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El pasado miércoles 7 de enero entraba en vigor el nuevo decreto de convivencia de la Generalitat Valenciana en el ámbito educativo, una norma elaborada en la época del controvertido José Antonio Rovira como conseller del ramo. El decreto nace con el objetivo de “reforzar la protección del alumnado, especialmente el más vulnerable, prevenir la violencia en las aulas y consolidar entornos educativos seguros, inclusivos y respetuosos”, según destacaba la consellera de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, Carmen Ortí, y responde a “una demanda del colectivo docente y también de las familias ante el aumento de la violencia y el ciberacoso en los últimos años”.
La titular de Educación aseguraba que la norma, que establece uno de los marcos normativos “más actualizados en España” para la gestión de la convivencia escolar, es fruto de “un procedimiento participativo con la consulta pública y la inclusión de propuestas de todos los sectores educativos y sociales que quisieron realizar aportaciones”.
Sin embargo, desde la comunidad educativa valenciana no comparten esta visión. Tal y como asegura Rubén Pacheco, presidente de Fampa València y portavoz de la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya, “no existe consenso con las familias, el profesorado y el sector educativo, porque no se han aceptado las enmiendas ni las propuestas realizadas por la asociación mayoritaria de familias, la Gonzalo Anaya, ni por los sindicatos; una cosa es que estas normas pasen por las mesas sectoriales, y otra es que nazcan del consenso, porque si no se acepta ni una sola de las enmiendas, es como si no hubiera pasado: se cumple el trámite y punto”.
El presidente de Fampa València califica de “auténtica vergüenza” que la norma del Consell se haya quedado “simplemente en eso, un decreto de convivencia, prácticamente eliminando las cuestiones de igualdad y de género, las borra y simplemente aparecen en el texto de una manera testimonial, y porque algunos sectores y entidades reclamamos su regreso al texto”. Sin embargo, la Conselleria incluyó estas cuestiones “de manera testimonial en algunos párrafos, de forma que nos ha quedado un texto cojo, que no soluciona ninguna de las situaciones que no estuvieran ya reflejadas en el anterior decreto de igualdad y convivencia”.
El Gobierno valenciano, se lamenta Pacheco, “ha vuelto a demostrar que cede de una manera absoluta y vergonzosa a los dictados de Vox, aunque no estén gobernando con ellos; cede de una forma palmaria ante la extrema derecha”. “La norma nace de la carga ideológica que impone Vox, una carga ideológica que lo que pretende es eliminar la violencia de género y la necesidad de trabajar estas temáticas en el ámbito educativo, que es una de las premisas fundamentales de la ultraderecha”.
Reforzar la protección de las víctimas de acoso
Tal y como destacan desde la Conselleria, entre las principales novedades, la nueva norma incorpora una vertiente inclusiva, reforzando la protección de las víctimas, especialmente del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o en situación de vulnerabilidad, que actuará como causa agravante en la gradación de la responsabilidad.
En palabras de la consellera, representa “un blindaje legal ante las conductas que alteran la convivencia en los centros educativos, garantizando la protección y el bienestar del alumnado, incluyendo la igualdad, la inclusión, el respeto a la diversidad, así como los derechos regulados en la normativa vigente”.
Para garantizar el derecho de las víctimas a la información, su participación en el procedimiento y un trato respetuoso, el decreto consolida la figura de la coordinación de bienestar y protección como elemento clave en la prevención y actuación ante situaciones de violencia.
Bajo la supervisión de la dirección del centro, y en colaboración con los servicios de orientación, esta nueva figura será la responsable de articular las medidas de protección del alumnado, impulsar protocolos y trabajar de manera coordinada con los profesionales de los Servicios Sociales, de salud mental infanto-juvenil y de otros recursos del entorno.
El decreto refuerza la respuesta frente al acoso escolar y el ciberacoso, regula el uso de dispositivos móviles y simplifica los procedimientos disciplinarios.
Regular el uso de móviles y procedimientos de conciliación
Respecto al uso de dispositivos móviles en los centros educativos, la norma regula su uso, permitiéndolo únicamente con fines didácticos recogidos en el proyecto educativo o por motivos de salud debidamente justificados, con el objetivo de mejorar la convivencia y el bienestar socioemocional del alumnado.
Paralelamente, Ortí ha subrayado que la nueva norma “regula la aplicación de procedimientos conciliadores basados en la mediación y reconoce la autoridad docente”. En este sentido, el profesorado cuenta con protección jurídica y cualquier agresión, injuria u ofensa en el ejercicio de sus funciones pasa a ser considerada falta grave.
El decreto incorpora medidas educativas provisionales, el procedimiento conciliador ante faltas graves y la posibilidad de tramitación urgente de los expedientes disciplinarios en los casos más graves, reduciendo plazos y garantizando la seguridad jurídica.
Paralelamente, se simplifica la gestión administrativa mediante un módulo específico en la plataforma Itaca que permitirá el seguimiento digital de los procedimientos.
En definitiva, la Generalitat resalta que con esta norma se avanza en la actualización del marco normativo de convivencia educativa y en el fortalecimiento de la respuesta de los centros ante el incremento de las incidencias registradas en los últimos años.