Las anotaciones de los regalos navideños de Acciona a cargos públicos del PP han permitido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vincular los productos de lujo con los que fue obsequiada la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá con los pagos de la empresa por supuesto trabajos ficticios al abogado Diego Elum, que abonó dos tercios del dinero al cuñado de la primera edil popular, el también letrado José María Corbín. En las tablas de Excel internas que detallan los regalos (“de difusión y acceso limitado”), las referencias a Rita Barberá y a su hermana y jefa de gabinete aparecen enlazadas en tres ocasiones a Diego Elum. Rita Barberá recibió lujosos regalos, valorados en 7.651 euros entre 2004 y 2008 de la empresa Acciona, la misma que pagó a Elum 2,5 millones de euros, de los cuales 1,7 millones fueron a parar a manos de José María Corbín.
Los abonos fueron por supuestos servicios de asesoría jurídica en el marco de la licitación de una contrata de saneamiento valorada en 129 millones de euros. Sin embargo, el informe de la UCO incorporado al sumario del 'caso Azud' y al que ha tenido acceso elDiario.es, sospecha que se trataba de una mordida. Ambos abogados son viejos amigos desde que militaban en la extrema derecha valenciana.
De la documentación hallada en los registros del despacho de Elum y analizada por los investigadores de la Guardia Civil se desprende que los “servicios reales” prestados a raíz del contrato firmado entre el letrado y Acciona, en realidad fueron confeccionados por personal de la empresa aunque atribuidos a Elum “con el ánimo de dotar de apariencia de legalidad a los pagos”. El informe también destaca “la ausencia de trabajos” elaborados por el despacho de Diego Elum.
Los metadatos revelan una contratación “simulada”
Además, los servicios encargados a la firma Delum Abogados fueron encomendados, en paralelo, a la filial Acciona Agua. Se trata, según la UCO, de trabajos similares a los pactados con el letrado, lo que supone una “duplicidad” en la contratación. Los investigadores del Instituto Armado sospechan que Acciona y Elum crearon una “relación contractual simulada” para materializar el pago de la supuesta mordida de 2,5 millones de euros. En definitiva, los servicios contratados al letrado “no se habrían llevado a cabo”, concluye el informe.
Además, el contrato firmado entre Acciona y Elum “coincide tanto en la estructura como en el contenido” con las labores de las que se encargó le personal de la propia empresa. En los documentos atribuidos al abogado simplemente “se habría insertado la identificación profesional y rúbrica de Diego Elum”, así como el anagrama de su despacho.
Por otro lado, la UCO también ha analizado los metadatos y las propiedades de los documentos hallados en el registro del despacho de Elum, que corresponden a trabajadores de Acciona. En cientos de documentos informáticos, “en ningún caso” en sus propiedades “consta o se hace referencia a Diego Elum o alguna persona vinculada con el despacho en relación a la autoría y modificación de los archivos digitales”, agrega el informe.
Fernando D. V., antiguo responsable de un equipo de una quincena de trabajadores de Acciona dedicados a estudiar y preparar ofertas para licitaciones pública, declaró como testigo ante la UCO que Elum “no tuvo participación” en ese negociado. En esos cometidos, explicó, no participaban “miembros ajenos a Acciona ni Diego Elum, ni ningún otro”. Si el letrado hubiera participado, el testigo “lo habría sabido”, apostilló.
Una operativa “recurrente”
El pago de la supuesta mordida de 2,5 millones de euros contó con el “visto bueno” de Luis Castilla, directivo de Acciona investigado en la causa, a pesar de que el procedimiento de aprobación del gasto “aparentemente no era el usual”, según el informe.
“Tras recibir estos pagos y en una operativa que se sucede de forma recurrente, Delum Abogados transfiere dos tercios del dinero recibido a Corbín Abogados”, explica la UCO. Además, el propio Diego Elum reconoció en su declaración como investigado que “no existía ninguna actividad” por parte del despacho de Corbín hacia el suyo. Para los investigadores, “resulta especialmente relevante” que el receptor de los dos tercios de la presunta supuesta comisión fuese el cuñado de la entonces alcaldesa Rita Barberá.
La Guardia Civil sospecha que cuando Acciona pretendía hacer alguna gestión empresarial relativa a licitaciones del Ayuntamiento de Valencia, “y más concretamente a su alcaldesa”, se hacía a través de Diego Elum.
elDiario.es ha contactado con la empresa Acciona, que ha declinado comentar esta información.