Pocas veces un juicio a priori tan sencillo se complica tanto. Pero ha ocurrido en el caso que enjuicia al expresidente del Parlament y conseller de Empresa, Roger Torrent, y a tres miembros de la Mesa de la pasada legislatura por permitir la reprobación de la monarquía en contra de lo ordenado por el Tribunal Constitucional. Hay dos focos de problemas, a cada cual más inusual: el enfrentamiento del fiscal con el tribunal y el boicot que el exvicepresidente de la Cámara Josep Costa ha ejercido contra el juicio.
Este miércoles el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio ya disparó salvas de aviso al tribunal en su sorpresiva andanada contra la “desjudicialización” pactada por Gobierno y Generalitat. Al margen de cargar contra los planes políticos, el fiscal aseguró que el tribunal “no se encuentra afectado ni de refilón” por el “bulo” de la desjudicialización, en lo que puede interpretarse como un intento de asegurar la condena.
La intervención de Pérez de Gregorio causó sorpresa en círculos judiciales. Este jueves el fiscal ha ido un paso más allá y ha acusado a los tres jueces del caso Torrent de reunirse con una cuarta magistrada ajena al tribunal para deliberar sobre la suspensión del juicio que había pedido el Ministerio Público.
Pérez de Gregorio no ha presentado prueba alguna de su acusación, sino que se ha limitado a decir que la Fiscalía “había tenido conocimiento” de esa anomalía. “Querría saber si es cierto o no”, ha continuado Pérez de Gregorio, para concluir preguntando “el objeto” de la presencia de la cuarta magistrada.
El presidente del tribunal, el magistrado Carlos Mir, ha sido tajante. “No es cierto”, ha zanjado para negar las palabras de Pérez de Gregorio. El juez ha explicado que la magistrada es una compañera de su Sala que se limitó a saludarlo y ha defendido que los tres togados del tribunal deliberaron sin nadie más.
El magistrado preside un tribunal inusual debido a las recusaciones de dos jueces de la Sala Civil y Penal del TSJC, entre ellos el presidente Jesús María Barrientos. Sin ningún juez de la Sala encargada de juzgar a los aforados, el TSJC ha tenido que tirar de un magistrado de la Sala de Apelaciones, Carlos Mir, presidente del tribunal y ponente de la futura sentencia, y de dos jueces de la lista de voluntarios: Marta Pesqueira, titular del juzgado de primera instancia 47 de Barcelona, y Francisco Segura, de la misma Sala que Mir.
Antes de la nueva invectiva del fiscal, Mir ha tenido que lidiar con otro movimiento con pocos precedentes en una sala de vistas. Costa ha retomado su estrategia de boicot a la causa judicial –ayer se apeó de la misma al presentarse a la vista y ejercer su propia defensa– y ha decidido que abandonaba el juicio porque el tribunal ha rechazado su petición de declarar la nulidad de la causa.
“No reconozco la autoridad de este tribunal, solo vine ayer para exponer este ataque a la democracia y acudir al tribunal de Estrasburgo”, ha proclamado Costa, desoyendo las peticiones del tribunal para que al menos permaneciera en la vista como abogado (se defiende a sí mismo).
Tras un receso, el tribunal ha decidido seguir adelante con la vista pese a la ausencia de Costa. “Se le ha dado la posibilidad de defenderse. No lo ha hecho, pero le hemos dado la posibilidad de defenderse”, ha justificado el magistrado Mir, que ha recalcado que Costa “puede venir cuando quiera, tiene las puertas abiertas”.
Con estos episodios han quedado en un segundo plano las declaraciones de los testigos previstas para este jueves. Ante el tribunal han comparecido los excompañeros de Mesa no soberanistas de la pasada legislatura, el socialista David Pérez y Joan Garcia y Laura Vílchez (Ciudadanos), así como letrados del Parlament que asistieron al debate sobre admitir o no a trámite las votaciones sobre la monarquía y la autodeterminación.
Mientras los políticos no independentistas han explicado que abogaron “sin dudas” por no tramitar las votaciones porque iban en contra de los avisos del Tribunal Constitucional, los letrados han mostrado una posición más matizada. Según ha relatado el exsecretario general del Parlament, Xavier Muro, las iniciativas se situaban en una “zona gris” donde se hacía “difícil” determinar si entraban en la limitación impuesta por el Constitucional.
Muro ha enmarcado el caso en un contexto en el que el Constitucional cambió su jurisprudencia coincidiendo con el procés y limitó el campo de actuación de la Mesa, que antes no se veía con tantos problemas sobre admitir o no votaciones y resoluciones.
Según Muro, las sentencias del Constitucional que anulaban resoluciones soberanistas y advertían de que no volvieran a tramitarse iniciativas similares comportaban “dificultades prácticas”, ya que si un texto era calcado al anulado era fácil determinar que no podía tramitarse, pero no lo era tanto si incluía conceptos ambiguos sobre la autodeterminación o la monarquía, como es el caso juzgado.
La Fiscalía pide una multa de 30.000 euros y 20 meses de inhabilitación a Torrent, Costa y el tercer acusado, el actual secretario de relaciones con la administración de Justicia, Eusebi Campepadrós (Junts). Para la cuarta procesada, la republicana Adriana Delgado, se piden 16 meses de inhabilitación. Este viernes declararán los acusados –menos Costa– y, si no hay alguna sorpresa, el juicio quedará visto para sentencia.