La hora de la verdad
El desahucio de Maricarmen ha supuesto un punto de inflexión. Los movimientos sociales por el derecho a la vivienda, que han venido acumulando fuerza y experiencia a lo largo de las últimas dos décadas, han galvanizado un malestar social profundo y han sabido presionar.
La coalición progresista gobernante en España, en una negociación contrarreloj no exenta de contradicciones y de dificultades, ha sabido leer el momento. No en vano es obligación de los poderes públicos remover los obstáculos a la pena libertad e igualdad de las personas, y la dificultad para acceder y mantenerse en una vivienda se ha convertido claramente en una traba para ambas.
Así como en el pasado mes de febrero fue imposible acordar a la vez con Junts y con Podemos, con el consiguiente fracaso de las medidas que habrían podido evitar mucho sufrimiento, el clima social presentaba una oportunidad para atraer a suficientes grupos a un consenso básico, a la adopción de una serie de medidas urgentes para aportar un respiro a quienes penden de un hilo. También a una mayoría social que ha dicho basta a la lógica de “es el mercado, amigo” y que se asquea ante las palabras y actos de desdén de los especuladores y de sus lacayos.
Es lógico, pues en nuestra sociedad la dificultad para acceder a una vivienda o para mantenerse en ella es uno de los principales factores de desigualdad y de riesgo de exclusión social. La especulación está convirtiendo en irrealizable en la práctica el garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada que proclaman la Declaración de Derechos Humanos, la Constitución y el Estatut.
Se trata, por tanto, más que de un problema acuciante, de una auténtica urgencia social que requiere de una respuesta política más ágil y más ambiciosa de lo que lo ha venido siendo hasta el momento.
Sin duda y, en el fondo, como siempre en toda lucha por los derechos, la movilización y la presión social son imprescindibles para explicar la creciente conciencia sobre la necesidad de generar un punto de inflexión en la garantía del derecho a una vivienda digna.
Junts, que negoció el texto hasta la última coma, se descolgó con un voto negativo a ambos decretos. Luego, ante la marea de indignación, se sacó un texto de la manga, para intentar descargarse de responsabilidad. Ha creído Junts —quizá por costumbre— que podía engañar a todo el mundo. No es así. Su bloqueo a los decretos es un antes y un después. Había que votar el viernes en el Congreso. Es la hora de la verdad.