Los partidos del Botánico impulsan un impuesto para grandes tenedores de viviendas vacías y negocian aumentar tributos a rentas altas
Los partidos que conforman el Gobierno del Botánico avanzan en las negociaciones de la reforma tributaria. Pese a que Hacienda, departamento de titularidad socialista, se ha mostrado reticente a tocar algunos impuestos, los grupos parlamentarios han comenzado a trabajar en algunas modificaciones. Este viernes, representantes de PSPV, Compromís y Unides Podem comenzaron a trabajar en la reforma fiscal que acordaron abordar hace más de un mes, en la comisión de seguimiento del Pacto del Botánico, con la Ley de Medidas Fiscales para 2021 ya presentada. Así, todo cambio requiere de un consenso de las tres fuerzas políticas, que se materializaría en enmiendas a la norma que se aprueba cada año junto a los Presupuestos de la Generalitat Valenciana.
Los grupos avanzan en la creación de un impuesto a las viviendas vacías, una medida que planteaba la formación morada y que pretende sancionar a los grandes propietarios que no saquen al mercado viviendas desocupadas -que lleven dos años vacías sin causa justificada-. El tributo se ampara en la Ley de Función Social de la Vivienda, aprobada por los socialistas en la pasada legislatura y que ahora Unides Podem gestiona desde la vicepresidencia segunda. Rubén Martínez Dalmau, titular de Vivienda, lleve meses advirtiendo de que el Ejecutivo autonómico incorporará “mecanismos sancionatorios para que las viviendas finalmente salgan al mercado y puedan ser habitadas” .Compromís y Unides Podem han presentado propuestas fiscales muy similares y compatibles, que apenas distan en algunos matices y siguen las líneas ya anticipadas en sus consellerias: sancionar a las grandes empresas que contribuyan al cambio climático, incrementar tributos a rentas elevadas y avanzar contra el fraude fiscal. Ambos instan al PSPV a ser coherente con las líneas del Gobierno de coalición y su propuesta de reforma fiscal.
Reducir la presión fiscal a rentas bajas y elevarla a las grandes fortunas es otra de las líneas en las que los partidos quieren avanzar. Según explican fuentes cercanas a la negociación, los socialistas asumen el compromiso de revisar el impuesto de Patrimonio que plantea Unides Podem para que comience a gravarse a partir de 500.000 euros (ahora el mínimo es de 600.000, y se excluye la primera vivienda) y estudiarán con Hacienda las posibilidades en los tramos del IRPF, como planteó Compromís, aunque sobre esta cuestión se muestran escépticos, dada la reiterada negativa del PSPV, que argumenta que el sistema fiscal valenciano se reformó en 2017.
El relato, ese concepto tan repetido durante las negociaciones del Gobierno de coalición estatal, sigue presente. Los socialistas no quieren que la población general piense que les van a subir los impuestos en un momento de crisis y las dos formaciones a su izquierda creen que el discurso debe poner el acento en la justicia fiscal: que pague más quién más tiene. Subidas como la que plantea Compromís afectan al 0,6% de los contribuyentes del IRPF -unas 13.000 personas- y propuestas como la de Unides Podem a cerca de 20.000 contribuyentes, los que pagan el impuesto de Patrimonio, dos cifras alejadas del grueso de los cinco millones de personas que habitan la Comunitat Valenciana. Por su parte, la propuesta que presentó el conseller de Hacienda aboga por bonificaciones fiscales para familias vulnerables, víctimas de violencia de género y lucha contra la despoblación.
Donde se encuentra más cómodo el departamento de Vicent Soler es en la persecución del fraude fiscal. Hace un par de semanas la Agencia Tributaria Valenciana comunicaba una investigación a 60 grandes patrimonios por cambiar su domicilio social a Madrid y apuntaba a un posible fraude y ya sancionó a 22 defraudadores para recuperar 14 millones de euros. De aprobarse la propuesta que hay sobre la mesa, Hacienda debería hacer público el listado de defraudadores.