El PSOE alerta de que el pacto de PP y Vox llevará a Castilla y León la “deriva ideológica” en vivienda
La secretaria de Vivienda del PSOE de Castilla y León, Ana Casado, ha reclamado este lunes al PP y a Vox una política de vivienda “útil” y con planificación y ha acusado a ambas formaciones de introducir criterios ideológicos, algo que, a su juicio, debería de alejarse del debate público y limitarse a garantizar el acceso a este derecho a la ciudadanía.
Con el ejemplo del Ayuntamiento de Valladolid, con PP y Vox gobernando desde 2023, Casado ha dudado de los criterios establecidos para acceder al parque municipal de viviendas en alquiler, que entre otros, pide la exigencia de contar con un empadronamiento de al menos tres años en la ciudad.
Según ha señalado, este requisito puede dejar fuera a vallisoletanos que tuvieron que marcharse de la ciudad por motivos laborales o residenciales y que ahora pretenden regresar. Casado se ha referido a ellos irónicamente como “superespañoles” y ha cuestionado que no puedan optar a una vivienda pública por no alcanzar el periodo de empadronamiento exigido.
La responsable socialista también ha cuestionado la antigüedad del empadronamiento como criterio de valoración para colectivos considerados especialmente vulnerables. “Cuanto más años llevamos empadronados en Valladolid, más vulnerables somos”, ha ironizado Casado, que ha cuestionado qué relación existe entre llevar más tiempo empadronado en una ciudad y tener una mayor necesidad de vivienda.
Críticas por el término ‘violencia doméstica’
Otro de los aspectos que el PSOE considera especialmente preocupantes es que entre los criterios de acceso figure la condición de víctima de violencia doméstica. Casado ha remarcado que este concepto no es equivalente, desde el punto de vista jurídico, al de víctima de violencia de género.
“No son categorías jurídicas intercambiables, no significan lo mismo y no tienen los mismos efectos legales”, ha señalado la secretaria de Vivienda del PSOE de Castilla y León. A su juicio, el cambio terminológico puede generar inseguridad jurídica y dificultar la identificación de los derechos reconocidos a las víctimas por la legislación estatal y autonómica.
Casado ha vinculado estas decisiones con los planteamientos de Vox asumidos, según su interpretación, por el Partido Popular. En este sentido, se ha preguntado si la Junta de Castilla y León podría adoptar criterios similares tras el acuerdo de gobierno alcanzado entre ambas formaciones.
“¿Tenemos que esperar ahora situaciones singulares en la Junta de Castilla y León?”, ha planteado.
El PSOE reclama un parque público de vivienda
Más allá de las críticas al modelo de Valladolid, Casado ha apuntado que Castilla y León carece un parque público de alquiler suficiente, sufre de la falta de planificación y de la escasez de recursos propios para garantizar el acceso a la vivienda.
La responsable del PSOE ha cuestionado además que el Ejecutivo autonómico haya basado buena parte de su actuación en la gestión de ayudas procedentes del Estado y de los fondos europeos. A su juicio, las subvenciones pueden contribuir a paliar el problema, pero no sustituyen la creación de un parque público estable.
“Un parque público de vivienda no se improvisa cuando aparece una crisis como la actual, se construye durante años”, ha defendido Casado.
Casado ha reclamado a la Junta que concrete qué política mantendrá cuando desaparezca la financiación extraordinaria vinculada a los fondos europeos. Entre otras cuestiones, ha planteado cuántas viviendas públicas se construirán cada año, con qué recursos propios, en qué municipios y qué objetivo de parque público se marca la Comunidad para los próximos cinco años.
Críticas a la falta de planificación
La procuradora en las Cortes de Castilla y León ha acusado a la Junta de no haber desarrollado una planificación estratégica suficiente en materia de vivienda. Según ha defendido, la normativa autonómica contempla la necesidad de contar con un instrumento de planificación que establezca previsiones, objetivos, actuaciones y presupuesto.
La secretaria de Vivienda del PSOE ha reclamado por ello la presentación pública de un plan con presupuesto propio y medidas de protección permanente para el alquiler asequible.
En cuanto a la construcción de vivienda pública, ha recordado que las 1.102 viviendas colaborativas y de protección pública, desarrolladas en distintos municipios de Castilla y León a través de Somacyl, han sido desarrolladas en buena parte gracias s los fondos europeos Next Generation.
Para el PSOE, el problema no se limita a la situación actual del mercado, sino a la capacidad de la Comunidad para mantener y ampliar su oferta pública cuando finalice esa financiación extraordinaria.
Casado ha asegurado que el PSOE ha presentado más de 20 iniciativas parlamentarias en materia de vivienda durante la actual legislatura y ha reclamado que sean debatidas en las Cortes para buscar soluciones mediante el consenso.
“Nosotros vamos a seguir trabajando, proponiendo y exigiendo a la Junta que esté a la altura de la ciudadanía”, ha afirmado.
La dirigente socialista ha pedido finalmente a PP y Vox que centren sus esfuerzos en desarrollar políticas de vivienda que permitan afrontar uno de los principales problemas para los ciudadanos de Castilla y León, especialmente para los jóvenes.