Laboralistas II. Entre la Magistratura de Trabajo y el Tribunal de Orden Público

La tragedia de Atocha’55, provocada por el asalto de un comando fascista el 24 de enero de 1977, visibilizó (…y legitimó para siempre!) la admirable función social de los laboralistas, su compromiso cívico en la lucha contra la dictadura y en defensa de los trabajadores.

Aquellos jóvenes abogados y abogadas, curtidos en las asambleas y debates universitarios, formaban parte de una nueva generación de profesionales del Derecho, implicados en la lucha por las libertades democráticas y las reivindicaciones obreras, que desde hacía una década habían tejido una amplia red de asesorías laborales por todo el país, siguiendo el hilo rojo que les unía con los primeros abogados de la resistencia antifranquista que desde mediados de los años cincuenta orientaron su actividad hacia la defensa legal de los perseguidos políticos y del naciente movimiento obrero.

Tras las dos primeras décadas de dictadura, durante las que se sumió al país en una larga noche de represión política, explotación social y retraso productivo, el franquismo se vio obligado a dar un “giro liberalizador” a su estrategia laboral mediante la promulgación de las leyes de Convenios Colectivos (24-04-58) y de Procedimiento Laboral (04-07-58), así como a aceptar las directrices económicas del Fondo Monetario Internacional a través del correspondiente Plan de Estabilización (21-07-59).

Sin renunciar al autoritarismo originario, dichas normas contribuyeron a paliar el fracaso del modelo autárquico (hasta 1956 no recuperaron los trabajadores el poder adquisitivo de 1935) e impulsar una nueva fase de “desarrollismo” productivo que implicaba, entre otros cambios, la introducción de algunos elementos propios de la estrategia empresarial moderna en materia de contratación y organización del trabajo, que requerían de una cierta bilateralidad e interacción entre las dos partes de la relación laboral, que pronto habría de ser hábilmente utilizada por los núcleos fundacionales del nuevo movimiento obrero.

A partir de entonces, y durante las dos décadas siguientes, la negociación colectiva (parcial y controlada) fue abriendo una brecha que posibilitaba el conflicto (individual y colectivo) al tiempo que las elecciones sindicales (enlaces y jurados de empresa) permitían acumular recursos organizativos y de movilización social, con el consiguiente despertar de una nueva conflictividad social cuyo inicio simbólico podemos situar en las huelgas de la minería asturiana de 1962 y en el movimiento de solidaridad que convocaron.

Aquel estallido obligó al Régimen a regular por primera vez los procedimientos de solución de conflictos colectivos de trabajo (Decreto de 20 de septiembre de 1962), con lo que se admitía implícitamente su existencia (en flagrante contradicción con la retórica verticalista), al tiempo que se reiteraba la prohibición de la huelga y del derecho de asociación sindical, tipificados como delitos y causa de despido, cuyo ejercicio podía suponer el procesamiento tanto penal (Tribunal de Orden Público, creado a finales de 1963) como laboral (Magistratura de Trabajo).

La necesidad de defensa legal ante ambas jurisdicciones especiales movilizará desde entonces a un creciente número de abogados demócratas y está en el origen de lo que acabarán siendo los “despachos laboralistas”.

Defensa laboral ante las Magistraturas de Trabajo

Creadas por Decreto de 13 de mayo de 1938, como tribunales unipersonales para hacerse cargo de todas las causas de carácter laboral, bajo el control exclusivo de los funcionarios y abogados verticalistas, las Magistraturas de Trabajo mantenían una triple dependencia de los dictados del gobierno de carácter tanto orgánico como funcional e ideológico, tramitando parsimoniosamente reclamaciones de cantidad (salarios, horas extra, vacaciones), accidentes de trabajo y rescisiones de contrato.

Con las primeras negociaciones colectivas y tras el cambio en la regulación del procedimiento laboral, el centenar de Magistraturas de Trabajo existente en todo el país registrará un incremento sostenido de la litigiosidad, pasando de una media anual de 45.000 casos durante las dos primeras décadas a los 150.000 a partir de 1963, hasta alcanzar los 258.036 asuntos en 1975, expresión tanto de la conflictividad creciente como, a sensu contrario, del decreciente miedo de los trabajadores a impugnar arbitrariedades y abusos patronales.

La intervención individual (…y coordinada) de los abogados laboralistas ante las Magistraturas de Trabajo, basada en su buen conocimiento de la legislación y una creciente habilidad procesal, conseguirá poner de manifiesto las contradicciones de la norma encontrado brechas para la defensa de los trabajadores, obteniendo cada vez más y mejores sentencias favorables en las sombrías salas de la calle Maestro Clavé (Valencia), General Marvá (Alicante) i d’En Mig (Castellón).

Mientras contribuían desde fuera a la conquista de derechos, los laboralistas transformaban dentro sus despachos colectivos en zonas de libertad, al amparo de la protección formal (no siempre respetada!) que otorgaba el Estatuto de la Abogacía, desde las que coordinar y asesorar las cada vez más frecuentes movilizaciones obreras en defensa de sus reivindicaciones inmediatas y un nuevo modelo laboral y sindical.

