La Junta de Castilla y León condicionará las subvenciones a Cáritas y otras ONG a su apoyo a migrantes irregulares
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán (Vox), ha anunciado que condicionará las subvenciones a Cáritas y otras ONG a su apoyo a migrantes irregulares como parte de su plan para “comabtir la inmigración ilegal”. Así lo ha expuesto ante los medios después de reunirse con Cáritas, entidad dependiente de la Iglesia Católica cuya labor “pegada al territorio y a las personas vulnerables” ha puesto en valor. En concreto, Carlos Pollán se ha centrado en el trabajo de Cáritas en “adicciones, infancia y mayores”, obviando la labor de Cáritas en la integración de los migrantes y su defensa de procesos como la regularización extraordinaria.
Pollán ha avanzado que los nuevos directores generales —de Desregulación y Familia, que eran diputados autonómicos de Vox— están 'avanzando' en “el conocimiento de su actividad” de cara a los presupuestos de la Comunidad de 2027. El vicepresidente autonómico ha garantizado que se mantendrán las subvenciones previstas para 2026, pero ha adelantado que habrá cambios en las próximas cuentas. “A partir de hoy empezaremos a valorar y a estudiar todas las ayudas y subvenciones que se están repartiendo a través de las asociaciones. En Cáritas pueden estar tranquilos porque realizan una labor muy importante en infancia, adicciones y mayores y esa labor van a seguir haciéndola”, ha apostillado.
Carlos Pollán ha asegurado que, una vez incorporados los nuevos directores generales, Castilla y León continuará con la misma línea de política migratoria que en Aragón o Extremadura, donde los educadores sociales han protestado por vincular a los menores no acompañados con la delincuencia. Carlos Pollán ha prometido que se “auditará el gasto en inmigración ilegal” y que ni se habilitarán ni rehabilitarán espacios para menores. También se endurecerá el régimen interno en dichos centros.
Recurso de la asignación de menores a proteger
La Junta de Castilla y León anunció este domingo que recurrirá el Real Decreto 556/2026 que ha aprobado la capacidad del sistema de protección y tutela de los menores extranjeros no acompañados, que ha asignado a Castilla y León una capacidad de 833 personas, superior a los 783 consignados en 2025 (que también está impugnado). El Ejecutivo autonómico tiene dos meses para presentar el recurso, según ha informado el vicepresidente.
Carlos Pollán ha defendido que es “inasumible” atender a este número de menores, aunque no por recursos humanos o materiales: “No es una cuestión de financiación ni de recursos ni de plazas, sino que nos oponemos frontalmente a la política migratoria de Pedro Sánchez, por principios y por responsabilidad política”, ha defendido el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, quien ha cargado contra la “estafa migratoria” de Sánchez.
Además, ha avanzado que se realizarán pruebas para determinar la edad de los menores —a través de Fiscalía— y se intentará repatriar a aquellos que no las superen, atendiendo al artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, que permite establecer acuerdos con los países de origen para que la “atención e integración social” se realice “en su entorno de procedencia”, siempre que se asegure “la protección del interés de los menores” y se realice un seguimiento por parte de las autonomías.