Dos años y medio de cárcel para el criador de Burgos que dejó morir de hambre a 21 perros y más de 100 sufrieron maltrato
El Tribunal de Instancia de Burgos ha condenado a dos años y medio de prisión al responsable de un criadero de perros de Melgar de Fernamental en el que 21 animales murieron por inanición y cerca de un centenar sufrió maltrato continuado. La sentencia ha considerado que, entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, los perros permanecieron sin alimento ni agua suficientes, sin atención veterinaria y en instalaciones insalubres, hasta el punto de que algunos llegaron a comerse a otros animales para sobrevivir.
La magistrada ha impuesto también al acusado un año y medio de prisión por un delito continuado de maltrato animal con resultado de muerte y otro año por maltrato animal sin resultado de muerte. A estas penas se suman siete años de inhabilitación para ejercer actividades profesionales o comerciales relacionadas con animales y para su tenencia.
La resolución, fechada el 23 de octubre, también ha condenado al responsable por un delito continuado de alzamiento de bienes. El juzgado ha considerado probado que donó a su madre las fincas de su propiedad y vendió su furgoneta cuando ya conocía las responsabilidades económicas que podían derivarse del procedimiento penal. Según la sentencia, lo hizo para colocarse en una situación de insolvencia y dificultar que sus acreedores pudieran cobrar.
Por este delito se le impone una multa de doce meses, con una cuota diaria de seis euros, lo que suma 2.190 euros. En cambio, queda absuelto del delito de estafa, al haberse retirado las acusaciones por ese cargo.
Perros desnutridos, heridos y sin agua
En noviembre de 2019, las inspecciones realizadas por la Guardia Civil y los veterinarios de la Junta de Castilla y León en el criadero y en otros inmuebles donde fueron trasladados los animales encontraron un ‘criadero de los horrores’. En esa primera visita del 19 de noviembre de 2019, los agentes encontraron más de un centenar de perros en condiciones deplorables, sin agua disponible, con comida escasa y mezclada con excrementos y sin instalaciones adecuadas para protegerlos del frío o atender a los enfermos.
Cinco perros fueron llevados de inmediato por el riesgo extremo en el que se encontraban. Algunos sufrían desnutrición y deshidratación graves, heridas compatibles con mordeduras, infecciones y lesiones que terminaron provocándoles secuelas permanentes.
Las inspecciones posteriores no detectaron mejoras. Tras unas inundaciones en diciembre de 2019, parte de los animales fueron trasladados a una finca de la madre del acusado, aunque el lugar tampoco reunía las condiciones necesarias. En enero de 2020, los veterinarios se llevaron otros ocho perros por su estado físico.
La situación empeoró durante las semanas siguientes. En una nueva intervención, el 26 de febrero, los técnicos localizaron 14 perros vivos y doce cadáveres en el criadero. Los análisis determinaron que los animales muertos llevaban entre seis y veinte días fallecidos y que la causa había sido la inanición extrema.
Dos días después, los registros realizados en varias propiedades de Melgar de Fernamental permitieron localizar decenas de perros vivos y nuevos cadáveres. En una vivienda encontraron un cachorro muerto dentro del congelador de la cocina. En otra finca había perros vivos junto a otros muertos, sin comida ni agua. Los análisis detectaron restos de plástico y alambre en el aparato digestivo de algunos animales.
La sentencia ha recogido que los perros rescatados presentaban deshidratación, extrema delgadez y enfermedades sin tratar. Los veterinarios que los atendieron coincidieron en que muchos habrían muerto sin asistencia médica y que otros padecieron secuelas físicas y de comportamiento.
La jueza descarta que fuera un problema de falta de medios
La magistrada ha determinado que las pruebas practicadas durante el juicio han acreditado que el responsable mantuvo a los animales en una situación de abandono prolongada, que fue empeorando pese a las inspecciones y los requerimientos de las autoridades. La resolución ha señalado que el acusado rechazó propuestas para ceder los perros a una asociación que se había ofrecido a hacerse cargo de ellos y que también se negó a aceptar alimentos que los voluntarios llevaban al criadero.
El fallo judicial ha manifestado que no se trató únicamente de una incapacidad para atender a tantos animales, sino de una conducta de desatención que se prolongó en el tiempo y que provocó la muerte de 21 perros y lesiones en otros 96.
La defensa ha indicado que el acusado había dejado de ser el titular de los animales y cuestionó la legalidad de su extradición desde Venezuela, al considerar que los delitos por los que se le juzgaba no tenían equivalencia en la legislación de ese país. La magistrada ha rechazado esos argumentos y ha apuntado que las pruebas acreditaron que seguía siendo quien se encargaba realmente del criadero y de los perros. También se ha descartado que se vulnerara su derecho a la asistencia letrada durante el procedimiento de extradición.
Más de 197.000 euros para los gastos veterinarios
La sentencia ha fijado que el condenado deberá indemnizar, junto con otras dos personas condenadas previamente en la misma causa, a la Junta de Castilla y León con 185.617,72 euros y a la Asociación Justicia y Defensa Animal de Burgos con 12.018,81 euros. Las cantidades corresponden a los gastos de recogida, atención y tratamientos veterinarios de los animales rescatados.
El caso tiene su origen en unas actuaciones que comenzaron en 2019 y que dieron lugar a una primera condena por maltrato animal. El responsable abandonó España en febrero de 2020 y fue detenido en Venezuela en octubre de 2024, con vistas a su extradición. Finalmente, fue trasladado a España en febrero de 2026 para responder ante la Justicia por los hechos enjuiciados en esta causa.