La Junta de Castilla y León y la Delegación de Gobierno firman un protocolo para maximizar la coordinación con las residencias de ancianos afectadas
La Junta de Castilla y León y la Delegación del Gobierno han firmado un protocolo para maximizar la coordinación de las acciones en las residencias de mayores, centros de discapacidad y viviendas tuteladas que lo precisen. Actualmente la Comunicad cuenta con 1.214 centros.
Con este protocolo se pretende “mejorar la respuesta coordinada e integran de las acciones y los medios de las administraciones” en relación a labores de vigilancia, desinfección, atención, mantenimiento y seguimiento.
La evolución del coronavirus COVID-19 ha delatado que uno de los grupos con más riesgo son las personas mayores. “La preocupación por este grupo de riesgo, y por el personal que atiende estos centros, ha sido objeto de un constante seguimiento y toma de decisiones”, afirma la Junta.
Por ello, la Junta de Castilla y León, con la intervención de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, de la Consejería de Sanidad, de la Consejería de la Presidencia en la coordinación de los Delegados Territoriales, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, y de la Delegación del Gobierno y las subdelegaciones de las nueve provincias, han considerado procedente la adopción de dicho protocolo de coordinación.
Objetivo del protocolo
El objeto de este protocolo es formalizar un procedimiento y maximizar la coordinación entre las administraciones firmantes en cuanto a las acciones y los medios de que disponen para la mayor protección y prevención de los centros residenciales de mayores y de discapacidad. Otro objetivo es el poder mejorar la situación de las residencias afectadas e intentar lograr una estabilización que permita el normal funcionamiento de las mismas.
El protocolo ha centrado su atención en las residencias que por la situación actual de las mismas tienen un número elevado de personal laboral o de residentes con síntomas compatibles con el virus.
Con la finalidad de que se cumpla este nuevo protocolo, la Junta ha organizado nueve grupos de acción y seguimiento, uno por provincia, integrados por el delegado territorial de la Junta, el subdelegado de Gobierno, el gerente territorial de Servicios Sociales, el responsable del Servicio Territorial de Sanidad, el responsable de los equipos COVID-19 en la provincia, un representante del equipo de desinfección, y otros servicios que se considere convenientes.