La Junta de Castilla y León defiende el nuevo impuesto a las plantas fotovoltaicas y niega que sea recaudatorio
La Junta de Castilla y León ha defendido este jueves el nuevo gravamen autonómico a los grandes parques fotovoltaicos frente a las críticas del sector y del Gobierno de España y ha asegurado que su finalidad “no es recaudatoria”, sino lograr que estas instalaciones generen un mayor beneficio económico en los territorios donde se asientan.
El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado tras el Consejo de Gobierno que el Ejecutivo autonómico todavía no puede determinar cuánto espera ingresar con la extensión a la energía fotovoltaica del Impuesto sobre la Afección Medioambiental, el único tributo propio de Castilla y León. Hasta el momento este impuesto estaba afecto únicamente a los parques eólicos y ahora pasar a afectar a otro tipo de fuentes de energía como las fotovoltaicas.
“Lo que queremos básicamente en Castilla y León es que las fuentes de generación eléctrica acaben beneficiando al territorio donde la generación se produce”, ha resumido Carriedo.
El portavoz ha respondido así a las críticas formuladas por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que ha calificado el nuevo gravamen de recaudatorio e injustificado, y a las dudas sobre cómo encaja su creación con la política de reducción fiscal defendida por la Junta.
Exento el autoconsumo y los parques menores
Carriedo ha incidido en las exenciones previstas y ha asegurado que el gravamen no afectará a las instalaciones situadas en tejados ni al autoconsumo residencial o industrial, como tampoco a las plantas de menos de 50.000 metros cuadrados.
A partir de esa superficie, ha explicado, el impuesto tendrá carácter progresivo hasta alcanzar su tipo máximo en las instalaciones de 500 hectáreas o más.
La nueva regulación contempla además una bonificación del 30% cuando la empresa titular de la instalación alcance un convenio o acuerdo con instituciones y entidades locales para comprometer inversiones o actividades en el territorio.
Para la Junta, esta reducción pretende actuar como un “estímulo” para que las empresas fotovoltaicas alcancen acuerdos con los municipios y que parte de la riqueza vinculada a la producción eléctrica permanezca en las zonas donde se genera.
Precisamente esas exenciones y bonificaciones impiden, según Carriedo, calcular por el momento los ingresos que obtendrá la Comunidad, ya que durante el ejercicio las empresas podrán formalizar nuevos acuerdos con los territorios y reducir con ello su aportación fiscal.
Preguntado por si el gravamen puede desincentivar nuevas inversiones fotovoltaicas en Castilla y León, el portavoz ha defendido el efecto contrario y ha sostenido que debe servir para que las inversiones “se comprometan con el territorio”.
Carriedo ha recordado además que los ayuntamientos ya obtienen ingresos de estas instalaciones mediante sus propios tributos y ha insistido en que el propósito de la modificación autonómica es conseguir “la mayor reversión posible de estos recursos para el territorio”.