Los problemas se acumulan para el exconseller de ERC Xavier Vendrell. Además de los negocios que el juez sospecha que Vendrell hizo con la Generalitat aprovechando la crisis sanitaria, la Guardia Civil ha acusado a Vendrell de emplear para su sociedad de eventos y bodas en la finca Villa Bugatti de Cabrera de Mar (Barcelona) dinero teóricamente destinado a proyectos sociales. La cantidad apuntada por el Instituto Armado es de al menos 149.718,79 euros.
Así lo sostiene la Guardia Civil en un nuevo informe entregado al juez del caso Voloh, la macrocausa que investiga desde una supuesta trama rusa del procés a los negocios personales de expolíticos todavía muy ligados a los actuales dirigentes independentistas, como Vendrell. Una de las ramas de la investigación es la relativa a la Villa Bugatti, en la comarca del Maresme, donde Vendrell y sus socios gestionan un negocio de bodas y pretendían hacerse con la propiedad de los terrenos una vez consiguieran una recalificación plagada de irregularidades, según han descubierto los investigadores.
Además de la trama urbanística, la investigación se centra ahora en los fondos que recibió la fundación El Brot, presidida por Vendrell, y que quería construir en Villa Bugatti una escuela para niños con dificultades de aprendizaje. En concreto, en los 850.000 euros que la fundación recibió entre 2017 y 2019 gracias al mecenazgo de la obra social de la fundación bancaria La Caixa y que se formalizaron a través de convenios entre la entidad y la Generalitat.
Según la Guardia Civil, tras analizar las facturas por valor de 232.000 euros presentadas a la investigación, hay 149.718,79 euros que “podrían haberse destinado a finalidades distintas” de las del proyecto educativo ya que “redundaron en beneficio” de la empresa Maresme Futur, propiedad de Vendrell y un socio suyo arquitecto, el también investigado Jordi S., y que es la firma que aspiraba a hacerse con la propiedad de Villa Bugatti tras la recalificación. Agrega el Instituto Armado que Vendrell y su socio habrían utilizado la fundación El Brot “como un instrumento para financiar actividades” de su empresa, como por ejemplo 110.000 euros en proyectos arquitectónicos de Solé en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) y la propia Villa Bugatti.
Para “esclarecer estos extremos”, la Guardia Civil propone al juez tomar declaración –no precisa si como investigados o testigos– al secretario general de Vicepresidencia de la Generalitat y responsable de la firma de los convenios con la Fundación el Brot, Albert Castellanos, así como al exdirector general de la fundación bancaria La Caixa, Jaume Giró, y a la subdirectora general de la fundación, Esther Planas.
Más indicios pesan sobre Vendrell en relación con la recalificación irregular de Villa Bugatti. En su informe, la Guardia Civil mantiene que Vendrell “influenció en ciertos funcionarios” del Ayuntamiento de Cabrera de Mar y de la Generalitat para conseguir los cambios urbanísticos “que no se ajustan a la legislación vigente”. Además de Vendrell, están investigados dos de sus socios; el alcalde de Cabrera de Mar, Jordi Mir (PDeCAT); el exconcejal de Urbanismo, Enric Mir, quien dimitió tras hallar la Guardia Civil 40.000 euros en efectivo en su despacho; y el arquitecto municipal de Cabrera de Mar, Ramón V.
El juez Joaquín Aguirre mantiene la causa abierta por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias por la recalificación urbanística de la masía, que dobló su valor, pasando de cinco a diez millones de euros. En base a los distintos informes remitidos por el Instituto Armado, el juez considera que hay indicios suficientes que demuestran que Vendrell habría obtenido un “claro trato de favor” tanto de cargos municipales como de la Generalitat para que se pudiera aprobar la modificación puntual del Plan de Ordenamiento Urbano Municipal (POUM) de Cabrera de Mar.
Estos cambios avalaban la recalificación urbanística de la finca, de 48.0000 metros cuadrados y concurrida por políticos que celebraban en ella fiestas y eventos, para desarrollar una escuela de la fundación El Brot –que finalmente no se ejecutó porque la Generalitat denegó el concierto educativo del centro– y mantener la actual actividad de banquetes. Para explotar el negocio Vendrell no habría “dudado” en “influenciar a sus contactos políticos de máximo nivel” y conseguir así “una agilidad superior a la que marca la norma” a la recalificación, apunta el juez.
Además, la Guardia Civil expone que a pesar de no haberse tramitado y aprobado por la Comisión de Urbanismo la modificación puntual del plan urbanística, se han ejecutado obras y movimientos de tierra absolutamente irregulares en Villa Bugatti“, sin licencia e incumpliendo ”reiteradamente“ las normas urbanísticas y sanitarias, de las que el alcalde y el concejal estaban al día. ”Villa Bugatti ha funcionado 'piratillamente' durante muchos años“, constató el propio Enric Mir en una de las conversaciones telefónicas interceptadas, mientras que el alcalde advirtió de que en la finca ”no está legalizado todo el tema de actividades, está así como en falso“.
De hecho la Guardia Civil expone en su informe que Vendrell permitió fiestas, banquetes y conciertos en la finca “sobrepasando” el aforo máximo permitido por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia y sin la preceptiva licencia de actividades “con la convivencia” del exconcejal. En una de las charlas interceptadas Vendrell explicó a uno de sus socios que hasta el concejal de Cultura de Cabrera, Sergi Teodoro, “se sumó a la fiesta”, en referencia a un festival de verano celebrado en la finca. Y también pidió al exsecretario general de la conselleria de Interior, Brauli Duart, que el toque de queda nocturno se estableciera a medianoche porque tenía una cena prevista para 450 personas.