El PP deja morir el derecho civil valenciano por miedo a Vox: pasa de recuperar leyes históricas de la era Camps
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El PP valenciano, con la complicidad de Vox, está dejando morir el corpus legislativo que impulsó el Consell de Francisco Camps y siguieron defendiendo sus presidentes autonómicos. Hasta la llegada de Carlos Mazón al Ejecutivo valenciano, gracias a un pacto con Vox que se va renovando periódicamente, los populares se habían sumado a la movilización para recuperar las leyes civiles valencianas, que fueron derogadas por tres sentencias del Tribunal Constitucional al considerar que se invadían competencias. Con la llegada de la ultraderecha, el PP comenzó a hacer el vacío a quienes impulsan la reivindicación.
La asociación Juristes Valencians, que encabeza José Ramón Chirivella con un amplio equipo del Colegio de Abogados de València, lleva años buscando la fórmula para que las Corts Valencianes puedan legislar en materia civil, una práctica centenaria que se remite a los Fueros y es un signo del autogobierno valenciano. Aprovechando el 750 aniversario de la muerte de Jaume I, la asociación ha convocado una concentración con el lema 'Dret Civil Ara', acto que pretende rendir homenaje al legado institucional y jurídico de Jaume I y reclamar la restitución de la competencia en Derecho Civil Valenciano, de la que ya disfrutan otros seis territorios españoles con derecho civil propio.
Fue en la etapa de Francisco Camps, con Serafín Castellano como conseller de Gobernación, cuando se puso en marcha la recuperación de este corpus legislativo con el desarrollo estatutario. Entre 2007 y 2011 se aprobaron tres leyes que desarrollaban el derecho foral: la ley de Régimen Económico Matrimonial, la ley de Uniones de Hecho y la ley que regula la custodia compartida. Todo bajo gobiernos del PP. En 2016 el Tribunal Constitucional declaró nulas las tres normas por un recurso del Gobierno central, entonces con el PSOE al frente, y que el PP mantuvo, aunque ahora parece renegar de esta cuestión.
Los convocantes de la concentración denuncian la falta de iniciativa de las Corts Valencianes para cumplir sus propios compromisos. En 2020 la Cámara, entonces presidida por Compromís, aprobó una propuesta de reforma constitucional para blindar estas leyes. La medida requiere que una delegación acuda al Congreso a defenderla y que se incluya en un pleno. Las sucesivas convocatorias electorales han ido retrasando el trámite y el Parlamento, ahora gobernado por Vox, pasa del tema.
En octubre, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, comunicó a las Corts que si siguen interesados en tramitar la reforma deben enviar a alguien a hacerlo. Transcurridos casi nueve meses desde el requerimiento, el Parlamento no ha movido un dedo, ni tiene intención de hacerlo. Ni PP ni Vox quieren incluirlo en el orden del día de los plenos, y los ultras ya se refieren al presidente de la asociación como un “traidor” por reunirse con Compromís para reclamar ayudas públicas. Vox presionó al PP de Mazón para retirarles 30.000 euros en las últimas cuentas.
La cuestión es que el tiempo para defender la reforma se agota. Las elecciones autonómicas están fijadas para mayo del 2027, y las generales previstas para ese mismo verano. Sin voluntad, apenas queda tiempo para introducir la cuestión en lo que queda de legislatura en el Congreso. El Grupo Popular no ha respondido a las preguntas de elDiario.es sobre esta cuestión.
Chirivella ya no sabe cómo tratar de convencer al PP. Alude a estudios de la Real Academia de Cultura Valenciana, una de las entidades regadas por los conservadores y la ultraderecha, y también a la defensa de la empresa familiar, que es, a priori, una de las banderas del PP. Pero los populares no parecen sentirse interpelados y siguen sin mover un dedo en esta cuestión.
Juristes Valencians ha promovido un manifiesto dirigido al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y a las Corts Valencianes, suscrito por casi 600 personas, entre ellas 50 catedráticos, 80 profesores universitarios, representantes de colegios profesionales, organizaciones empresariales, sindicatos, entidades sociales y personalidades del ámbito cultural valenciano.
El manifiesto considera que la actual coyuntura constituye una oportunidad histórica para recuperar una competencia legislativa propia de la Comunitat Valenciana, reconocida en el Estatut d'Autonomia y respaldada de forma ampliamente mayoritaria por instituciones, universidades, organizaciones sociales, empresariales y profesionales, así como por la práctica totalidad del municipalismo valenciano.