STEPV denuncia el inicio de una “caza de brujas” en las aulas valencianas tras la convertir el Consell a la Inspección en 'policía educativa'
El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha calificado de “caza de brujas” la reforma legal aprobada por la Generalitat Valenciana en la ley de acompañamiento de los presupuestos, publicada el pasado 10 de agosto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). La organización sindical considera que la modificación del reglamento convierte a la Inspección en un órgano enfocado a la “persecución y censura del profesorado” bajo el pretexto de evitar el adoctrinamiento del alumnado.
A juicio de STEPV, el nuevo redactado vulnera leyes básicas estatales vinculadas a la libertad de cátedra, los derechos lingüísticos y la protección de la infancia. Desde la organización sindical señalan que la medida “pervierte claramente el espíritu” de la labor inspectora, cuyo cometido primario reside en el asesoramiento a los equipos directivos y al conjunto de la comunidad educativa, lejos de funciones de control ideológico.
El sindicato cuestiona además el uso del término “neutralidad ideológica” en la norma por la ausencia de una definición concreta. La organización advierte de que esa ambigüedad permitirá señalar cualquier contenido que moleste al Ejecutivo autonómico. En este sentido, STEPV remarca la paradoja de apelar a la neutralidad cuando la asignatura de Religión mantiene una elevada carga doctrinaria en su currículo oficial, ámbito donde la sospechan que no se aplicará la nueva regulación. Por el contrario, temen que la supervisión recaiga sobre contenidos relacionados con los derechos humanos, colectivos vulnerables o el cambio climático.
Esta crítica se suma a un escenario de continuo malestar en el sector educativo valenciano, tras un curso escolar marcado por la huelga indefinida desarrollada en los meses de mayo y junio. Desde STEPV censuran que el Gobierno autonómico centre sus prioridades en la implantación de medidas de control en lugar de resolver las carencias del sistema o destinar fondos a la reconstrucción de las infraestructuras afectadas por la dana.
Ante esta situación, la central sindical exige la derogación inmediata del artículo aprobado en la ley de acompañamiento. Asimismo, anima a inspectores, directivos, docentes y familias a obviar este mandato legal para centrar los esfuerzos en las necesidades reales de la enseñanza pública. El sindicato plantea además la inclusión de esta reivindicación dentro de la plataforma de protestas para el inicio del nuevo curso escolar.