Compromís estudia emprender acciones penales contra el Consell por “prevaricación” en la parálisis de obras escolares
La comparecencia de la consellera de Educación, Carmen Ortí, en las Corts Valencianes, tras un periodo de “113 días sin dar explicaciones parlamentarias sobre la gestión autonómica”, ha reavivado la confrontación por la política autonómica en materia de infraestructuras escolares. Representantes de diversos municipios afectados por la revocación de proyectos del Plan Edificant han acudido al Parlamento valenciano para exigir la retirada inmediata del recurso presentado por la Generalitat ante el Tribunal Supremo. Denuncian que el Ejecutivo autonómico recurre sus propios expedientes técnicos para eludir la ejecución y presupuestación de más de 70 millones de euros en instalaciones educativas cuya necesidad cuenta con el respaldo firme del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Así, califican de “caso inaudito” la estrategia procesal del departamento que dirige Ortí, al que acusan de interponer recursos con la única finalidad de retrasar el inicio de las actuaciones durante al menos dos años. Según exponen los alcaldes y portavoces desplazados a sede parlamentaria, y que han estado acompañados por el diputado de Compromís Gerard Fullana, la Conselleria presionó en su momento a las corporaciones locales para forzar la renuncia voluntaria a las delegaciones de competencias bajo la amenaza de demandas judiciales. En las localidades donde se cedió a estas presiones, según explica Fullana, el nivel de ejecución presupuestaria tras tres años resulta nulo, “una situación que se agrava por la falta de consignación para nuevas infraestructuras no proyectadas con anterioridad a julio de 2023”. Ante la existencia de informes técnicos que acreditaban el carácter imprescindible de estas obras, Compromís estudia emprender acciones penales por presunta prevaricación al considerar que se dictaron resoluciones injustas a sabiendas.
De forma paralela a las críticas por la gestión del plan de construcciones, se ha registrado una propuesta formal para reestructurar el calendario lectivo de Educación Primaria con el fin de corregir los insuficientes resultados acreditados por el informe PISA. La iniciativa plantea revertir el incremento de horas asignadas a la asignatura de Religión en los primeros cursos del ciclo y trasladar esta materia fuera del horario ordinario de mañana. Con este esquema, la oferta confesional mantiene su encaje en el marco legal estatal mediante impartición vespertina, al tiempo que libera las franjas de mayor rendimiento cognitivo del alumnado para la impartición de materias clave como la comprensión lectora o el razonamiento matemático.
La fundamentación de la medida incide en la ineficiencia pedagógica del modelo actual, donde cerca del 75 % del estudiantado opta por no cursar Religión y debe permanecer en el aula bajo la asignatura no evaluable de Atención Educativa. La normativa vigente prohíbe explícitamente avanzar materia o impartir contenidos curriculares durante ese periodo para evitar discriminaciones hacia el resto del grupo, lo que supone, según ha explicado Fullana, un menoscabo del tiempo lectivo utilizable para el refuerzo de competencias básicas. La propuesta busca situar estas áreas troncales en el horario de máxima atención docente para paliar el deterioro en los indicadores de aprendizaje.
La comparecencia de la consellera ha evidenciado la fractura entre el Consell y la oposición, quienes consideran urgente rectificar el rumbo en materia de infraestructuras y planificación curricular. La exigencia de reanudar las obras del Plan Edificant sin el obstáculo de recursos judiciales se suma a la voluntad de priorizar el rendimiento académico en las aulas públicas, en una sesión que anticipa un endurecimiento de la fiscalización política y judicial sobre las decisiones del Ejecutivo valenciano en el ámbito educativo.