Los CDR procesados por terrorismo piden a la Audencia Nacional que les aplique la amnistía tras el aval del TJUE
Las defensas de los integrantes de los CDR con causas abiertas por terrorismo han instado a la Audiencia Nacional a aplicarles de forma inmediata la ley de amnistía, después de que el TJUE avalara la norma la semana pasada. Los abogados del colectivo Alerta Solidària han presentado este lunes cinco escritos distintos con el objetivo de desencallar la amnistía para los activistas, a quienes la Fiscalía pedía entre ocho y 27 años de cárcel.
El caso se remonta a septiembre de 2019, cuando doce personas fueron detenidas en el marco de la Operación Judas acusadas de integrar una supuesta organización terrorista paralela dentro de los CDR con el objetivo de cometer atentados con explosivos coincidiendo con el aniversario del 1-O y la sentencia del procés.
Xavi Monge, su abogado, ha reclamado la suspensión del procedimiento y que se aplique “sin más dilaciones” la norma. Desde Alerta Solidària han advertido de que cualquier retraso “solo responderá a la voluntad de escarnio contra los 12 independentistas”.
En julio del 2024 la sala de la Audiencia Nacional ya plasmó en sus escritos previos que los actos investigados no describían ningún resultado lesivo contra la vida o la integridad física de las personas, ni la existencia de víctimas o daños materiales. Pese a ello, la Audiencia Nacional planteó una cuestión prejudicial ante el TJUE para determinar si la amnistía era compatible con la acusación de terrorismo.
Más de un año después, el tribunal europeo ha resuelto que la norma es acorde con el derecho europeo y que los delitos por los que se acusa deben ser amnistiados, siempre que los actos cometidos no hayan causado de “forma intencionada graves violaciones de derechos humanos”. Las defensas sostienen que, al no darse ninguno de estos hechos, desaparece la causa que motivó la no aplicación de la ley.
Además, las defensas han hecho referencia al párrafo 119 de la sentencia del TJUE, que establece que “los tribunales nacionales deben dictar la extinción de la responsabilidad penal sin entrar a valorar alegaciones ni pruebas exculpatorias cuando los hechos quedan comprendidos en el ámbito de la amnistía, y en un plazo máximo de dos meses”. Con este argumento, piden a la Audiencia Nacional que declare extinguida la responsabilidad penal de los doce activistas y archive de manera definitiva las causas que pesan sobre ellos.