El PSPV enmienda los presupuestos de Pérez Llorca para evitar la “prioridad nacional” y controlar derivaciones a la sanidad privada
El PSPV forzará que el PP de Juanfran Pérez Llorca se posicione públicamente ante la “prioridad nacional” que exige Vox. Los socialistas han presentado una batería de enmiendas a los presupuestos de la Generalitat Valenciana con una redacción alternativa que rechaza la exigencia de Vox, clave para que apoye las cuentas públicas.
Los diputados socialistas han adaptado la redacción a cada departamento de la Generalitat Valenciana para evitar que se introduzcan principios discriminatorios. Así, en el caso de los Servicios Sociales, Familia e Infancia, plantean que se apruebe un texto que recoge que se aplicarán las políticas “evitando la introducción de criterios de prioridad nacional, por resultar contrarios a los principios constitucionales de igualdad y prohibición de discriminación, a la libertad de acceso y concurrencia y a la prohibición de establecer diferencias de trato fundadas exclusivamente en la nacionalidad”. También que se recoja, entre los objetivos de la conselleria que dirige Elena Albalat, “impedir la utilización de la prioridad nacional como criterio de acceso, selección, valoración o adjudicación en los contratos, subvenciones, ayudas, convenios y demás actuaciones de la Conselleria”.
En el caso de Sanidad, se plantea un refuerzo de los servicios públicos, “garantizando la atención sanitaria a todas las personas que viven en la Comunitat Valenciana y evitando cualquier retroceso en derechos sanitarios que pueda generar exclusión, desigualdad o riesgos para la salud colectiva”, además de implantar programas de mediación intercultural sanitaria, traducción, alfabetización en salud y acompañamiento administrativo en departamentos de salud con mayor diversidad poblacional. El objetivo es evitar que las personas migrantes queden fuera de la atención sanitaria, tanto por acción discriminatoria directa como por barreras socioculturales o lingüísticas.
Sanidad, departamento que gestiona Marciano Gómez, es una de las carteras que más preocupa a los socialistas, con especial foco en la aceleración de las externalizaciones y derivaciones a centros privados, una privatización del servicio encubierta bajo un plan de choque. El grupo que dirige José Muñoz ha presentado en las Corts una enmienda al articulado de la ley de Presupuestos que añade que, en el informe mensual sobre las derivaciones a la sanidad privada, se refleje cuánto se paga a cada centro por las pruebas e intervenciones quirúrgicas que se realicen, especificando para cada una de las entidades el tipo de servicios o pruebas externalizadas.
A renglón seguido, en el mismo artículo, el PSPV pide que la Intervención General de la Generalitat realice un informe específico sobre la externalización de servicios y pruebas sanitarias durante el ejercicio de 2025 y, a partir de ese año, con carácter anual, “a fin de garantizar que la derivación a empresas y entidades de la sanidad privada responde a los principios de eficacia, eficiencia y optimización de los recursos públicos disponibles, sin incurrir en riesgo de infrautilización”. Si se acepta la medida, el informe deberá ser remitido a los grupos parlamentarios y publicado en el portal de transparencia.