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El Supremo cuestiona la causa general por rebelión que propone Maza

Los magistrados apuntan que la Mesa del Parlament pudo cometer tan solo un delito de conspiración, castigado con menos años de cárcel

La jueza de la Audiencia Nacional por su parte, cree "seria, racional y lógica" la argumentación de Maza que sostiene ese delito

Los dos tribunales toman declaración a la par a los investigados, con la duda de si Puigdemont y los consejeros que están en Bélgica acudirán a la citación

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La Fiscalía aclara que no quiso frivolizar con nombre del documento de querellas

José Manuel Maza, durante la presentación de las querellas. EFE

El empeño del fiscal general del Estado en que el proceso independentista catalán supone un delito de rebelión no ha tenido buena acogida en el Tribunal Supremo. Los magistrados que han estudiado la querella presentada por José Manuel Maza han admitido su competencia para investigar a los miembros de la Mesa del Parlament, pero admiten dudas de que cometiesen un delito que requiere violencia. El tribunal investigará los hechos sin descartar que supongan un delito menor, conspiración, castigado con menos años de cárcel.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, por su parte, sostiene que la argumentación de Maza para proponer una investigación por rebelión es "seria, racional y lógica". Advierte, como también hace el Supremo, de que el avance de la investigación determinará los delitos concretos, que también podrían ser prevaricación, desobediencia y sedición.

Los cinco magistrados de la sala de admisiones del Supremo han estudiado los 116 folios de la querella que el lunes les entregó Maza. Tras deliberar sobre su admisión a trámite, han acordado que el tribunal es competente y han designado a un juez para que investigue el caso. Pablo Llarena Conde asume el caso y ya ha citado a los responsables de la Mesa para que comparezcan con sus abogados.

Carme Forcadell, Lluís Maria Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, y Joan Josep Nuet están citado para el jueves y viernes de esta semana. La Fiscalía les acusa de actuar "violando y haciendo tabla rasa de los derechos de los diputados disidentes", mediante una “insólita y arbitraria interpretación del reglamento”. El objetivo era "dar una falsa apariencia de legalidad a un proceso de demolición del ordenamiento constitucional”.

El proceso que apoyaron desde la Cámara catalana tuvo un soporte en la calle, con acciones que la Fiscalía considera violentas. Además, el Govern pensaba apuntalarlo con la ayuda de los Mossos d’Esquadra, un cuerpo de 17.000 agentes al que se compara con una suerte de ejército para enfrentarse a “quienes intenten hacer efectiva la vigencia de la Constitución Española en Cataluña”.

"Fase preparatoria" de la rebelión

Eso es, al menos, lo que Maza escribe en una querella que considera como delito fundamental el del rebelión, un alzamiento violento, según el Código Penal. Sin embargo, los magistrados del Supremo sientan las bases para investigar un delito menor al de rebelión. En el auto por el que asumen la competencia para investigar los hechos apuntan a que los ya imputados podrían haber cometido tan solo conspiración, un delito con menor castigo penal.

El Supremo advierte que, con el transcurso de la investigación, podrá determinarse si cometieron el delito de rebelión, o por el contrario solo conspiraron porque “los elementos del tipo proyectado no llegan a tener realidad, al no superar los conspiradores la fase propiamente preparatoria”.

Es decir, el Supremo advierte a la Fiscalía de que quizá los querellados no llegaron a cometer el delito que les achaca. Maza insiste en la rebelión desde finales de septiembre, aunque los hechos que denuncia tienen un difícil encaje en el Código Penal, más pensado para alzamientos armados. Sin embargo, él mismo admite que los querellados pudieron cometer tan solo sedición, y así lo incluyó en su denuncia.

Los magistrados señalan que la investigación irá demostrando si los hechos son ciertos, y si, como dice el fiscal, el Govern previa la creación de un ejército, o, en cualquier caso, el uso de la violencia como vía para lograr la independencia.

Si se confirma lo que apunta el Supremo, y se trata de conspiración y no de sedición, los miembros de la Mesa del Parlament se enfrentarán a penas de cárcel algo más bajas. El Código Penal indica que la conspiración se castiga con “uno o dos grados” menos que la rebelión, lo que se traduce en penas de entre 3 años y 9 meses hasta los 15.

Una argumentación "seria, racional y lógica"

La Audiencia Nacional, por su parte, no abre la puerta a que los miembros del Govern, a quien le corresponde investigar, hayan cometido tan solo conspiración. La jueza que instruirá el caso, Carmen Lamela, considera que la argumentación desplegada por Maza en su querella es "seria, racional y lógica", y sustenta por tanto una investigación por rebelión. Advierte de que su auto solo supone la asunción de que hay indicios de delito, y que durante la instrucción se concretarán las posibles acusaciones.

Lamela ha acordado además unir la causa por rebelión a la que ya investigaba por sedición, tras una denuncia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y por la que fueron enviados a prisión los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. La jueza ha decidido citar a Puigdemont y los consejeros para que comparezcan entre el jueves y el viernes, con la incógnita de si comparecerán los que se encuentran ahora mismo en Bruselas.

Para esos mismos días están citados Forcadell y el resto de miembros de la Mesa. Así, los dos tribunales llevarán a cabo una investigación paralela por los mismos hechos, aunque con distintos protagonistas, y con el debate de si cometieron un delito de rebelión, penado con hasta 30 años de cárcel.

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