La Justicia reactiva el debate sobre la construcción de más de mil viviendas en un paraje natural de Soria

La construcción de más de mil viviendas en la margen derecha del río Duero vuelve a planear sobre Soria, cuyo equipo de gobierno ha sido reprendido por la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en una sentencia que obliga al Ayuntamiento de Soria a permitir o denegar definitivamente la obra. Se trata de un proyecto que arrancó en 2019 y que ha estado paralizado en los últimos tres años, cuando decidió suspender los plazos para la aprobación provisional de una modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La sentencia del TSJ consideró que era innecesaria la aportación extra de documentación por parte de la empresa y reprochó que el Ayuntamiento no cumpliera con el plazo para aprobar inicialmente la modificación urbanística, lo que obligó a la entidad a someter el trámite a información pública por iniciativa privada. El Ayuntamiento de Soria está pendiente de algunos informes, que espera resolver este verano, según ha confirmado el consistorio. Varias organizaciones —ASDEN-Ecologistas en Acción, Amigos del Museo Numantino, Hacendera y Soria por el Futuro— se han mostrado en contra del proyecto desde el principio, porque cuestionan el impacto ambiental de la iniciativa, que prevé la construcción de entre 30 y 40 edificios de entre cuatro y seis plantas.

Además, las asociaciones defienden que el informe de impacto ambiental es de 2020, por lo que caducó en agosto de 2024. El Ayuntamiento ha argumentado en varias ocasiones que, si decidían proteger el cerro e impedir la construcción de las viviendas, podrían tener que indemnizar a la promotora con hasta 44 millones de euros, un postulado que rechazan frontalmente las asociaciones conservacionistas. “La jurisprudencia del Tribunal Supremo y la Ley del Suelo establecen claramente que las indemnizaciones solo proceden cuando el promotor ha consolidado sus derechos urbanísticos, cuando empiezan las obras. Pero aquí no se ha iniciado nada, las pretensiones de la empresa con ”meras expectativas no indemnizables“, defiende Ricardo Mínguez, que propone que el Ayuntamiento facilite la compra de otros terrenos con Los Royales Oeste.

Las asociaciones recurren la sentencia

Las asociaciones ASDEN-Ecologistas en Acción y Amigos del Museo Numantino ya han presentado ante el Tribunal Supremo un recurso de casación, porque consideran que hacen falta documentos y el Ayuntamiento debe responder a 373 alegaciones que se presentaron hace años al proyecto, un trámite que es obligatorio.

“Estamos en contra porque afecta a paisajes machadianos, a los que compusieron Bécquer y otros poetas y escritores. La margen izquierda —donde están los Arcos de San Juan o la ermita de San Saturio— está considerada Bien de Interés Cultural, y queremos que también lo sea la margen derecha, pero la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León no nos contesta”, explica Luis Giménez, arquitecto de la asociación ecologista ASDEN.

“Dicen que no afecta al paisaje, pero no es cierto. Si levantas unos edificios de seis pisos, de veinte metros, se vería una barrera de edificios”, apunta Ricardo Mínguez, ingeniero de caminos de Soria que ha asesorado en el proceso de alegaciones de las asociaciones en contra del proyecto.

Mínguez se ha mostrado en contra de esta modificación en múltiples ocasiones y ha elaborado un informe pericial de parte para el Juzgado. El TSJ cree que su “objetividad e imparcialidad” están en entredicho por su “postura claramente batalladora” en contra de esta modificación, “puesta de manifiesto por su condición de concejal y la publicación de varios artículos en contra”. Sin embargo, Mínguez defiende que él no ha sido concejal, sino que se presentó en una candidatura como independiente en 2023. En concreto, se presentó por las listas de Podemos-Alianza Verde —que no sacó ni un solo concejal— en el puesto número 15 y como independiente, según el Boletín Oficial de la provincia.

El proyecto está de nuevo en stand by, a la espera de que el Consistorio —ahora inmerso en una crisis política por la detención de una de sus concejalas, que ha dimitido— acate el fallo del Tribunal Superior de Justicia y continúe con el procedimiento, lo autorice o lo rechace.