El Gobierno valenciano asegura que “no habrá recortes en absoluto” y se aplicará la progresividad fiscal
El pleno del Consell ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley de medidas fiscales de la Generalitat para 2021, la conocida como 'Ley de Acompañamiento' a los presupuestos, que regula los impuestos, tasas y deducciones fiscales para el próximo año. La norma incorpora un fondo de economía circular y deducciones para trabajadores afectados por ERTE, familias que vivan en municipios en riesgo de despoblación, víctimas de violencia machista o mujeres prostituidas, o donaciones para investigar el tratamiento del coronavirus.
El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha detallado algunas de las medidas que recoge la norma en el pleno celebrado desde Ayora, como símbolo de la lucha contra la despoblación que lleva a cabo el Consell, con un corte de luz incluíso. Soler ha insistido en que “no habrá recortes en absoluto”. “La progresividad fiscal forma parte del ADN de este gobierno”, ha garantizado con la intención de seguir trabajando en esta línea y en los impuestos 'verdes' a medio y largo plazo.
La norma crea un fondo de economía circular para financiar el tratamiento de residuos, el reciclaje de alta calidad, la recogida selectiva o el compostaje y se nutrirá de la recaudación del impuesto de residuos para vertederos y de la tasa de incineración, dos impuestos ya en vigor. Sobre los nuevos impuestos que planteó el jueves Compromís en su propuesta de reforma fiscal, el conseller socialista ha asegurado “no cerrarse a nada”. “Aquí no improvisamos nada, contamos con expertos”, como los del Observatorio Fiscal Valenciano. “Tenemos toda la legislatura para trabajar”, ha confiado, y ha garantizado que hay “un consenso gubernamental muy grande”.
Soler ha destacado que el Consell emprendió “un camino de largo recorrido” en 2015 y 2016, con la reforma de los tramos autonómicos del IRPF un “salto cualitativo en progresividad fiscal” y ahora para 2021 da “un paso más”. La vocación “no es tanto recaudatoria, sino sobre todo para la política medioambiental, que para las sociedades avanzadas y muy urbanizadas es un tema estratégico”.
Minutos antes, la vicepresidenta Mónica Oltra expresaba que “es más necesario que nunca un sistema de aportación colectiva justo, progresivo y equilibrado”, recordando que la OCDE ya ha recomendado a los estados fortalecer la protección social y apostar por un reparto más justo, aumentando los impuestos verdes y sobre la propiedad.
Entre las medidas contra la crisis hay deducciones para compensar la carga en el tramo autonómico del IRPF de las ayudas a afectados por ERTE y a los trabajadores que han reducido su jornada para conciliar en el estado de alarma, con efectos desde el 1 de enero. También se establecen deducciones para donaciones de dinero dirigidas a programas de investigación para el tratamiento y prevención de la Covid-19, junto a otra del 20% para donaciones en metálico o especie para contribuir a los gastos derivados de la pandemia.
Paralelamente, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) contempla bonificar el coste de los avales otorgados a las pymes, con el objetivo de ayudar a empresas “muy castigadas”. Se incluyen por primera vez como destinatarios los sindicatos y organizaciones empresariales.
Para luchar contra la despoblación hay una deducción autonómica de 300 euros para familias que vivan en municipios con riesgo de quedar vacíos. A esta rebaja se sumarían otras de 120 euros en caso de tener un hijo, 180 si hay dos y 300 si tres, con lo que una familia numerosa podría ahorrarse hasta 540 euros. También hay una deducción para aportaciones en nuevas sociedades de capital y cooperativas innovadoras que generen empleo y estén en municipios en riesgo de despoblación, del 30% hasta 6.000 euros y del 45% hasta 9.000.
Por otro lado, las víctimas de violencia machista se incorporan como beneficiarias de la deducción autonómica del IRPF para el arrendamiento de vivienda habitual, con lo que se equiparan a los jóvenes o discapacitados. Son del 15% hasta 550 euros, del 20% hasta 700 y del 25% hasta 850, en este último caso para mayores de 35 años y/o con discapacidad.
Esta víctimas también entran como beneficiarias del tipo superreducido del 4% en las transmisiones patrimoniales en la compra de viviendas para residencia habitual, una deducción a la que también podrán acogerse las familias monoparentales.