Martínez Dalmau: “Vamos a movilizar 20.000 viviendas vacías para conseguir que haya mayor oferta y que bajen los precios del alquiler”

Rubén Martínez Dalmau (Teulada, 1970) es vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana, único representante de Podemos en el Gobierno autonómico. Su conselleria se creó a partir de una dirección general en el anterior organigrama con la clara vocación de dotar de visibilidad a las políticas de vivienda del segundo Gobierno del Botánico, integrado por PSPV, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida.

Tras un año en el cargo, el conseller revela que pondrá en marcha un decreto que obligue a los grandes tenedores de vivienda a movilizar aquellos pisos vacíos para ponerlos a disposición de los ciudadanos, dado el contexto de emergencia habitacional. Según sus datos, la banca y la Sareb –Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria– cuentan con más de 20.000 viviendas vacías en el territorio valenciano.

Ahora que cumplen un año en el Consell, ¿qué evaluación hacen?

Por fin hay políticas de vivienda en la GVA que tienen un marcado carácter social. Hemos conseguido hitos que parecían muy lejanos pero que hemos podido consolidar: ampliar el parque público como antes era impensable, solo con la aplicación de tanteo y retracto hablamos de una ampliación histórica, de avances normativos como el decreto que hace posible que los ayuntamientos puedan ampliar las casas en manos de los municipios, de haber concedido 11 veces más ayudas al alquiler que en el último gobierno de Fabra –de 3 a 33 millones de euros–, hemos batido récords en ayudas de rehabilitación... Estamos creando un nuevo paradigma en las políticas de vivienda de la Comunitat Valenciana.

Ha sido un año convulso. Dos temporales que arrasaron algunos municipios, la pandemia... ¿A qué se enfrentan? ¿La conselleria tiene recursos?

Estamos claramente ante una emergencia habitacional. Como consecuencia de los temporales muchas casas se han destruido o han quedado en condiciones de deshabitabilidad. La Generalitat ha dado un paso comprando vivienda, buscando casas para los ayuntamientos, con entidades bancarias... La idea fundamental es que ninguna familia puede quedarse sin techo. La Generalitat no ha dudado en poner todos los medios a su alcance. Con la pandemia nuestro modelo de necesidades habitacionales ha cambiado y seguramente cambiará; la forma que tengamos de construir será diferente. Ahora sí sabemos que el derecho a la vivienda no solo es un derecho relacionado con la dignidad de las personas sino un derecho relacionado con la salud y eso lo hace más importante aún. Nadie puede dudar ya de que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental y así lo consideramos.

Cuando empiecen a negociarse los presupuestos, ¿cuál será su prioridad?

Está claro que tienen que ser sustantivamente sociales. Continuamos con los mismos problemas, con infrafinanciación de las cuentas valencianas, que tiene que solucionarse con urgencia. Con lo que hay, tenemos que ir avanzando hacia políticas sociales. Lógicamente, nuestra prioridad es resolver los problemas de vivienda que se nos van a presentar y continuar ampliando las políticas de parque público y condiciones de garantía del derecho a la vivienda. Tanto la parte de protección como la del parque público tienen que ser cuidadas y yo diría que incrementadas.

¿Ha crecido la demanda de vivienda pública?

Siempre hay. Tenemos alquileres que son asequibles, por debajo del precio de mercado, aplicamos políticas de dignificación del parque público, mantenimiento, mejora de la accesibilidad y mantenimiento energético. Muchas familias quieren vivir en una vivienda pública, por eso es tan importante ampliar. Y no me refiero solo a las de la Generalitat, es muy importante que los municipios tengan sus parques públicos, que tengan entidades de gestión, vivienda de transición para situaciones de emergencia como violencia machista, temporal... Cada vez son más conscientes. Aspe, Castellón y Valencia están muy interesados en ejercer el derecho de tanteo y retracto para ampliar sus viviendas.

Cuando se creó la consellería desde una dirección general hubo poca confianza respecto a que con el escaso presupuesto se pudieran hacer políticas efectivas.

