El PP y Vox quieren una la ley valenciana del suelo más laxa con el suelo no urbanizable y con menos control público en las licencias
Concesión de licencias de obras con un mayor protagonismo de los informes y declaraciones responsables de las entidades colaboradoras urbanísticas valencianas (ECUV) en detrimento de la supervisión de los ayuntamientos y más opciones de realizar actividades en los suelos no urbanizables y no urbanizables protegidos.
Estas son algunas de las medidas que pretenden potenciar el PP y Vox en la nueva Ley del Suelo de la Generalitat Valenciana que se tramita por la vía de urgencia en las Corts a través de las enmiendas que ambos partidos han presentado. Las propuestas van en la línea diametralmente opuesta a las 200 presentadas por el PSPV, además de una a la totalidad del texto legal, y de las presentadas por Compromís, también a la totalidad del proyecto.
Por parte del PP, en lo que a concesión de licencias se refiere, se da más peso a la iniciativa privada y a las entidades colaboradoras, con una rebaja notable del control autonómico y de la disciplina urbanística municipal. En el caso de Vox van más allá y proponen una medida que podría chocar con los reparos que apuntó el Consell Jurídic Consultiu (CJC).
Así su enmienda al artículo 155 dispone que “el ayuntamiento dispondrá de un plazo máximo de seis meses, contado desde la entrada de la declaración responsable en el registro del ayuntamiento competente, para ejercer el control posterior ordinario previsto en el artículo anterior” y que una vez superado ese plazo “sin que se haya notificado resolución adoptada conforme al artículo anterior, quedará concluida la fase ordinaria de control posterior de la declaración responsable”.
Sin embargo, el CJC ya advirtió de que establecer una suerte de silencio administrativo positivo por el cual a los seis meses sin respuesta se puede considerar aprobada una resolución puede acarrear problemas legales: “Si se pretende configurar un acto administrativo presunto favorable de conformidad, se debe regular con claridad el procedimiento del que deriva, su forma de iniciación, el efecto atribuido a la falta de resolución y los extremos comprendidos en dicha conformidad”, aclaró.
Desde Vox afirman que sus enmiendas buscan acabar con la duplicidad de controles administrativos y dar mayor eficacia a las ECUV. Para ello, se propone que sus informes de conformidad sustituyan efectivamente a los informes técnicos municipales, reservando las comprobaciones adicionales de los ayuntamientos para supuestos excepcionales: “Se pretende delimitar el contenido de los informes jurídicos municipales para evitar que incorporen exigencias que excedan de su objeto y generen nuevos retrasos en la concesión de licencias”.
Por otra parte, en el artículo 62 referido a las actividades excepcionales en suelo no urbanizable, el PP amplía el abanico de posibilidades para la instalación de industrias “cuando no haya superficie suficiente para su ubicación en un radio de 5 kilómetros”. A ello suma un nuevo apartado en el artículo 63 referido a los suelos no urbanizables protegidos según el cual la inclusión sobrevenida de terrenos en suelo no urbanizable protegido no extingue los títulos ni los usos legalmente implantados antes.
En cuanto a la vivienda protegida, los populares proponen mediante una nueva disposición adicional destinar a vivienda protegida determinadas parcelas privadas vacantes que el planeamiento urbanístico reserva para equipamientos y que permanecen sin edificar. Se trata de movilizar suelo disponible para ampliar la oferta de vivienda asequible sin tener que modificar previamente el planeamiento, siempre con carácter excepcional y manteniendo las garantías urbanísticas y legales.
Según el texto presentado, las viviendas deberán estar sometidas de forma permanente a algún régimen de protección pública, sin posibilidad de convertirse posteriormente en vivienda libre, lo que va en contra de lo aprobado por el Consell en su decreto de vivienda del año 2024, en el que se establece un plazo máximo de 30 años de protección, pasando después a renta libre.