El president y los trece consellers del Govern cesados por el 155, así como la mesa del Parlament que proclamó la república catalana la semana pasada, están citados a partir de las 9 de la mañana en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Ante la cita con la justicia española, con acusaciones por delitos como la rebelión, la sedición o la malversación, el independentismo ha reaccionado de diferente forma.
Aunque solo algunos de los citados que permanecen en Catalunya han confirmado su viaje a Madrid, otros no se habían pronunciado públicamente sobre sus planes, aunque han acudido definitivamente. Hasta ese momento, sólo había una baja significativa asegurada: la de Carles Puigdemont, que se ha quedado en Bruselas. Con él se mentienen en el país los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí. Ante su ausencia, la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, podría dictar una orden de detención.
Durante este miércoles el goteo de mensajes en redes sociales con las citaciones ha sido una constante entre los consellers suspendidos. El hasta ahora vicepresident Oriol Junqueras, el exconseller de Exteriores Raül Romeva o el exvicepresident de Presidencia Jordi Turull, han mostrado dicha citación en redes sociales.
Las peticiones, en este caso ante el Supremo, también han llegado a los miembros de la Mesa del Parlament: la expresidenta Carme Forcadell y también Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet han recibido sus citaciones. Todos ellos han optado por acudir al Supremo. La expresidenta de la ANC y los otros cinco querellados de la Mesa serán interrogados en el Supremo, pues mantienen el aforamiento de la Diputación Permanente.
Silencio sobre las defensas
Hasta el momento, poco se conoce sobre las estrategias de defensa de los citados. Sólo el abogado de Carles Puigdemont en Bélgica, Paul Bekaert, ha explicado que centrará la estrategia de defensa del expresident en impugnar cualquier hipotética petición de extradición para su entrega a España. No ha sido la única petición de Bekaert, que también ha sugerido que la declaración de su defendido sea desde Bélgica, algo sobre lo que la Audiencia Nacional no se ha pronunciado.
El resto de los citados tan sólo ha mostrado vía redes sociales su disconformidad con la tardanza en la llegada de las citaciones, algo que podría llevarles a pedir el aplazamiento de sus declaraciones por no haber tenido tiempo suficiente para preparar las defensas. Sea como sea, están obligados a acudir a la Audiencia Nacional, pues sólo la jueza puede conceder el aplazamiento. Si quieren esquivar la detención, los acusados deberán viajar a Madrid.
Hasta que no llegue el momento, un detalle está claro: la estrategia del ex president –contraria a la de otros miembros de su Govern que sí asistirán a declarar ante la Audiencia– no ha gustado entre la clase política. El portavoz del PP en el Parlament catalán, Xavier Garcia Albiol, ha tildado de “cobarde” a Puigdemont, y ha advertido que más tarde o más temprano “tendrá que rendir cuentas ante la Justicia”. También le ha afeado su decisión uno de los citados ante el Tribunal Supremo, Joan Josep Nuet (Catalunya Sí que es Pot), que ha pedido a Puigdemont que deje de “gesticular” y se presente ante los tribunales.
Por su parte, la hasta ahora presidenta de la Mesa del Parlament, Carme Forcadell, se ha limitado a justificar –en palabras de su abogado, Andreu van den Eynde– la actuación de la Mesa, que dice fue la correcta y que se basó en la “defensa de la legalidad y la democracia”. Van den Eynde ha manifestado que su defendida acudirá a la citación “con el convencimiento de que su labor ha sido siempre respetuosa con los principios democráticos y la defensa de la institución parlamentaria”.
La rebelión como telón de fondo
Los citados deberán pasar desde las 9 de la mañana ante la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que admitió este martes a trámite la querella por rebelión, sedición y malversación de fondos contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de los miembros del Govern. Además, también acordó fijarles una fianza de 6.207.450 euros que debían depositar en el plazo de tres días, con el apercibimiento de que, del contrario, se embargarían sus bienes hasta alcanzar esa cifra.
En su auto, Lamela calificaba de “seria, racional y lógica” la argumentación del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para sostener el delito de rebelión: los hechos investigados, según Maza, iban dirigidos a proclamar una república catalana independiente de España “en una conducta que va encaminada o dirigida a romper la organización territorial del Estado”, lo que suponía una manera de atentar contra la forma actual de gobierno de España, y por tanto era competencia de la Audiencia Nacional dirimir sobre la acción de Puigdemont, sus consejeros y la Mesa.
La Fiscalía describió en su querella una trama que había contado –según el ministerio público– con la colaboración de los miembros del Govern, de la Mesa del Parlament y de las organizaciones encargadas de movilizar a la ciudadanía. Una trama con conexiones internacionales y una repercusión económica que sirvió a la Fiscalía para apuntalar una denuncia con la rebelión como elemento fundamental, un delito que precisa de violencia y castigado con hasta 30 años de cárcel. La tesis ha sido apoyada por Lamela.
En cambio, el empeño del fiscal general del Estado en que el proceso independentista catalán supone un delito de rebelión no ha tenido tan buena acogida en el Tribunal Supremo. Los magistrados que han estudiado la querella presentada por Maza han admitido su competencia para investigar a los miembros de la Mesa del Parlament, pero admiten dudas de que cometiesen un delito que requiere violencia. El tribunal investigará los hechos sin descartar que supongan un delito menor, la conspiración, castigada con menos pena de cárcel (entre 3 años y 9 meses hasta los 15).