'Lawfare'. Esta palabra inglesa, traducible por la Fundéu como “instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política o persecución judicial” contra un grupo de personas por su ideología, ha protagonizado el último tramo de las negociaciones entre el PSOE y Junts y aparece mencionada en el acuerdo de este jueves.
Si bien el documento no contempla la inclusión automática de los casos que el independentismo considera 'lawfare' en la futura ley de amnistía –que se registrará en los próximos días–, el acuerdo de socialistas y posconvergentes sí habilita que este tipo de causas se aborden en comisiones de investigación en el Congreso.
“Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto 'lawfare' o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”, reza el texto del acuerdo.
Tanto Junts como el PSOE han explicado que no se creará una comisión de investigación específica sobre el concepto 'lawfare', sino que el pacto hace referencia a las dos comisiones que los grupos ya pactaron en agosto al inicio de la legislatura. La primera versará sobre las maniobras de la policía política del PP contra el independentismo y la segunda sobre el espionaje con el programa Pegasus que el propio CNI reconoció haber llevado a cabo, con aval del Tribunal Supremo, sobre 18 dirigentes independentistas.
A la espera de ver el texto concreto de la ley de amnistía, el pacto es lo suficiente admisible para ambas partes, toda vez que Junts logra introducir la palabra 'lawfare' en el acuerdo y el PSOE, con la vía de la comisión de investigación, evita un enfrentamiento directo con los jueces y acusarles de actuar por motivos políticos contra el independentismo.
El pacto no ha gustado a todas las asociaciones judiciales, tanto las de corte conservador como progresista, que en un comunicado conjunto han cargado contra la mención a la 'lawfare' del acuerdo. “Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables”, han lamentado.
En cualquier caso, aunque añada el paso de las comisiones de investigación, el acuerdo no varía que la aplicación final de la amnistía recae en los jueces. El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha definido este jueves las dos futuras iniciativas del Congreso como “comisiones de la verdad”.
El documentado pactado entre PSOE y Junts sí fija que la Ley de Amnistía “debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos”. Preguntado por la prensa, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha remarcado que la amnistía se circunscribe “procés”, palabra que ha pronunciado en catalán. “Serán los jueces los que valoren si cubre a unos o a otros. En la negociación no se ha hablado de nombres en particular”, ha agregado.
¿Qué es 'lawfare' en el procés?
El caso internacional que sirve de ejemplo para explicar el 'lawfare' es el vivido por el presidente de Brasil, Lula da Silva. El Supremo de su país determinó que Lula había sido víctima de persecución judicial porque el magistrado Sergio Móro había sido juez y parte al encausar, investigar y condenarlo en el marco de la operación anticorrupción Lava Jato. El Alto Tribunal anuló la causa y devolvió la inocencia que Lula perdió por el objetivo judicial de desbancarlo de la política.
En el contencioso catalán, los independentistas siempre han defendido que son un caso de 'lawfare', ya que, alegan, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional se arrogaron artificialmente la competencia para encausarles mediante el delito de rebelión, lo que permitió su encarcelamiento provisional y la suspensión de sus derechos políticos. La causa del procés, y así lo han denunciado los condenados ante el Tribunal de Estrasburgo, debería haberse juzgado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
Además de la causa principal del Supremo, los independentistas extienden el 'lawfare' a más encausados. El caso más paradigmático es el del director de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, sobre quien la Justicia tiene el foco desde hace años y que ha sido uno de los nombres que ha protagonizado las negociaciones finales sobre la amnistía.
En su etapa al frente de la oficina de Puigdemont, Alay ha sido imputado cinco veces en varias causas. Fue exculpado de acompañar a Puigdemont en su detención en Alemania, pero irá a juicio porque la Fiscalía lo acusa de pagar con dinero público un viaje oficial a Nueva Caledonia que la intervención de la Generalitat no cuestionó. También está investigado en la macrocausa Voloh por pedir información a un mosso y ahora por Tsunami Democràtic.
Este mismo martes, Alay alegó que su imputación por terrorismo en la causa de Tsunami es “persecución política”. En Junts vieron un movimiento de 'lawfare' en la decisión del juez Manuel García Castellón de investigar a Carles Puigdemont por terrorismo en plenas negociaciones por la investidura, y añadir una línea de investigación que relacionaba las protestas con un muerto para complicar así la viabilidad de la amnistía.
Otros dos nombres que han marcado el final de la negociación y que Junts vincula al 'lawfare' son el exconseller de Interior Miquel Buch y el mosso d'esquadra que acompañó a Puigdemont en Bélgica Lluís Escolà. Ambos han sido condenados a cuatro años de cárcel por malversación por las labores de escolta del expresident que el agente realizó mientras percibía un salario público como asesor del departamento.
Aunque los nombres de Alay y Buch sí generan consenso dentro del independentismo sobre que son 'lawfare', otros casos que Junts también reivindica como persecuciones judiciales no cuentan con el aval de ERC o Òmnium Cultural. Por ejemplo, la líder de Junts, Laura Borràs, alega que la Justicia la condenó por independentista, pero los republicanos y Òmnium consideran que se trató de un caso de corrupción.