Hemos destinado el dinero a rehabilitar, dar ayudas al alquiler y a comprar casas. Con poco dinero, hemos hecho mucho. Cuando las casas son rematadas a un fondo de inversión, comprarlas no cuesta mucho dinero. Con la última operación hemos conseguido comprar casas a precios irrisorios, 1.000 o 2.000 euros, ahí hay un ahorro considerable. Hemos demostrado que se puede hacer política de vivienda muy valiente con recursos limitados. Pero cuantos más recursos tengamos, mejores políticas podremos hacer. No se trata solo de buscar oportunidades, se trata de realizar políticas expansionistas de vivienda y esto implica más recursos.

Pero esa operación se hizo con el decreto del PP. ¿Por qué no se había utilizado antes si existía la herramienta?

Realmente se cierra con el decreto de tanteo y retracto en vigor. Otra cosa es que la normativa anterior daba capacidad para aplicar en algunos casos el tanteo, pero no se hizo en las dos décadas de gobierno del PP.

¿No ampliar el parque público de vivienda era una cuestión económica o una cuestión política?

Era una cuestión ideológica. Las políticas de vivienda eran políticas especulativas, un negocio. No solo fue no ampliar el parque público, fue vender casas a particulares y reducir el parque público.

¿En qué situación está el parque público?

Estamos en pleno proceso de reparación y rehabilitación. Hay un número importante de viviendas que no estaban accesibles porque no estaban habitables. En general, el parque público ha sido muy maltratado durante los gobiernos de la derecha. A través de la EVHA estamos invirtiendo una cantidad récord para dignificar ese parque público, para que las personas que vivan en él tengan las condiciones dignas.

¿Tienen una estimación de cuántos pisos vacíos hay en la Comunitat Valenciana?

Realmente no hay un censo de pisos vacíos y es algo que vamos a poner en marcha. Según los datos que nos han llegado de la Sareb y las entidades financieras, tenemos constancia de que hay 20.000 viviendas vacías en la Comunitat Valenciana. En la situación de emergencia habitacional en la que vivimos, con familias con necesidad de vivienda, mercados de alquiler tensionados que hacen difícil que una persona joven o una pareja puedan pagar el alquiler, ¿nos podemos permitir el lujo de tener 20.000 viviendas vacías? Yo creo que no.

¿Cuál es la idea?

Movilizar las viviendas vacías para conseguir que haya mayor oferta de vivienda, mayor capacidad para que las personas puedan encontrar una vivienda adecuada a sus necesidades y que bajen los precios del alquiler al haber mayor oferta.

Hemos colocado los mecanismos necesarios para ampliar el parque público, que dará respuesta a esos elementos: introducirá a las familias que necesitan vivienda pública en una vivienda de la Generalitat y destensará el mercado. Ahora tenemos que hacerlo con el parque privado, que son 20.000 viviendas vacías.

¿Cómo? Poniendo en marcha el registro de viviendas desocupadas, que nos permitirá conocer el estado del inmueble y si está desocupado. A partir de ahí, crearemos una serie de mecanismos de fomento para que las casas encuentren quien las habite. Trabajamos en la creación de un portal inmobiliario de alquiler social donde las viviendas vacías tengan que estar presentes y se pongan a disposición de quienes requieran un alquiler. Deben ser alquileres sociales o en el marco de la competitividad; si la vivienda continúa vacía pese a ser declarada desocupada, tendremos que incorporar mecanismos sancionatorios como multas para que las viviendas finalmente salgan al mercado y puedan ser habitadas. Tenemos que combatir la vivienda vacía. Así podemos nutrir las necesidades de las familias valencianas y destensionar el mercado del alquiler.

¿Esa norma se ampara en la Ley de Función Social de la Vivienda?

Algunas medidas sí, las sanciones están previstas. Introduciendo algunos elementos normativos se puede poner en macha, con un decreto ley.

¿Las inmobiliarias hacen juego sucio con los precios del alquiler?

Es un mercado bastante cerrado. Los precios del alquiler a estos niveles son inasequibles. No se cumple la recomendación de Naciones Unidas de no destinar más del 30% de los ingresos al alquiler. Tenemos que buscar medidas y tienen que ser en nuestras competencias; no podemos regular el precio de alquiler pero sí movilizar viviendas desocupadas. Son mecanismos que se realizan en otros lugares de Europa, de fomento. Vamos a servir de intermediarios entre propietarios de pisos desocupados y familias con necesidad de vivienda, pero habrá mecanismos coercitivos si hacen falta.

