Las cámaras de comercio fueron un verdadero transatlántico en los años de vino y rosas de la economía valenciana y un auténtico lobby que influía diariamente en la política. La crisis, como en muchos ámbitos de la sociedad, puso en su sitio a estas instituciones que todavía están buscando su lugar en la sociedad y cuya utilidad está permanentemente en cuestión, incluso por algunos empresarios. La caída de ingresos las ha dejado tocadas y prácticamente las administraciones públicas están salvándolas de la quema. Y en eso está el Consell bipartito PSPV-Compromís que continúa con su compromiso financiero que previsiblemente se incrementará.
Según las últimas cuentas del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana depositadas en el registro mercantil, la institución que concentra a las entidades de Castellón, València, Alcoi, Alicante y Orihuela perdió 156.465,92 euros en 2016. Es el segundo año consecutivo que el Consejo entra en pérdidas -en 2015 fueron de 176.097,68-, por lo que ha tenido que justificar y bien un plan de viabilidad para que todos los miembros de la junta avalen sus números.
De hecho, según el informe de auditoría incorporado a las cuentas, el Consejo de Cámaras espera que “la Generalitat valenciana, con la aprobación del Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (Patsecova), la puesta en marcha del plan de internacionalización a través del Ivace (Conselleria de Economía) y la ejecución de los convenios provenientes de Cámara España, contribuirán al restablecimiento del equilibrio financiero y patrimonial”. Es decir, además de las actuales aportaciones de la administración pública, nuevas ayudas salvarán a la entidad que preside José Vicente Morata.
Según sus cuentas, el Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana recibió en 2016 596.924,34 euros de la Conselleria de Economía, 750 euros del Servef, 16.030 de la Agència Valenciana de Turisme y 24.880,57 euros del Ivace. A este capital hay que sumar la deuda de las entidades y de la propia administración autonómica con la entidad que asciende a 1.310.660,51 euros. En este caso, algunos de los ingresos de estos entes son subvenciones finalistas por la prestación de servicios, una faceta que José Vicente Morata ha potenciado para conseguir mayores ingresos para estas instituciones que ya estuvieron al borde de la quiebra.
Según las cuentas del ejercicio 2016, “los gastos de representación del presidente ascendieron a 20.033,68 euros, idéntico importe al año anterior”. Y las retribuciones brutas de la directora general, Lourdes Soriano -casada con el exdirector general de RTVV imputado en Gürtel, Pedro García-, ascendieron a 69.053,46 euros. No es el único cargo vinculado al PP que permanece en las distintas cámaras valencianas.