en puntos muy concretos, el documento destaca que el impacto sobre el lince es “mitigable” y el proyecto es “compatible con su conservación”.
Pero estas medidas no han convencido al Gobierno de Castilla-La Mancha, que lo ha dejado claro: la autoridad ambiental determina que la iniciativa debe someterse a una evaluación de impacto ordinaria debido a la “alta sensibilidad ecológica” del entorno.
En su reciente resolución señala que la documentación presentada por la promotora es “insuficiente”, ya que carece de estudios de campo específicos y “no define con precisión la ubicación de todos los sondeos”.
Por consiguiente, exige “un análisis más riguroso” para prevenir daños en la vegetación natural y evitar molestias a la fauna amenazada por el ruido y la maquinaria. Esta decisión administrativa busca garantizar que las prospecciones geológicas no comprometan la “integridad biológica” de los Montes de Toledo ni tampoco los límites del Parque Nacional de Cabañeros.
¿Y el 'troceo' de expedientes?
¿Y qué ocurre con la fragmentación o ‘troceo’ en dos expedientes? El segundo permiso, el denominado ‘Patagallina’ es prácticamente idéntico a ‘Cabrahigos’. Tiene exactamente el mismo presupuesto, afecta al mismo número de hectáreas, pero cambian los pueblos afectados. En este caso, solo incluye dos de la provincia de Toledo: Las Ventas con Peña Aguilera y San Pablo de los Montes; y uno de Ciudad Real, el de Retuerta del Bullaque.
Este expediente no aparece como “tramitado” en Nevia, el portal de trámites de evaluación ambiental del Gobierno de Castilla-La Mancha, sino que figura como “pendiente de elaboración del documento de alcance”. Es decir, la autoridad ambiental aún tiene que pronunciarse al respecto.
Al tratarse de una solicitud de permiso con un estudio ambiental prácticamente calcado del anterior, lo previsible es que la Consejería de Desarrollo Sostenible adopte la misma posición: que establezca la necesidad de someterlo a evaluación ambiental ordinaria o que incluso pida a Oroberia que tramite ambos permisos en un solo expediente, como en el caso de la Sierra Norte de Guadalajara.
Este medio se ha puesto en contacto con la empresa promotora para conocer los motivos por los que ha solicitado ambos permisos tan similares y para recabar su valoración sobre la posición expresada por el Gobierno regional sobre el proyecto. Por el momento, no ha habido respuesta.
No es el único proyecto minero cerca del Parque Nacional de Cabañeros. En la zona este, en el término municipal de Fontanarejos (Ciudad Real) ya han comenzado los trabajos iniciales para una mina de fosfatos cuyo expediente se encuentra en los tribunales. Una plataforma vecinal, de la mano de Ecologistas en Acción, ha denunciado el inicio de las obras por las modificaciones de la declaración de impacto ambiental y por la licencia municipal otorgada por el Ayuntamiento.