Más de la mitad de los migrantes que han pedido la regularización en Castilla y León son de Colombia, Venezuela y Perú

Más de la mitad de los migrantes que han pedido la regularización en Castilla y León son de Colombia (31,9%), Venezuela (19,1%) y Perú (12,4%), según los datos que ha facilitado este viernes Comisiones Obreras y que han atribuido a la Delegación del Gobierno. Estas personas han entrado de manera “legal, segura y ordenada”. “Eso que nos vende el discurso del odio de que vienen en pateras no es cierto, aunque llene muchos titulares en los medios”, ha explicado el secretario de Empleo, Protección Social y Migraciones de CCOO-CyL, Javier Moreno, quien ha defendido que esta regularización les permita “tener un contrato y condiciones laborales y sociales dignas”.

El número de solicitudes para el proceso ha superado las previsiones del sindicato de 25 o 30.000 requerimientos -la Junta niega que tuvieran cualquier tipo de estimación- al haberse alcanzado las 39.981 peticiones, que puede servir de referencia. “No significa que todas se vayan a aceptar, pero sí permite ver la importancia de esas personas invisibles en nuestra sociedad. El obejtivo es sacar a flote la economía sumergida”, ha reivindicado Javier Moreno en una rueda de prensa este viernes, que ha puesto el foco en que algunas empresas tienen problemas para encontrar trabajadores, en parte por el saldo demográfico actual. “Ya hay personas inscritas como demandantes de empleo dispuestas a trabajar. Veremos que se cubren esas vacantes”, ha augurado el representante de CCOO.

Castilla y León ha registrado el 3,4% de las peticiones y esta cifra supone también una cifra inferior por población a la media española. Javier Moreno ha destacado cómo los datos del paro de junio permiten extraer “alguna conclusión”: en los cuatro grandes sectores ha bajado el desempleo, pero también ha aumentado “de manera considerable” el número de aquellas personas que se han inscrito por primera vez como demandantes de empleo. “Hay personas a las que se les ha admitió a trámite el expediente y ya se han inscrito como demandantes de empleo”, ha explicado.

El representante sindical también ha hecho un llamamiento a las Administraciones Públicas para que refuercen los servicios administrativos y sociales que pueden verse afectados por la regularización para evitar que estos “colapsen” por la falta de efectivos. Moreno ha ejemplificado la situación laboral de los trabajadores de Extranjería, cuyas plantillas deben ser fortalecidas y premiadas con un complemento.

CCOO ha tramitado mil expedientes

CCOO, que es una de las entidades colaboradoras en el proceso, ha tramitado mil expedientes en Castilla y León (7.500 en todo el país) y ha informado a unas 4.000 personas a través de consultas, talleres y asambleas, en las que han colaborado de manera altruista 37 sindicalistas, con especial atención al medio rural.

La obligación del gobierno es en 15 días contestar a las tramitaciones para saber si el proceso se ha admitido a trámite o no, y luego el Gobierno tiene tres meses para resolver favorable o negativamente. Sin embargo, una vez el proceso es tramitado, los migrantes pueden inscribirse como demandantes de empleo.

La coordinadora de los centros de información a trabajadores migrantes (Cites), Cristina de la Torre, ha recordado que el permiso de trabajo que permite la regularización extraordinaria es de un año y que luego aquellos que cumplan determinados requisitos (como haber cotizado un número determinado de meses u otros requisitos) podrán solicitar un nuevo permiso de cuatro años o renovar otro permiso más breve.

Hace unos meses, Comisiones Obreras ha presentado una queja ante el Procurador del Común para advertir de posibles problemas que pueden darse más adelante ante la ausencia de criterios comunes para elaborar el informe de esfuerzo de integración que deberán rellenar los Servicios Sociales en el próximo año. “Va a generar muchos problemas por las competencias entre el Estado, las autonomías y entidades locales”, ha advertido Cristina de la Torre. La técnica del sindicato ha explicado que, hasta ahora, uno de los factores era la asistencia a un curso de 40 horas sobre los valores democráticos y la historia del país y de Castilla y León, pero el Gobierno ya ha advertido que eso resultará insuficiente, por lo que se está a la espera de lo que decida el gobierno autonómico.