Hablaba antes de juventud y alquiler. De forma recurrente aparecen estudios que indican que los jóvenes no pueden emanciparse, que necesitarían el 90% de su salario para un alquiler medio o que los valencianos son los terceros que más tardan en salir de casa de sus padres. No parece un problema exclusivo de precio de la vivienda, sino de precariedad, de salarios bajos... ¿Qué medidas pueden poner en marcha?

Las generaciones jóvenes en la actualidad son las que históricamente más complicadas han tenido las cosas. Estamos en un momento de precariedad laboral importante, ya que ha habido toda una crisis económica que se ha cebado en los desocupados de larga duración y en los jóvenes... Hay diferentes elementos que han incidido en que haya jóvenes que tengan las cosas difíciles. Hay que darle la vuelta a la situación. Desde la conselleria, buscamos los mecanismos para tener el derecho a la vivienda garantizado. Una parte importante de las ayudas de alquiler son para jóvenes, hablamos de 33 millones; de que una parte de las promociones de vivienda pública van destinadas a personas jóvenes... Este mecanismo de movilizar vivienda desocupada está destinado a jóvenes.

¿Hace falta una ley que regule los precios de alquiler?

Es un debate que se está teniendo y no es un debate pacífico. En Unidas Podemos habitualmente estamos a favor de la regulación de los precios de alquiler, al menos de los máximos. Pero puede llevar a otros mecanismos económicos que pueden no preverse a corto plazo. Prefiero movilizar la vivienda desocupada y sancionar a los grandes tenedores que no quieren aplicar esas políticas.

Hablando de vivienda desocupada. Si ha visto los informativos durante este verano habrá observado que el tema de la ocupación irregular parece preocupar a bastante gente. ¿En la Comunitat Valenciana, es un problema real? ¿Cuántos pisos públicos hay ocupados?

Está claro que hay una percepción pública sobre la ocupación como un problema. Puede tener algunos elementos razonables de análisis y otros influidos por determinada percepción ideológica. Lo que es real es que en la Comunitat Valenciana menos del 10% del parque público está ocupado y está en proceso de regulación; se está yendo casa por casa a ver cuál es la situación de vulnerabilidad y en muchos casos es alta. Eso implica un discernimiento de familias que necesitan una casa y en los casos en los que hay ocupación para cometer actos ilícitos o realizar uso indebido; ahí nuestra política es tolerancia cero.

¿Cuántas familias que han ocupado no tenían alternativa habitacional?

Se ha hecho una selección de familias que tienen situación de vulnerabilidad y en los casos de uso indebido la casa se ha recuperado para ponerla a disposición de las familias. La política de vivienda no puede ser taxativa y desocupar todo el parque público, afectaría a muchas familias con necesidades objetivas.

¿Tienen datos sobre desahucios del último año?

Están en cifras muy menores, pero no podemos confiarnos. Ha habido un escudo social para proteger a la gente, pero a partir del momento en que la moratoria se levante, aunque hay voluntad de mantenerla, nos daremos cuenta de la realidad y tenemos que estar preparados. Por eso trabajamos en la movilización de casas vacías y destinando recursos a afectados por la COVID-19, a ayudas de alquiler.

La pandemia ha demostrado que, si hay voluntad, se pueden poner los recursos públicos y privados al servicio de la ciudadanía en muy poco tiempo. ¿Cree que esto es una lección o que puede no durar cuando se supere la emergencia sanitaria?

De la pandemia no hay nada que celebrar pero hay mucho que aprender. Creo que lo que más ha salido reforzado es la necesidad de Estado social. No podemos seguir manteniendo las propuestas neoliberales, el Estado es necesario y es necesario para poder dotar de salud a las personas. Mi análisis es que los que creemos en un Estado social, del bienestar, vemos favorecido ese Estado. La pandemia nos ha cambiado la percepción en relación con la naturaleza. Venía de hace años esa ola verde, pero la pandemia ha acabado de convencer a los poco convencidos: hemos de tener la capacidad de disponer de un Estado potente que proteja a las personas y revisar nuestra relación con la naturaleza. Hemos podido vivir sin tantos vuelos, sin tanto tráfico, con elementos contaminantes limitados... y hemos podido valorar la agricultura de proximidad, el comercio de proximidad, ir caminando... Creo que ha cambiado nuestra percepción y es un cambio que ha venido para quedarse.