El Puerto de Valencia, al juzgado por la turbidez causada por las obras de ampliación en las playas protegidas del Parque Natural de l'Albufera

La asociación Ecologistas en Acción-CODA, en representación de la Comissió Ciutat-Port, plataforma vecinal y ecologista, ha presentado recurso contencioso-administrativo contra la ejecución del 'Proyecto Constructivo del Muelle de Contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia'.

La apertura de una causa en los tribunales es el último paso de un proceso empezado en junio de 2025 en el que se interpeló infructuosamente a todas las administraciones implicadas advirtiéndolas de las infracciones cometidas desde que arrancaron las obras.

La plataforma ha informado este viernes de que “ante la pasividad de la administración, los ecologistas han denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid la ejecución de dragados en los puertos de Sagunt y València para extraer materiales con los que rellenar la explanada donde se ubicará la futura terminal de contenedores”.

Estas labores, según han asegurado, “no cuentan con ningún tipo de evaluación ambiental: la única declaración de impacto ambiental (DIA), la del año 2007, recoge explícitamente las fuentes y condiciones en las que extraer estos materiales, por otra parte ya totalmente desfasadas; los trabajos que se vienen realizando en ambos puertos incumplen de lleno estos requisitos y la Autoridad Portuaria de Valencia no ha tramitado ningún estudio de impactos específico para amparar los dragados”.

Hechos denunciados

Para la construcción de la futura terminal norte la Autoridad Portuaria necesita conseguir millones de metros cúbicos de materiales de distinto calibre con los que rellenar la dársena y poder construir encima una explanada de nada menos que 137 hectáreas, sobre la que se ubicará la terminal que posteriormente explotará para su beneficio la empresa privada TIL, filial de MSC. La primera cuestión irregular, según los denunciantes, es que en el proyecto actualizado de las obras no se especificó de dónde se obtendrían tales magnitudes de materiales para relleno.

Además, han recordado que “la DIA de este megaproyecto data de hace 20 años, de 2007, y seleccionó la alternativa con la menor extracción de materiales mencionando sus fuentes y volúmenes, pero con las modificaciones actualizadas del proyecto, no cubren necesidades”. Hace 20 años, una de las fuentes contempladas fue el reaprovechamiento de los materiales obtenidos durante la ampliación, en curso en aquel momento, del puerto de Sagunt. Diecinueve años después de la aprobación de esta DIA, el proyecto que se está ejecutando nada tiene que ver con el amparado por la DIA: “Las obras de ampliación en Sagunt finalizaron hace lustros. La extracción que se está realizando allí no es un reaprovechamiento de materiales, como recoge la DIA, sino una extracción de recursos naturales no contemplado en el estudio de impacto”.

Las mismas fuentes han afirmado que “el proyecto constructivo aprobado por la Autoridad Portuaria es incomprensiblemente laxo y no especifica cuántos millones de metros cúbicos será necesario extraer y de dónde” al tiempo que afirma que “en ningún caso los dragados afectarían a zonas protegidas y que de ocurrir se tomarían las medidas correctoras adecuadas”.

Para la plataforma “ambas afirmaciones se han demostrado falsas en tanto que la extracción de sedimentos ha generado turbidez y deposiciones sobre zonas naturales protegidas, como el Parc Natural de l’Albufera y espacios marinos de la Red Natura 2000, afectando especies protegidas y sensibles a estos fenómenos como la Posidonia o la Mantelina y empeorando la calidad de las aguas costeras”.

Por otra parte, han comentado que “la pretendida validez y vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental de 30 de julio de 2007 (DIA/2007, BOE de 16 de agosto de 2007) carece de sustento legal para amparar un proyecto que nada tiene que ver con el original, y la ejecución de las obras está incurriendo en un vicio de nulidad”.

Algunas de estas irregularidades fueron señaladas por la propia Dirección General de Costas en un informe de fecha 18/11/2022, de compatibilidad con la estrategia marina levantino-balear en relación con las actuaciones mencionadas: “El organismo se ha desentendido de sus responsabilidades a lo largo de estos 4 años y no ha actuado para frenar la ejecución de unas obras lesivas para el litoral valenciano”.

Advertencias ignoradas por las administraciones

La primera denuncia se interpuso en junio del año pasado, por la asociación Per l’Horta, también en representación de la plataforma ciudadana Comissió Ciutat-Port (ambas entidades son integrantes de la Comissió), “aunque los hechos vienen produciéndose desde poco después de las graves inundaciones de la dana de octubre de 2024, cuando las autoridades portuarias decidieron que era un momento oportuno para iniciar las obras”.

Posteriormente, la asociación Ecologistas en Acción-CODA solicitó al Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) personarse en el expediente de denuncia inicial para poder interpelar a la Dirección General de Costas, al Miteco y a Puertos del Estado, para que actuasen de oficio dentro de sus obligaciones y competencias para atajar las irregularidades que, según la entidad vecinal y ecologista, se estaban cometiendo. “Ante la pasividad de todos los organismos que fueron advertidos, el siguiente paso ha sido elevar la denuncia a los tribunales mediante la interposición de un recurso contencioso administrativo esta semana”, han explicado.

Argumentos y objetivos del recurso

El recurso judicial ahora presentado solicita que se declare improcedente continuar con la ejecución del proyecto mientras no se tramite y apruebe una nueva evaluación de impacto ambiental ajustada a la normativa y proyecto vigente, y que, hasta que se llegue a una sentencia firme, se adopten medidas cautelares necesarias para garantizar la protección del medio marino y de los hábitats y especies afectados.

La solicitud de paralizar las obras cautelarmente se sustenta en abundante jurisprudencia -de los Tribunales Superiores de Justicia; Tribunal Constitucional; y Tribunal de Justicia de la Unión Europea- sobre la finalidad preventiva de la evaluación ambiental y la exigencia de nueva evaluación ante modificaciones sustanciales del proyecto.

La plataforma ha recordado que la evaluación ambiental no solo se debe realizar sobre las obras propiamente dichas, sino también sobre el funcionamiento ordinario de la nueva terminal, con cuestiones como el aumento de tráfico de embarcaciones, la probabilidad de accidentes, incremento de emisiones a la atmósfera, o tráfico de camiones.

“La denuncia, ahora convertida en recurso, documenta las infracciones cometidas mediante abundante material gráfico (incluyendo imágenes satelitales) que permiten observar, con alto grado de detalle espacial y temporal, la evolución del estado de la costa, antes y durante la ejecución de las obras y constatar que la turbidez producida por los dragados en el Puerto de Sagunto y València, así como por el transporte de los materiales dragados desde el Puerto de Sagunto hasta el de València, está afectando a especies y hábitats marinos protegidos como las praderas de Posidonia, la Mantelina, al Parque Natural de l’Albufera, y a la calidad de las aguas de baño de toda esta franja litoral desde Sagunto al sur de València, pues las plumas de turbidez de sedimentos alcanzan kilómetros de longitud”, han asegurado.