El ex 'número dos' de Barberá reprocha a la jueza del 'caso Azud' que asuma “de brazos abiertos todas las tesis” de la UCO

Lucas Marco

València —

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La defensa de Alfonso Grau, vicealcalde de València durante la última etapa de Rita Barberá, reprocha en su recurso contra el procesamiento en el 'caso Azud' que la jueza instructora asuma “de brazos abiertos todas las tesis” de los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, sostiene que todos los hechos imputados a Grau “se encuentran ampliamente prescritos”. La defensa considera que el auto de procedimiento abreviado “no expone ninguna acción del investigado que pudiera ser constitutiva de delito, ni buena ni mala”. “Solo se dan una conjetura tras otra”, agrega.

El recurso, más allá del argumentario jurídico, supone un ataque en toda regla de la instrucción y de la investigación de la UCO: “Es imposible defenderse de un auto con tantas mermas de garantías”, afirma.

El recurso afirma que es “absolutamente falso” que el cuñado de Rita Barberá, el también procesado José María Corbín, entrara en contacto con el empresario Jaime Febrer, considerado el presunto corruptor de la trama, a través de Grau: “Ninguna prueba ni siquiera indicio hay de ello en las actuaciones”.

También acusa a la instructora de una “muestra de desconocimiento absoluto o un desprecio al ordenamiento y funcionamiento de las corporaciones locales” al afirmar que Alfonso Grau “ejercía un poder directo sobre todos y cada uno de los departamentos” del consistorio.

Sin embargo, el recurso también incurre en un error de bulto, cuando afirma que el PSPV-PSOE gobernaba en el Ayuntamiento de València en 1999 [Rita barbera fue alcaldesa ininterrumpidamente entre 1991 y 2015].

El escrito de la defensa asegura que Barberá encargó a Grau a partir de 2006 que solucionara la “situación insostenible” de la deuda municipal por las parcelas de los colegios, subtrama de la causa, al suponer una “sangría sin freno a las arcas municipales” sin que los concejales de Hacienda anteriores hubieran hecho “nada” más que “echar balones fuera”. Fue, apostilla el recurso, un “proceso heredado necesitado de soluciones eficaces cómo las que se dieron”.

La defensa de Grau alude a la “literatura de desprestigio” del auto y al “profundo desconocimiento de cómo funciona un Consistorio”, en relación con las tesis sobre el “control total” del ayuntamiento por parte del entonces vicealcalde.

Por otro lado, el recurso también ve contradicciones entre la afirmación “sin ninguna precisión ni justificación” de que Alfonso Grau se embolsó una supuesta comisión de dos millones de euros y la cuantificación del incremento familiar por un importe de 802.924 euros, incluyendo a “tres familias” con “cinco adultos con titulación universitaria, superior y con puestos de trabajo bien retribuidos, tres de ellos en España, cuya comprobación hubiera sido tan fácil para conocer sus ingresos como recurrir a la AEAT o a la Seguridad Social, pidiendo un certificado de vida laboral”.

Un relato acusatorio “descafeinado”

La defensa del ex vicealcalde mantiene que “no se aporta ningún dato que permita calificar la procedencia de comisiones ilegales”. Y agrega: “En la mentalidad de quien ha redactado este auto, no entra que el uso y manejo de dinero en efectivo, sea legítimo y legal”.

El escrito argumenta que las cajas de seguridad fueron contratadas por Grau anteriormente a su incorporación al Ayuntamiento de Valencia, algo “fácilmente verificable, aunque esos detalles se le suelen olvidar siempre a la Policía Judicial”, desliza con sorna. “Tampoco es cierto que sus hijas fueran las autorizadas en esas cajas, si se hubiera pedido la documentación al banco se hubiera podido constatar que, hasta su fallecimiento en febrero de 2010, la cotitular fue su esposa Maria Ángeles Gonzalez”, agrega.

“Exigimos un mínimo de rigor y respeto por la verdad, aunque el relato quede descafeinado”, concluye.