Las entidades sociales catalanas reclaman al Govern que los pisos de la SAREB se destinen a vivienda social
La federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) ha presentado este jueves una serie de propuestas “para combatir las desigualdades y garantizar derechos”. Este posicionamiento de las entidades sociales, bajo el título Por una Catalunya diversa, cohesionada y antirracista, es fruto de un año de debate interno y ha llegado a la conclusión de que la crisis habitacional es uno de los principales escollos para garantizar el fin de las desigualdades.
Así, ECAS reclama alianzas institucionales y territoriales para que las viviendas de la SAREB se destinen a vivienda social e inclusivo. También pide que se impulse el mapeo y la búsqueda de pisos vacíos. Además, la federación reclama una mirada antirracista a las políticas de vivienda para combatir la “permeabilización” de los discursos de odio y de la extrema derecha.
Las entidades apuestan por avanzar en la identificación de viviendas vacías que puedan ser movilizadas hacia usos sociales o inclusivos. Para ello considera “necesario” definir una metodología común, con datos, criterios y conceptos homogéneos sobre qué se entiende por piso vacío, y activar agentes del territorio como el vecindario, el comercio de proximidad, las entidades sociales y las plataformas de vivienda.
Este mapeo debería contar con canales colaborativos que permitan sistematizar la información y convertirla en una “herramienta útil” para la incidencia y la acción territorial, tal y como defiende la federación.
Además, han subrayado que la cohesión social “no se va a defender con más discursos sobre la convivencia”, sino “garantizando derechos”. Por eso, proponen incorporar una “mirada antirracista a las políticas de vivienda, de trabajo y de acción comunitaria, porque la mejor forma de combatir los discursos de odio es reducir las desigualdades que los alimentan”, ha argumentado la federación, durante la presentación de sus propuestas.
Asimismo, ECAS -que agrupa a 137 entidades sociales- ha reclamado que las viviendas en manos de la SAREB se pongan al servicio de políticas de vivienda social e inclusivo. Esto, según la federación, implica presionar para que las administraciones públicas formalicen cesiones, convenios u otros mecanismos de movilización de estas viviendas, con el objetivo de ampliar el parque disponible y dar respuesta a situaciones de exclusión residencial.
Las entidades también piden “fórmulas alternativas” que faciliten el acceso a la vivienda a personas que finalizan procesos de acompañamiento o estancias en recursos gestionados por entidades sociales. Entre estas opciones, proponen fomentar el alquiler entre particulares con garantías y mediación comunitaria, así como impulsar modelos de cooperativas de vivienda dispersa. Estas alternativas pueden contribuir a generar salidas más estables, comunitarias y adaptadas a las trayectorias de las personas, aseguran.
También apuestan por garantizar que las políticas y recursos de vivienda no dejen fuera a las personas en situación de sinhogarismo o de exclusión residencial “más severa”. Las respuestas habitacionales deben evitar generar “nuevos filtros de exclusión” dentro del mismo sistema, especialmente para personas con mayores dificultades de acceso a los circuitos ordinarios. Esto requiere diseñar mecanismos específicos, flexibles y adaptados a situaciones de mayor vulnerabilidad, que permitan avanzar hacia soluciones residenciales dignas y estables, según defienden.
Antirracismo y movilidad laboral
Por otra parte, ECAS también ha detallado algunas ideas de acciones para mejorar la acción comunitaria con perspectiva antirracista. Tales como promover el trabajo comunitario y la convivencia para generar experiencias “reales” que rompan prejuicios, o reforzar la educación crítica y la sensibilización para normalizar la diversidad religiosa y cultural. La federación también reclama redes comunitarias de apoyo para “hacer efectivos” los derechos en el día a día.
En cuanto a las acciones para mejorar el acceso al mercado de trabajo y la movilidad laboral, ECAS exige mayores recursos y agilidad para el acceso a derechos básicos y documentación. También apuesta por impulsar la implicación del tejido empresarial y la transformación cultural de las empresas, además de favorecer el reconocimiento de competencias y la movilidad laboral.
Las entidades también han subrayado que el aumento de los discursos xenófobos, racistas y excluyentes constituye una “amenaza” para la cohesión social y para la calidad democrática. Las administraciones públicas, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y el conjunto de los actores sociales tienen la “responsabilidad” de combatir la desinformación y las narrativas que asocian la diversidad con la inseguridad, conflictividad o competencia por los recursos.
Así, y tal y como consta en el documento de sus propuestas, la federación encuentra “necesario” promover un relato público basado en los derechos, la igualdad y el reconocimiento de la diversidad como una realidad constitutiva de la sociedad catalana.