Vecinos de Castellanos de Villiquera han convocado una concentración el próximo 24 de enero de 2026, a las 12.00 horas frente a la casa consistorial del municipio para mostrar su rechazo al proyecto de implantación de una planta de biometano en la localidad. Según han explicado los convocantes, la ciudadanía tuvo conocimiento de la iniciativa de forma indirecta, a través de asociaciones de otros municipios del entorno y de una reunión informativa celebrada el pasado 16 de enero en Calzada de Valdunciel, en la que se abordó la implantación de este tipo de infraestructuras en la comarca. Los vecinos han señalado que, hasta el momento, el Ayuntamiento no ha ofrecido información pública alguna sobre el proyecto.
Ante esta situación, los ciudadanos han presentado alegaciones a la solicitud de autorización ambiental, que todavía se puede presentar hasta el 20 de enero, y al estudio de impacto ambiental del proyecto ante la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León. Según los datos facilitados por los promotores de la movilización, a fecha 18 de enero se habían registrado más de 300 alegaciones, una cifra significativa ya que la localidad cuenta con 727 habitantes censados. El Ayuntamiento de Calzada de Valdunciel ha tenido que habilitar de manera extraordinaria su registro municipal para facilitar la presentación de estos escritos, según han explicado los vecinos en un comunicado
Paralelamente, los vecinos han anunciado la creación de una plataforma ciudadana bajo el nombre “Stop Biogás Castellanos de Villiquera”, cuyo objetivo es obtener información sobre el proyecto, “defender los intereses de los municipios afectados, exigir información clara y promover un debate público real antes de que se adopten decisiones que puedan tener un impacto irreversible”.
Asimismo, ha advertido sobre el incremento del tráfico pesado vinculado al funcionamiento de la planta, tanto para el transporte de materias primas como de subproductos. Este aumento de circulación de camiones podría provocar un mayor deterioro de las infraestructuras viarias, un incremento del ruido y mayores riesgos para la seguridad vial en una zona de carácter rural.
Otro de los aspectos señalados es el posible riesgo de contaminación del suelo y de los acuíferos, un recurso que consideran especialmente sensible en el entorno. También mencionan posibles efectos sobre la salud y el bienestar de la población, asociados a emisiones, olores y a la gestión de los residuos generados durante el proceso de producción de biometano.
La oposición vecinal incluye igualmente la preocupación por la degradación del entorno rural y la pérdida de valor paisajístico, lo que, según indican, podría afectar a la imagen del municipio y a su potencial agrícola, residencial y turístico. En este sentido, destacan la afección al trazado del Camino de Santiago, que discurre por la localidad, y cuestionan el retorno económico real del proyecto para la población local, al considerar que los principales beneficios podrían recaer en empresas privadas externas.
Exigencias al Ayuntamiento y a la Junta
En su comunicado se han dirigido al Ayuntamiento de Castellanos de Villiquera, al que han reclamado información pública “inmediata, completa y accesible” sobre el proyecto. Asimismo, han solicitado conocer, entre otros aspectos, la identidad del promotor, la ubicación exacta de la planta, los itinerarios previstos para el tráfico pesado, la fase administrativa en la que se encuentra la iniciativa y los informes técnicos y ambientales existentes, así como las decisiones adoptadas en el ámbito municipal.
También han pedido explicaciones sobre la falta de información previa a la ciudadanía, las gestiones realizadas hasta el momento y los contactos mantenidos con la empresa promotora. Además, han reclamado la paralización de cualquier actuación o trámite municipal relacionado con el proyecto hasta que se garantice un proceso de participación ciudadana con reuniones informativas públicas y espacios de debate abiertos.
En relación con la Junta de Castilla y León, como administración competente en materia ambiental, territorial y energética, la plataforma vecinal ha exigido “transparencia total” sobre la tramitación del proyecto, incluyendo el estado administrativo real, la empresa promotora, los informes técnicos disponibles y las autorizaciones solicitadas o concedidas. Asimismo, solicitan que se garantice una evaluación de impacto ambiental rigurosa, independiente y exhaustiva, que contemple tanto los efectos ambientales como las repercusiones sociales y territoriales.
Por último, los vecinos instan a la administración autonómica a aplicar el principio de precaución ante la falta de información clara y el potencial impacto ambiental y social del proyecto, así como a evaluar la capacidad real del territorio para acoger este tipo de instalaciones, especialmente en municipios rurales de pequeño tamaño,