Siete años de cárcel por corrupción para el exgerente del Hospital Provincial de Valencia y sobrino de un exconseller del PP
La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a siete años de prisión a Sergio Blasco, exgerente del Hospital Provincial y sobrino del exconseller del PP Rafael Blasco, en el marco del 'caso Osvaldos', una trama corrupta que desvío fondos de la sanidad pública al bolsillo del antiguo alto cargo popular.
La sentencia impone a Sergio Blasco penas de dos años y medio por blanqueo de capitales (y multa de dos millones de euros); tres años por cohecho y falsedad y un año y medio por fraude en la contratación, además de seis años de inhabilitación por prevaricación. Sin embargo, el tribunal absuelve al exgerente de los delitos de malversación de caudales públicos y de negociación prohibida a autoridad o funcionario público.
Una de las acusadas, Gisela Samudio, confesó los hechos (dijo que Sergio Blasco “era la X” de la trama corrupta) y alcanzó un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción. La mujer ha sido condenada a un total de 16 meses de prisión por blanqueo (además de una multa de 133.265 euros), cohecho y falsedad documental y absuelta de malversación.
Por otro lado, la resolución condena al empresario José Luis Sánchez Galán a 16 meses de cárcel por los mismos delitos (y absuelto de malversación) y una multa de 100.000 euros. José María Brotón González ha sido condenado a un año y ocho meses de prisión por blanqueo (y multa de 80.000 euros) y a un año y seis meses por cohecho y falsedad documental.
Condena al testaferro de Sergio Blasco
El testaferro de Sergio Blasco, Francisco José Escandell Vila, ha sido condenado a un año y ocho meses por blanqueo y multa de 58.000 euros y a un año y seis meses por cohecho.
La sentencia también impone al empresario Miguel Sanfélix un año y ocho meses por blanqueo y un año y seis meses por cohecho y falsedad.
Por otro lado, el tribunal absuelve a Francisco José Blasco (hermano del principal condenado), a José Luis Martínez Climent, a Ana Clarés Pérez, a Vicente José Doñate Melchor y a José María Soriano Saavedra.
La resolución, que no es firme y contra la cual cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, acuerda el decomiso de un total de un millón de euros a abonar de manera solidaria entre el principal condenado y los empresarios condenados.