PP y Vox amplían la estructura del gobierno de Castilla y León y suman 700.000 euros más al año en altos cargos
El segundo gobierno de coalición de PP y Vox en Castilla y León vuelve a incrementar su número de altos cargos, que harán que por primera vez éstos sean más de un centenar. Este lunes un Consejo de Gobierno extraordinario, no comunicado previamente, ha aprobado la nueva estructura del gobierno autonómico, que superará la del primer gobierno con la extrema derecha (2022-2024) y el posterior del PP en solitario (2024-2026).
La Junta defiende que el nuevo organigrama responde a la necesidad de “dar un impulso decidido a la Comunidad” y adaptarse a “los nuevos retos tecnológicos, sociales y demográficos”. El resultado es una Administración autonómica con más altos cargos que la diseñada hace cuatro años tras el primer acuerdo de coalición entre PP y Vox, cuando entonces prometieron recortar el “gasto político” y en esta legislatura reducir las “trabas” burocráticas y reducir la administración.
El nuevo gobierno contará con al menos 105 personas como altos cargos: presidente, vicepresidenta, diez consejeros y consejeras (incluyendo vicepresidente); once viceconsejerías; diez secretarías generales; 63 direcciones generales o cargos asimilados y nueve delegados territoriales. En el último gobierno del PP este número de altos cargos era de 96, aunque solo se ocupaban 93, y en aquel primero de PP y Vox sumaron hasta 99, pese a que llegaron prometiendo que iban a rebajar los costes políticos.
Esto supone que el menos habrá nueve personas más como miembros del Gobierno respecto al último gobierno del PP de Mañueco en solitario. El récord de miembros del gobierno llegó a los 100 en el año 2023, cuando se creó el puesto de Delegado para el Corredor Atlántico que recayó en el exCiudadanos Luis Fuentes, que no se ha caracterizado por una intensa actividad, en un puesto que seguiré existiendo en el nuevo gobierno de coalición.
Las direcciones generales y cargos equivalentes pasan de 57 a 63, es decir, seis más que en el final la anterior legislatura, mientras que los viceconsejeros pasan de 10 a 11, manteniendo el número de secretarios generales, uno por consejería, y de delegados territoriales, uno por provincia.
La ampliación del Ejecutivo autonómico se traduce también en un aumento del coste, que se elevará en cerca de 700.000 euros más al año respecto al último gobierno de Mañueco, teniendo en cuenta el coste medio de los directores generales y viceconsejeros en el año 2026, disponible en el portal de transparencia de la Junta de Castilla y León.
En el inicio del año 2026 los 45 directores generales que tenía la Junta de Castilla y León en activo con el gobierno del PP de Mañueco en solitario tenían un sueldo medio bruto de 79.392,54 euros. En el caso de los viceconsejeros ascendía el sueldo medio bruto anual a 89.846,76 euros.
Las cifras son aproximadas ya que el sueldo de cada alto cargo depende también de si ejercía antes de funcionario y su categoría y carrera profesional, lo que conlleva que los salarios de los directores generales oscilaran este año 2026 entre los 95.512,66 y los 70.299,18 euros. Lo mismo pasa con las viceconsejerías, cuyos pagos del último gobierno del PP variaban entre los 108.355,58 y los 82.792,94 euros.
Una estructura en aumento
Si se comparan los cargos de este segundo gobierno de coalición con aquel primero del año 2022 con Juan García-Gallardo como vicepresidente la brecha es todavía mayor. El aumento de cargos se concentra especialmente en las direcciones generales, con nuevas áreas específicas como Administración Digital e Inteligencia Artificial, Desregulación, Prevención y Extinción de Incendios Forestales o Bienestar Educativo.
En 2022, Juan García-Gallardo, de Vox, llegó a una vicepresidencia sin cartera ejecutiva y con funciones limitadas, como la representación en el Comité Europeo de las Regiones. Junto al titular del Gabinete del Vicepresidente había a Dirección de Coordinación e Interacción Social —estos dos como figura de Secretario General— y una Dirección General de Relaciones con la Sociedad Civil.
Para esta legislatura, las dos vicepresidencias, ahora sí con competencias de gobierno aunque una sigue sin consejería, suman más una decena órganos directivos. La vicepresidencia primera de Pollán incorpora una Dirección de Coordinación Institucional y una Dirección de Estudios, además de Direcciones Generales de Desregulación, Familia, Juventud, Adicciones y Ayudas Sociales. En el caso de Isabel Blanco, que asume áreas de otras consejerías, tiene la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, el Comisionado para la Despoblación y Ordenación del Territorio, la Agencia de Protección Civil y Emergencias, y la Dirección General de la Mujer e Igualdad de Oportunidades.
