Última jornada de alto voltaje en el juicio al expresidente del Parlament, Roger Torrent, por permitir la reprobación de la monarquía en contra de lo ordenado por el Tribunal Constitucional. El fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio, que ha gozado de un protagonismo inusual a lo largo de la vista, ha cargado con contundencia contra Torrent y los otros tres acusados, exmiembros de la Mesa la pasada legislatura, hasta el punto de tildarlos como “una suerte de casta”.
En su informe final, de apenas 15 minutos, el veterano fiscal Pérez de Gregorio no ha entrado en repasar los hechos (según ha indicado al tribunal, las dos resoluciones bajo sospecha ya vienen explicadas en su escrito). Se ha limitado a replicar las tesis defensivas de los acusados para reclamar que se condene a 20 meses de inhabilitación a Torrent.
Todo ello aliñado con varios dardos a los acusados y a sus defensas, a los que no obstante ha agradecido la “cortesía forense, signo de educación” que han mostrado durante la vista. Han sido tres los alegatos defensivos que Pérez de Gregorio ha querido derribar: el derecho a la inviolabilidad parlamentaria, el hecho de que la resolución contra la monarquía y la autodeterminación fueran simbólicas, sin carácter ejecutivo y las dudas que mostraron los letrados del Parlament sobre el alcance de la prohibición del Constitucional.
Ha negado Pérez de Gregorio que la tramitación de las resoluciones esté amparada por la inviolabilidad (el veto a perseguir por la vía penal actuaciones parlamentarias). Admitir y tramitar por parte de la Mesa ambas mociones no son acciones “cubiertas” por este derecho como sí lo sería criticar al rey en el pleno, tal y como la Fiscalía viene defendiendo desde hace tiempo y el TSJC ya sentenció en el caso de la Mesa de Carme Forcadell.
Según Pérez de Gregorio, los acusados actuaron “como si fueran una suerte de casta” que estaban por encima del Constitucional y que su actuación iba a resultar “impune”. “La admisión y tramitación en contra de la advertencia del Constitucional es la conducta delictiva”, ha recalcado Pérez de Gregorio, que ha recalcado que las “conductas posteriores” y la aprobación de ambas mociones en el pleno no son el objeto del juicio, sino la actuación de la Mesa.
Ha obviado Pérez de Gregorio que los letrados del Parlament que testificaron negaron que hubiera desobediencia o expresaron, como máximo, que había dudas de que la Mesa contraviniera lo ordenado por el Constitucional. Solo los diputados de la oposición avalaron las tesis acusatorias.
Sí se ha referido el fiscal a que los acusados han remarcado que las resoluciones eran meras expresiones políticas de carácter simbólico, sin consecuencias ejecutivas. Restando importancia a las mociones, según Pérez de Gregorio, los acusados buscan “adornar jurídicamente su desobediencia” y presentarlas como resoluciones “de carácter lúdico, como si fuera una manera como cualquier otra de entretenerse en el Parlamento”.
Las defensas han censurado las palabras de Pérez de Gregorio, que han entendido como una burla. “No son casta, son derechos fundamentales y son personas que trabajan por el bien común”, ha replicado el letrado de Torrent, Andreu Van den Eynde.
La letrada Olga Arderiu, que defiende a la exsecretaria de la Mesa Adriana Delgado, ha contestado al fiscal que los parlamentarios “no se creían por encima del Constitucional, sino al mismo nivel”, como marca la separación de poderes.
Jordi Pina, defensor del exparlamentario de Junts Eusebi Campdepadrós, ha definido el juicio como “un procedimiento político” que solo busca “meter miedo” a los diputados independentistas. El cuarto acusado, Josep Costa, que se defiende a sí mismo, abandonó la vista este jueves y este viernes no ha comparecido pese a la invitación del tribunal.
Antes de los informes finales, han declarado los acusados. Torrent, actual conseller de Empresa, ha defendido que el Constitucional “no puede prohibir un debate parlamentario entendido como expresión del interés público” ni la Mesa “ejercer censura” sobre las resoluciones, “y menos cuando son opiniones políticas”. En el turno de última palabra, Torrent ha expresado su “preocupación” porque, a su juicio, una condena “pone en riesgo el parlamentarismo”.
“Me ofende que me acusen de desobediencia porque en todo momento actué honestamente y con criterio jurídico y parlamentario”, ha alegado Campdepadrós. Por su lado, Delgado ha negado que tuviera “intención” de desobedecer al Constitucional y ha enmarcado su actuación en la defensa de los derechos de los diputados y la soberanía del Parlament.
El juicio ha quedado visto para sentencia, no sin antes un aviso del magistrado Carlos Mir: “La sentencia no estará en dos días porque es complicada. Por lo tanto se necesitará el tiempo que haga falta”.