Rubén Molina, condenado de forma injusta en el caso 'Aturem el Parlament': “Marchena usó el derecho políticamente”
Rubén Molina ya no creía mucho en la Justicia. Su condena por el caso Aturem el Parlament le reafirmó. Quince años después, este activista saborea la sentencia europea que ha sacado los colores al Tribunal Supremo por haber castigado con penas de cárcel el ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación.
“Marchena y tantos otros jueces utilizan el derecho políticamente, aunque lo disfracen bajo una pátina de imparcialidad. Nuestro caso es paradigmático: la imparcialidad no existe”, afirma.
En conversación con elDiario.es, Molina reflexiona sobre su experiencia en un caso que se estudia en las facultades de derecho por las respuestas judiciales opuestas a la protesta contra los recortes aprobados por el Govern de Artur Mas en 2011. Aturem el Parlament también fue un ejemplo de unión entre los activistas encausados. “En todas las causas represivas, si vas solo eres mucho más débil”, advierte.
Incluso en los peores momentos del procedimiento, los encausados actuaron cohesionados. “Yo me tuve que casar para que, en caso de haber terminado entrando en la cárcel, mi pareja me pudiera venir a ver”, recuerda Molina, que destaca la “carga y la presión emocional y familiar” que conllevó la causa.
“No todos vemos el mundo igual, pero organizamos el viaje para el juicio en Madrid juntos, y nos ayudó porque la Audiencia Nacional es un lugar hostil”, rememora el activista. Admite Molina “altibajos” en todos los años del proceso, pero destaca el apoyo popular en las distintas manifestaciones que tenían como lema Jo també estava al Parlament i ho tornaria a fer [Yo también estaba en el Parlament y lo volvería a hacer].
El momento más complejo del procedimiento fue la orden de entrar en la cárcel que la Audiencia Nacional emitió en abril de 2015. El mismo tribunal especial la suspendió mes y medio después mientras se tramitaban los indultos. El riesgo de prisión fue real debido a la sentencia del Supremo, de la que fue ponente el magistrado Manuel Marchena, que revocó la absolución inicial y condenó a penas de tres años de cárcel a los activistas.
En contraste con la primera sentencia, que primó el derecho de manifestación de los activistas aun cuando la protesta incomodara a sus señorías, Marchena concluyó que los manifestantes de Aturem el Parlament provocaron un “clima hostil” que contribuyó a su “propósito colectivo” de impedir la labor de la Cámara (que, sin embargo, se reunió y aprobó los recortes horas más tarde). El TEDH censuró que Marchena atribuyera a todos los acusados la creación de un “ambiente intimidatorio” sin atribuirles acciones concretas de violencia.
Molina se resigna a que, pese al revés de Estrasburgo, ni el juez Marchena ni el resto de magistrados que los condenaron reciban una sanción por una condena injusta. “Al final, si se mira desde su punto de vista, hicieron bien su trabajo: mandaron un mensaje para evitar que la gente protestara contra los recortes”, ironiza. El TEDH, en su sentencia, advierte que la resolución de Marchena, al castigar con penas de cárcel una manifestación, tuvo como riesgo generar un efecto desaliento (el denominado chilling effect) en la movilización social.
“Nuestro caso sirve para ver que el derecho no es una ciencia matemática, sino que es una ciencia social y, por lo tanto, es interpretable. Nos tenemos que preguntar quién accede a los puestos de poder de la judicatura y quién tiene este poder de interpretación. ¿Cuánta gente de clase popular puede pasarse años preparando oposiciones y contactos para llegar al Supremo? Al final se ven los sesgos de la cima”, asevera el activista.
Lo que conservan los activistas encausados es la memoria. “El primero que nos quiso condenar, pero quedó en minoría, es el ahora ministro del Gobierno, Fernando Grande-Marlaska”, resalta Molina. El titular de Interior rechazó la absolución que redactó el magistrado Ramón Sáez en la primera sentencia de la Audiencia Nacional. La ponencia de Sáez fue un ejercicio de garantismo judicial que derrocó Marchena en el Supremo.
Otra de las paradojas del caso es la beligerancia con que los entonces diputados de Convergència Jordi Turull y Francesc Homs se enfrentaron a los activistas y que contrasta con sus posteriores alegaciones en la causa del procés contra el castigo del Supremo al ejercicio de los derechos de reunión y manifestación.
Molina admite que al actual secretario general de Junts le gustaría preguntarle “si sigue pensando lo mismo” que cuando tildó de “despropósito” su absolución o testificó en su contra en la vista. A su juicio, la comparación entre Aturem el Parlament y la causa del procés muestra que, a diferencia de los neoconvergentes, para los activistas de base, los derechos sociales y nacionales de Catalunya están al mismo nivel.
“Contribuyeron a generar un mecanismo represivo que se les giró en contra y sirvió para condenarles por el procés”, apostilla Molina sobre los neoconvergentes. “Al final, la cuestión es si estás con el establishment o no. Nosotros participamos en las protestas contra la sentencia del procés porque la solidaridad no entiende de caras, se practica”.
Molina observa con esperanza las acampadas por la vivienda. Vuelve cierto aroma a 15-M. “La diferencia es que ahora todo el mundo está más precarizado, pero lo positivo es que tenemos a sindicatos y movimientos más organizados y podemos confrontar de forma más estratégica”. ¿Volvería a rodear el Parlament? La respuesta es obvia.