La 'macroconsejería' de Sanidad y Bienestar Social, en la que repite de consejero Alejandro Vázquez concentra buena parte de ese aumento de órganos directivos. La integración de las competencias sanitarias con las relacionadas con mayores, discapacidad y dependencia obliga a rediseñar el departamento y explica buena parte del aumento del organigrama.
La consejería de Sanidad pasa a contar con dos viceconsejerías —Sanidad y Bienestar Social— y mantiene las direcciones generales de Salud Pública y de Planificación, Investigación e Innovación. A ellas se suman cuatro nuevas direcciones generales dentro de la Gerencia Regional de Salud después de dividir la antigua Dirección General de Asistencia Sanitaria y Humanización en dos órganos diferentes —Asistencia Sanitaria y Cuidados, por un lado, y Humanización, por otro— y crear otras dos áreas dedicadas a Salud Digital e Infraestructuras Sanitarias y a Calidad, Evaluación e Inspección Sanitaria.
Además, la Gerencia de Servicios Sociales separa en dos la antigua dirección que agrupaba las competencias de mayores, discapacidad y dependencia. Se crean la Dirección General de Personas Mayores y Personas con Discapacidad y la de Atención a la Dependencia.
La Junta, en un comunicado, explica que esta reorganización permitirá responder mejor al envejecimiento de la población, al aumento de las situaciones de dependencia y a la necesidad de coordinar los sistemas sanitario y social.
Nuevos cargos para Vox
Otra de las novedades de la legislatura es la creación de la consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, adscrita a la Vicepresidencia Primera que dirige Carlos Pollán, de Vox. Este área incorpora cargos como como la Dirección General de Desregulación, la Dirección General de Juventud, la Dirección de Coordinación Institucional y la Dirección de Estudios. A ellas se suman reformuladas la Dirección General de Familia; la de Ayudas Sociales y el Comisionado para las Adicciones. Las áreas de Mayores y Discapacidad se transfieren a Sanidad; y Mujer a Presidencia.
Agricultura, de Vox en 2022 y ahora en 2026, amplía sus competencias al incorporar áreas relacionadas con la política ambiental, la caza, la pesca y el medio rural. Si en 2022 había cuatro direcciones generales: la Industria y la Cadena Agroalimentarias, de Producción Agrícola y Ganadera, de Política Agraria Comunitaria (PAC), y de Desarrollo Rural, ahora serán seis sumando la Dirección General de Caza, Pesca y del Medio Rural y de la Dirección General de Política Ambiental
Por su parte, Cultura mantiene de forma idéntica sus cuatro direcciones generales al igual que en 2022, cuando también pertenecía a Vox: Patrimonio Cultural, de Políticas Culturales, de Turismo y de Deportes.
Más áreas para el PP
La digitalización es otro de los ámbitos que gana peso en la nueva estructura. La consejería de Movilidad, que lidera Cristina Sanchidrián, incorpora una Dirección General de Administración Digital e Inteligencia Artificial, encargada de coordinar la estrategia autonómica en esta materia, la gobernanza del dato y la política de seguridad de la información. También se mantiene la figura del Delegado para el Corredor Atlántico y redes complementarias.
En Medio Ambiente, el Ejecutivo separa por primera vez la Prevención y Extinción de Incendios Forestales en una dirección general específica e incorpora además las competencias de Energía y Minas, hasta ahora dependientes de Economía y Hacienda. Educación también modifica su estructura con la creación de una Dirección General de Bienestar Educativo. Pero se mantiene una Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal donde antes estaba la extinción de incendios y que se queda sin sellas.
La consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, que en 2022 estaba en manos de Vox como Industria, Comercio y Empleo incorpora la Dirección de Universidades e Investigación que procede de Educación.
Presidencia y Economía y Hacienda reducen sus altos cargos
La consejería de la Presidencia constituye la principal excepción. Aunque pasa a integrar centros directivos dependientes tanto de la Presidencia de Alfonso Fernández Mañueco como de la nueva Vicepresidencia Segunda de Isabel Blanco—entre ellos Vivienda, Protección Civil, Mujer o el Comisionado para la Despoblación—, reduce parte de su estructura propia mediante la fusión de varios órganos.
Desaparecen como departamentos independientes Acción Exterior y Relaciones Institucionales, que pasan a integrarse en una única dirección general, y también se unifican Transparencia y Atención al Ciudadano. Según la Junta, estas decisiones buscan mejorar la coordinación y ganar eficiencia administrativa, aunque Vox ya ha avisado, como recoge el pacto de Gobierno, que será competencia suya revisar la Acción Exterior y las subvenciones que se dan a ONGs.
Otra consejería que pierde una dirección general es Economía y Hacienda. El área de Carlos Fernández Carriedo se desprende de Energía y Minas, que se va a Medio Ambiente, y pasa ahora a tener cinco: Tributos y Financiación Autonómica; de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística; Intervención General de la Administración de la Comunidad; del Tesoro y de Política Financiera; Política Económica y Competitividad.