El Supremo cita como imputado a un diputado de los Comuns por contratos a dedo cuando era alcalde de Altafulla
El Tribunal Supremo (TS) ha citado como investigado el próximo 15 de junio al diputado de Sumar-En Comú Podem en el Congreso Félix Alonso por un presunto delito de prevaricación en relación con la adjudicación de contratos a dedo a varias empresas cuando era alcalde de Altafulla (Tarragona) entre los años 2011 y 2019.
En un auto, el magistrado instructor de la Sala de lo Penal Vicente Magro ha acordado también citar ese mismo día a doce personas en calidad de testigos, entre ellos un inspector y un sargento de los Mossos d'Esquadra
También están citados como testigos el exconseller de ERC Joan Ignasi Elena y al exlíder de ICVJoan Herrera, ambos investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por la misma causa.
Las investigaciones derivan de la exposición razonada que un juzgado de El Vendrell (Tarragona) elevó a ambos tribunales, por afectar a aforados, ante los indicios de que el Ayuntamiento adjudicó contratos troceados, sin publicidad y sin los informes preceptivos favorables, a una empresa cuyos directivos “mantienen una vinculación política estrecha con el partido del alcalde”.
Alonso, según el Supremo fomentó “una dinámica de contratación a través de la figura del contrato menor, con lo que eludía los requisitos de publicidad”, a sabiendas de su ilegalidad, en vez de acudir al concurso público.
Los contratos investigados, que suman más de 30.000 euros, se adjudicaron entre los años 2017 y 2019. En esa etapa, Herrera llevaba años apartado de la política y Elena, que fue conseller de Interior con Pere Aragonès entre 2021 y 2024, no ocupaba ningún cargo público, tras haber abandonado el PSC debido a discrepancias por el procés.
Los investigados, según los jueces, habrían utilizado de forma “supuestamente fraudulenta la figura del llamado contrato menor” que permite adjudicaciones sin concurso público, e infringieron “intencionadamente” los requisitos sobre contratación pública que impone la ley.
Los investigados se concertaron supuestamente “en su propio interés” para conseguir la prórroga de una adjudicación de asesoramiento jurídico externo mediante la figura del contrato menor, que permite la asignación directa a cualquier empresario al no superar los 18.000 euros durante un máximo de un año.