El PP hablará con los partidos para ver si las Cortes de Castilla y León vuelven a celebrar el Orgullo tras 4 años de veto de Vox
Castilla y León tiene una asignatura pendiente con las personas LGTBi. Es de las pocas autonomías que no han desarrollado una ley propia para proteger a este colectivo y es en esta Comunidad donde se han iniciado los procesos judiciales para que se reconozca que las banderas arcoíris puedan ondear en los edificios públicos, como sentenció el Tribunal Supremo en diciembre de 2024 a raíz de las denuncias contra la Diputación de Valladolid o el Ayuntamiento de la ciudad del Pisuerga. En el fallo se daba entender estas enseñas que no son un símbolo partidista o que propugne “algún tipo de enfrentamiento”.
Cuando llegó Vox a la Presidencia de las Cortes de Castilla y León en 2022, apartó del ámbito oficial la celebración del Orgullo LGTBI. Con Carlos Pollán al frente, se suprimió la colocación de la enseña así como la proyección e iluminación del edificio del parlamento autonómico, que en esas fechas, con otros partidos al frente sí hizo.
Este jueves, según ha podido saber elDiario.es, el nuevo presidente de las Cortes de Castilla y León, el 'popular' Francisco Vázquez, abordará con el resto grupos si la institución recupera la celebración protocolaria del Día del Orgullo, con la bandera y la iluminación como hasta antes de la llegada de Vox al parlamento.
Una polémica que empezó en 2022 con Vox
Cuando Vox alcanzó la Presidencia de las Cortes de Castilla y León en 2022, apartó del ámbito oficial la celebración del Orgullo LGTBI. Con Carlos Pollán al frente, se suprimió la colocación de la enseña así como la proyección e iluminación del edificio del parlamento autonómico, que en esas fechas, con otros partidos al frente sí hizo.
Pollán, ahora vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales se negó a mostrar apoyo a la defensa de cualquier colectivo desde la institución para evitar la bandera arcoíris. Para el entonces presidente de las Cortes “las banderas oficiales de las Cortes son las de España y la de Castilla y León. No hay otras”. La negativa de Vox chocó con el Grupo Parlamentario Socialista, quien lleva colocando en las ventanas de sus despachos la enseña LGTBI. Algo que han vuelto a hacer este mismo miércoles. Esta misma acción se ha realizado desde otras instituciones, como los despachos del PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid, debido también a la negativa del alcalde, Jesús Julio Carnero, del PP con apoyo de Vox, a colgar banderas que no sean “oficiales”.
En los cuatros años en los que Vox ostentó la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, que accedió gracias al primer acuerdo con el PP del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no ha habido un año sin polémica sobre la colocación o no de la bandera.
En 2023 Pollán reclamó la retirada de la bandera LGTBI y llegó a amenazar con ordenar a los servicios de seguridad de la Cámara que la retirasen, además de emprender acciones legales. Abogados Cristianos también quiso intervenir en contra de esta actuación. El presidente de las Cortes intentó proclamarse vencedor del enfrentamiento dando como una victoria la retirada de la bandera. El PSOE le desmintió y le replicó que fue algo acordado previamente, ya que solo la mantendrían colgada entre el 27 y el 29 de junio. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León rechazó quitar la bandera LGTBI del parlamento autonómico como pedía Abogados Cristianos.
En 2025 el presidente de las Cortes mandó una misiva adelantando que se iba a abordar “la regulación” de los espacios comunes del parlamento autonómico “ante la falta reiterada de madurez y para evitar usos partidistas” que realizaba el PSOE en torno a colgar la bandera. Aun así, nada se hizo y los socialistas colgaron en sus dependencias la enseña.
Pollán calificó de “exhibicionismo infantiloide” la iniciativa Grupo Socialista. “Los derechos, las libertades y la seguridad de los homosexuales (y, en general, de los españoles) no se defienden con exhibicionismos infantiloides ni haciendo un uso partidista y, por tanto, inadecuado de los espacios comunes de las instituciones. Los derechos, las libertades y la seguridad de todos se defienden enfrentando —y no fomentando masivamente— formas de barbarie llegadas de fuera que son incompatibles con nuestro modo de vida”, apuntó.
Sin leyes LGTBi y sin mayoría parlamentaria para sacarlas adelante
La Ley de protección del colectivo LGTBI+ en Castilla y León lleva sobre la mesa desde hace más de una década. El último intento parlamentario para sacar adelante una Ley LGTBI la encabezó el PSOE, de la mano de varios colectivos que intervinieron en su redacción, que presentó en junio de 2025 una Proposición de Ley. La abstención del PP permitió que se tomase en consideración aunque no llegó a desarrollarse al no calificarse ni debatirse las correspondientes enmienda teniendo que volver a ser presentada en esta nueva legislatura.
Las plataformas han criticado las sucesivas “maniobras dilatorias” del PP para no avanzar en la tramitación de la norma, a raíz de la abstención del PP y el espejismo de su desbloqueo. Solo 2025, según datos del Ministerio del Interior, en la Comunidad se registraron un total de 20 delitos por orientación sexual e identidad de género y se esclarecieron 12 por los mismos motivos.
La particularidad de esa ley autonómica, según explicó el ponente de la misma, el procurador el socialista Miguel Hernández Alcojor, es una “especial atención al medio rural, donde se detectan situaciones de doble discriminación” y el desarrollo del concepto de “sexilio”, que es lo que e sucede a aquellas personas que tienen que abandonar su lugar de origen obligados en contra de su propia voluntad por el mero hecho de pertenecer al colectivo LGTBI“.
La ley también recogía a otras minorías, como las personas sin hogar, o quienes pertenecen a algún tipo de etnia o religión. Asimismo, también se centraba en personas mayores.
Con esta ya son tres legislaturas en las que no se remata esta norma: último gobierno del PP con mayoría absoluta, con Juan Vicente Herrera al frente y Silvia Clemente como presidenta del parlamento autonómico, y las fallidas coaliciones PP-Ciudadanos y PP-Vox.
Desde el poder Ejecutivo, ni rastro de iniciativa para crear una ley autonómica. En el pacto de gobierno de PP y Vox para esta legislatura no hay ninguna mención sobre el colectivo LGTBI ni nada sobre su situación. En 2025 preguntada por la posibilidad de poner en marcha una ley para proteger al colectivo LGTBI la entonces vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, remitió a la existencia de una normativa nacional que ya garantiza “totalmente” los derechos del colectivo en Castilla y León. “No estábamos redactando una normativa al respecto antes de la ruptura del pacto de Gobierno porque la ley actual garantiza los derechos”, apostilló.