Tres años y tres meses después arranca el juicio por los atentados del 17–A. La Audiencia Nacional juzgará desde el martes a los tres únicos acusados que quedaron con vida tras los ataques. Se trata de Driss Oukabir, quien se habría echado atrás a última hora; Saïd Ben Iazza, que supuestamente facilitó la compra de precursores de explosivos al grupo; y Mohamed Houli, herido en la explosión del chalé de Alcanar que precipitó los ataques en la Rambla de Barcelona y el Paseo Marítimo de Cambrils (Tarragona).
Solo una minoría de la célula se sentará en el banquillo. El resto de sus integrantes, incluyendo sus jefes espirituales y operativos, murieron antes o después de los ataques. Youssef Aalla, de 22 años en el momento de los hechos, y el imán Abdelbaky Es-Satty, que fue quien radicalizó al grupo de jóvenes de Ripoll, saltaron por los aires en Alcanar cuando estallaron los explosivos con los que el grupo planeaba atentar contra símbolos de la cristiandad como la Sagrada Familia, discotecas LGTBI o grandes eventos deportivos. Younnes Abouyaaqoub fue abatido por los Mossos tras asesinar a 14 personas y herir a otras cien en la Rambla y matar a otro joven en su huida. También fueron abatidos Mohamed Hichamy, su hermano Omar, Moussa Oukabir, Saïd Aalla y Hussein Abouyaaqoub, estos cinco tras matar a una mujer con un coche kamikaze en el paseo marítimo de Cambrils.
Las acusaciones llegan divididas al juicio a cuenta del delito de asesinato. Ni la Fiscalía, ni la Generalitat ni el Ayuntamiento de Barcelona plantean este delito, que sí reclaman algunas acusaciones particulares de las víctimas y populares. Las diferencias responden a criterios jurídicos distintos: mientras el Ministerio Público y las acusaciones no ven posible condenar por asesinato a los tres acusados porque no fueron los autores materiales de las muertes, acusaciones populares como el sindicato de Mossos USPAC, difiriendo de la posición del gabinete jurídico de Interior, o incluso el Ayuntamiento de Cambrils sí ven posible sostener la acusación de delitos para los procesados, habida cuenta de que formaban parte de la misma organización que los fallecidos.
Esta divergencia provoca que el abanico de penas solicitadas por las acusaciones sea muy amplio y también genera diferencias a la hora de reclamar indemnizaciones para las víctimas. La Fiscalía pide 41 y 36 años de prisión para Houli y Oukabir por organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para el delito de estragos terroristas y 8 para Ben Iazza por colaboración con la célula. El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat solicitan hasta 95 y 44 años de cárcel, respectivamente. Por su lado, las asociaciones de víctimas, como la AVT y 11-M, o el Ayuntamiento de Cambrils, piden para los principales acusados prisión permanente revisable al considerarlos responsables de los muertos y heridos en los ataques.
Las sesiones del juicio se alargarán hasta por lo menos mediados de diciembre. Está previsto que este mismo martes, en la primera sesión de la vista oral, declaren los tres acusados –que permanecen en prisión provisional– ante el tribunal, formado por los magistrados Alfonso Guevara, Carolina Rius y Carlos Fraile. Luego les seguirán más de 400 testigos y peritos, la mayoría agentes de Mossos d'Esquadra y Guardia Civil que participaron en la investigación de los atentados, pero también familiares de las víctimas y otros testigos presenciales de los ataques. También está previsto que comparezcan tres testigos protegidos.
El juicio repasará el horror acaecido en agosto de 2017 en Catalunya y tendrá que ratificar las tesis del juez instructor y los investigadores: los indicios obtenidos en la investigación apuntan a que tras meses de radicalización a cargo del imán Es Satty, el objetivo de la célula terrorista era cometer varios atentados mediante el uso del explosivo que estaban fabricando en la vivienda de Alcanar, pero que la explosión que se produjo el 16 de agosto en el chalé de la localidad tarraconense frustró sus planes. El ataque a la Rambla y a Cambrils se habría improvisado.
La vista también abordará uno de los cabos sueltos de los atentados como son las eventuales conexiones internacionales del imán y de la célula, cuyos viajes al extranjero antes de los atentados están corroborados, pero de cuya finalidad solo se apuntan hipótesis. Otra de las incógnitas será ver si algunas acusaciones particulares, tal y como vienen haciendo en fase de instrucción, insisten en vincular al imán con el CNI e incluso si insinúan que Es Satty sigue con vida, algo que los Mossos han descartado por completo. La investigación ha acreditado que los servicios de inteligencia estuvieron en contacto con Es Satty en 2014 mientras cumplía condena en la prisión de Castelló, al igual que con otros imanes presos, pero que la relación no continuó tras su excarceración.
De los tres acusados, Houli es el que mayor protagonismo otorgan las acusaciones en la célula. Herido en la explosión de Alcanar y trasladado al hospital, Houli reconoció que los terroristas querían colocar explosivos en los monumentos más importantes de Barcelona. Si bien admitió que conocía los planes desde hacía dos meses, el acusado negó que perteneciera a la célula. La Fiscalía, por contra, considera acreditado que formaba parte de la organización terrorista “seguidora de los postulados de Estado Islámico” y encabezada por el imán Es Satty.
Houli, el único de los acusados que no tenía hermanos en el grupo, dio varios detalles a los Mossos sobre la preparación de los atentados, como por ejemplo que la célula confeccionaba en Alcanar “bombas de tubo” envueltas en un celo amarillo y que Hichamy, uno de los terroristas abatidos en Cambrils, “introducía cajas pequeñas de tornillos” para crear explosivos con metralla e incrementar el daño ocasionado. Por otro lado, Houli también deberá responder en el juicio sobre la venta de joyas que realizó el 16 de agosto en una tienda de compraventa de oro en Vinaròs, pueblo de al lado de Alcanar, por las que obtuvo 1.180 euros en efectivo y que según los investigadores sirvieron para sufragar los atentados.
Oukabir también acudió junto a otros integrantes de la célula a alquilar las furgonetas que pretendían llenar de explosivos, pero según se desprende de algunos mensajes que se cruzó con su hermano la víspera de los atentados, en el último momento se echó atrás. Negó haber estado en el chalé de Alcanar y reconoció que alquiló dos furgonetas que fueron utilizadas por los terroristas, pero dijo que lo hizo pensando que eran para hacer una mudanza. Sin embargo varios testigos le sitúan con un papel destacado en la célula. Respecto a Ben Iazza, las acusaciones le atribuyen un papel secundario, tan solo de colaborador con la organización terrorista. Desde su empleo en una carnicería de Vinarós a la que los terroristas acudían, prestó una furgoneta a Younes Abouyaqooub a cambio de dinero a sabiendas de que el grupo la usaría para trasladar explosivos, según la Fiscalía.