Entre el respeto institucional y la indignación democrática: una reflexión atea
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Como miembro del dieciséis por ciento de la población española que se declara abiertamente atea, observo la realidad política y social de nuestro país desde una laicidad convencida, pero nunca desinteresada. Ser ateo no significa vivir de espaldas a los valores éticos que mueven al mundo, ni tampoco rechazar sistemáticamente cualquier mensaje por el simple hecho de tener un origen religioso. Por eso, ante la histórica y controvertida intervención del Papa León XIV en el Parlamento español, mi reacción se mueve en una dualidad incómoda pero necesaria: el reconocimiento de algunos de sus mensajes y la indignación más absoluta frente a otros.
Empecemos por el consenso. Reconozco que encontré acertadas, e incluso encomiables, ciertas partes del discurso papal. Cuando el pontífice hace una defensa enconada del diálogo y la tolerancia en un mundo cada vez más polarizado, es imposible no estar de acuerdo. Cómo lo es aplaudir su denuncia del uso de la fuerza, de la guerra, en detrimento de la negociación y la paz. También comparto plenamente su exigencia de una potente política social que permita ayudar a los más débiles y vulnerables, así como su llamamiento, especialmente necesario en los tiempos que corren, a ser abiertos y solidarios con los inmigrantes que arriesgan sus vidas en busca de un futuro mejor. Son valores universales, humanos, que no necesitan divinidad alguna para ser defendidos, y me reconozco en ellos.
La línea roja de la soberanía popular
Sin embargo, el problema surge cuando la misma autoridad que pide tolerancia cruza la línea de la impertinencia. Como ciudadano de una sociedad madura, protesto airadamente ante el atrevimiento de León XIV de criticar hasta la descalificación algunas leyes aprobadas democráticamente en el mismo Parlamento que le acogía. El Congreso de los Diputados es la casa de la soberanía popular, el espacio en el que reside la voluntad de una ciudadanía diversa y plural. Que un líder religioso de proyección internacional utilice esta tribuna para cuestionar el marco legal que nos hemos dado libremente es un insulto a nuestras instituciones.
El asombro es aún mayor cuando nos fijamos en quien emite estos juicios. ¿Cómo se atrevió? Hablamos del hombre que es el máximo responsable de una institución, la Iglesia Católica, que mantiene una estructura anacrónica e insoportablemente discriminatoria. ¿Cómo pontificar sobre el marco legal y democrático de este país desde una organización que margina y humilla históricamente a la mitad de la población, las mujeres, negándoles la igualdad de derechos en su seno?
La lista de contradicciones hiere la sensibilidad de cualquier persona con un mínimo sentido ético:
- El encubrimiento de la pederastia: Es el dirigente indiscutible de una Iglesia que ha permitido los abusos a menores en su seno, llegando a extremos aberrantes de proteger a los delincuentes que han destruido la infancia de miles de niños y niñas durante décadas.
- La oposición al matrimonio igualitario: Es el jefe de una entidad que se opone de forma militante a que el amor entre dos personas del mismo sexo pueda sustanciarse en el matrimonio civil, un derecho que niegan a esa ciudadanía.
- La negación de los derechos reproductivos: Como jefe de la confesión católica, niega el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre un embarazo no deseado, imponiendo una visión dogmática sobre su cuerpo.
- El rechazo a la muerte digna: Es de facto el representante de su Dios en la tierra para negar la posibilidad de morir dignamente a aquellos enfermos terminales que gritan de dolor y sufrimiento, obligándoles a un calvario inútil en nombre de una pretendida santidad de la vida que ellos mismos gestionan de forma selectiva.
El anacronismo de un poder absoluto
No es de recibo que una autoridad religiosa llegue a una casa democrática ajena a malhablar de las leyes aprobadas en ella. Y es aún menos tolerable cuando quien lo hace preside una de las instituciones más antidemocráticas —si no la que más— que existen actualmente en el planeta.
La Iglesia de León XIV no sabe lo que es votar, ni qué es la separación de poderes, ni qué es la rendición de cuentas ante la ciudadanía. Es un estado absolutista donde la palabra de un solo hombre se convierte en ley divina. ¿Con qué derecho, pues, se permite aleccionar un Parlamento legítimo que representa a creyentes de otras religiones, agnósticos, y a ese dieciséis por ciento de ateos que miramos con perplejidad cómo se confunde la diplomacia con la sumisión ideológica?
La libertad de culto y el respeto a las creencias personales son pilares fundamentales de nuestra convivencia, y como ateo los defenderé siempre. Pero el respeto debe ser mutuo. El Papa tiene todo el derecho del mundo a fijar la doctrina para sus fieles dentro de sus templos, pero no tiene ningún derecho a utilizar las instituciones de un Estado aconfesional como el nuestro para torpedear los avancesen derechos fundamentales que tanto nos ha costado conseguir.
Como ateo, reivindique un espacio público libre de tutelas religiosas. Escuchemos el mensaje de solidaridad del Papa con los inmigrantes, porque la humanidad nos une a todos; pero rechacemos con firmeza su injerencia en algunas de las las leyes que regulan nuestra convivencia. La democracia española no puede agachar la cabeza frente a aquellos que, en pleno siglo XXI, todavía pretenden manipular a los ciudadanos como si fueran un rebaño y, en paralelo, deslegitiman diversas leyes civiles considerándolas pecado según su particular y exclusiva moral.