Defensa política ante el TOP

El Tribunal de Orden Público había sido creado por la Ley 154/1963 de 2 de diciembre, en un intento franquista de “civilizar” la represión restando poder a los tribunales militares tras las condenas a muerte unos meses antes del comunista Grimau y los anarquistas Delgado y Granados, así como de conferir cobertura legal a la persecución de las crecientes protestas obreras, estudiantiles y profesionales que el año anterior habían forzado al régimen a declarar el estado de excepción.

Los procedimientos iniciales corrían a cargo de la Brigada Político-Social de la policía (BPS), eslabón fundamental de la cadena represiva de la dictadura, responsable de las investigaciones, detenciones y, en muchos casos, torturas y vejaciones de quienes osaban expresar su oposición al régimen.

En los trece años de vigencia de la Jurisdicción de Orden Público se incoaron un total de 22.660 procedimientos que afectaron a 50.714 personas, de las que fueron finalmente procesadas 9.154 (el 18,1% del total), imponiendo a los demás multas gubernativas sustitutivas de prisión menor.

A diferencia de los tribunales militares, los procesados por el TOP podían elegir a sus abogados defensores y recurrir las sentencias, lo que acabaría convirtiendo al madrileño Palacio de Las Salesas, sede de dicho Tribunal, en punto de encuentro y coordinación de la abogacía democrática que, pese a su pluralidad ideológica, mantuvo siempre estrategias unitarias.

Fueron 1.471 los abogados y 272 los procuradores que actuaron en defensa y representación de rojos, sindicalistas y demócratas antifranquistas, cuya memoria merece una reivindicación histórica por su dignidad profesional y compromiso democrático.

Desde el 23 de marzo de 1964 al 20 de diciembre de 1976, el Tribunal de Orden Público dictó 3.891 sentencias, de las que el 73% fueron condenatorias, en una proporción que se mantendría prácticamente inalterada durante todo el período, salvo ligeras oscilaciones.

Según el exhaustivo estudio del laboralista Juan José del Águila (Planeta, 2001), los 6.748 condenados por el TOP acumularon un total de 11.731 años de cárcel y 31.580.000 de pesetas en multas (tres millones y medio de euros al cambio actual, en función de la inflación acumulada), por “delitos” que en la inmensa mayoría de los casos estaban relacionados con conductas que hoy constituyen derechos consolidadas y constitucionalmente reconocidos, tales como los de asociación (32,9%), propaganda (24,3%), reunión y manifestación (12,8), opinión (5,8%) y otros conexos (10,8%).

En función de sus características sociodemográficas, los procesados se distribuían entre trabajadores asalariados (60%), estudiantes (22%) y profesionales y técnicos (18%), siendo la mayoría varones (sólo el 10,3% fueron mujeres) y jóvenes (el 50,2% tenía menos de 25 años).

Por lugares de residencia el mayor volumen de procesados correspondió a Cataluña (20%), seguida de Madrid y País Vasco (19% en ambos casos), Andalucía y Asturias (11 y 6 por cien, respectivamente) y el País Valenciano (5% del total), lo que configura el mapa de los principales núcleos de resistencia antifranquista durante el período de referencia.

En nuestra Comunidad fueron 421 los procesados por el TOP cuya defensa fue asumida, en momentos y proporciones diferentes, por una treintena de letrados locales, entre los que encontramos los nombres más insignes de la abogacía democrática valenciana de la época y a los fundadores de los primeros despachos laboralistas.

Pese a la oposición creciente, o precisamente por ello, los últimos años de la dictadura registraron los niveles más altos de actividad represiva: entre 1975 y 1976 fueron incoados por el TOP 9.628 procedimientos (42,5% del total), afectando directamente a cerca de veinte mil personas.

Tras la muerte del dictador y el inicio de una compleja transición a la democracia, la creciente movilización social en demanda de amnistía y libertad hacía insostenible la continuidad de un tribunal tan marcadamente represivo como el TOP.

Es por ello que, atendiendo a razones más cosméticas que éticas y en un acelerado e interesado ejercicio de transubstanciación jurídica, el Gobierno reformista presidido por Adolfo Suarez, procedió, mediante dos normas sucesivas (Reales Decreto-Ley 1 y 2, de 4 de enero de 1977) a crear la Audiencia Nacional y suprimir el Tribunal de Orden Público, respectivamente, lo que permitió que dos terceras partes de los jueces del viejo TOP pasaran sin solución de continuidad a la nueva Audiencia Nacional o al Tribunal Supremo, sin cambiar siquiera de despacho en Las Salesas.

Fue tal vez ahí, y así, donde se sentaron las bases de la siempre inacabada transición democrática del sistema judicial español, gran parte del cual ha reproducido desde entonces pautas corporativas y sesgos conservadores, e incluso ilustres apellidos (…compuestos, of course!) en algunos de sus máximos dirigentes (Mariscal de Gante, Torres-Dulce…) que remiten a la nómina de la cúpula represora del TOP.