El caso Gürtel, Emarsa, el caso Taula, el cártel del fuego... el curso judicial se estrena cargado en la Comunidad Valenciana y las causas desbordan los juzgados valencianos, a la cabeza en casos de corrupción. Así almenos lo denuncia el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y la asociación Jueces para la Democracia.
El TSJ valenciano ha desvelado este miércoles que los juzgados de la Comunidad Valenciana tramitan actualmente cerca de 250 causas de corrupción “de complejidad”. En 2015, el mismo tribunal incoó un total de 72 procedimientos contra aforados, un 3% más que el año anterior. Su presidenta, Pilar de la Oliva, se ha mostrado “consciente” de la “difícil” situación económica que atraviesa España, que repercute en los medios con los que pueden contar los juzgados, por lo que ha abogado por el desarrollo de la Oficina Judicial, la potenciación de Servicios Comunes y la idea de posibles tribunales de instancias para optimizar los “limitados” recursos disponibles.
Por otro lado, la asociación de magistrados progresistas, Jueces para la Democracia, ha denunciado que las“notables insuficiencias” en el sistema judicial valenciano provocan un “descontento visible en la ciudadanía”. En un comunicado, JpD ha reclamado más peritos especializados, expertos en delincuencia financiera y Policía dedicados a la “enorme cantidad” de investigaciones por casos de corrupción.
La situación ya se veía venir. En 2011, el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno del poder judicial, emitió un informe en el que alertaba de que la Comunidad Valenciana necesitaba de 63 nuevos juzgados ante el contexto de “creciente litigiosidad”, a lo que se hizo caso omiso. La asociación también critica que se ingoraran estas recomendaciones y se mantengan las insuficiencias estructurales.
“La actuación de las tramas corruptas es una verdadera amenaza para las instituciones y para el Estado de Derecho. Nuestros órganos judiciales necesitan de más peritos especializados, expertos en delincuencia financiera y agentes policiales dedicados a esta problemática, porque están en juego valores esenciales de nuestra democracia”, señalan.
En los últimos cinco años “no se ha creado ningún nuevo órgano judicial, lo cual no tiene precedentes en las últimas décadas y ello a pesar de que en su momento se acordó la creación de 15 nuevos juzgados, que nunca llegaron a ponerse en funcionamiento”, lamentan en el comunicado.