Ni quita, ni cupo

Mazón rechaza el “cuponazo separatista” y la negociación bilateral

La revindicación valenciana de una nueva financiación autonómica, en el pelotón de comunidades del PP

En septiembre de 2024, escribí en esta misma newsletter semanal que el acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Catalunya abría un debate que marcaría la agenda del curso político. Ahora, cuando el curso acaba y parece tan lejano aquel momento, resurge el tema con intensidad porque el Gobierno y la Generalitat de Catalunya están acabando de pactar un nuevo modelo de financiación “singular” y “generalizable”, basado en la recaudación de todos los impuestos por parte de la agencia tributaria autonómica, que pretenden llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera a la vuelta del verano.

Apunté entonces que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, estaba pillado “entre su jefe de filas y las reivindicaciones valencianas largamente definidas en materia de financiación autonómica”. Diez meses después, debido a su papel en la catástrofe de la dana del 29 de octubre, Mazón se ha convertido en un jefe del Consell zombi, vapuleado cotidianamente por el rechazo de la ciudadanía, sea con gritos de rabia o de forma tan educada como la de un vecino que hace unos días se acercó a pedirle que dimita y le recriminó las 228 víctimas: “Esas personas no debieron morir ese día y murieron por una negligencia”. Si poco se podía esperar de él al comienzo de curso, no queda margen para la sorpresa con este barón autonómico del PP de credibilidad tan magullada, un fantasma político al que sostiene en el poder por cálculo ventajista la extrema derecha.

El problema de la financiación autonómica, cuyo modelo está caducado desde hace una década y perjudica sobre todo a la Comunitat Valenciana, suscita contradicciones en las dos principales formaciones políticas del sistema, el PP y el PSOE, porque no es fácil conciliar el interés partidista con las legítimas aspiraciones de cada territorio de la España plurinacional. Sin embargo, en el caso de Mazón, el dilema entre asumir las consignas de partido o mover ficha en función de las reivindicaciones valencianas, si es que llegó a ser real, ha decaído del todo. Tras calificarlo de “cuponazo separatista”, el inquilino del Palau de la Generalitat Valenciana ha asegurado que el acuerdo del Gobierno con Catalunya va “contra el interés de los españoles en general y de los valencianos en particular”. Y ha anunciado que lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

Deja Mazón libre, sin oponer resistencia alguna, el terreno para que Alberto Núñez Feijóo cargue contra el Gobierno sin tener que preocuparse de encajar de alguna manera las específicas demandas valencianas en su discurso. Cuando el asunto merecería otra consideración. Como mínimo, la de atender al trabajo del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), auténtico centro de referencia en el estudio de la financiación autonómica, que desde su Laboratorio de Análisis de Políticas Públicas (IvieLab), una iniciativa conjunta precisamente con la Generalitat Valenciana, ha publicado un informe que perfila las características de un concierto solidario generalizado como el que se plantea “para todas las comunidades, comunes y forales, capaz de mejorar la financiación autonómica”.

Según la investigación que firman el director del IVIE, Francisco Pérez, y el economista Juan Pérez Ballester, si “el sistema singular se concretara como un acuerdo entre el Estado y Cataluña que aproximara a esta comunidad a la situación privilegiada de las comunidades forales, en lugar de solucionar el problema de desigualdad interterritorial existente, lo agravaría”. Sin embargo, si se cumplieran ciertas condiciones, como el hecho de que, una vez cedida la parte correspondiente al Estado, cada comunidad destinara el 80% de sus recursos restantes al fondo de solidaridad interregional, que permitiera, al menos, igualar los recursos disponibles para prestar los servicios públicos fundamentales y se ampliara “en cinco puntos el Fondo de Garantía del sistema actual, que se dota mediante la contribución al mismo del 75% de los recursos tributarios de cada comunidad y se distribuye posteriormente en base a las necesidades de cada territorio (población ajustada)”, los resultados de un sistema de concierto solidario generalizado “reducirían la desigualdad de recursos entre los habitantes de las distintas comunidades autónomas que existe en el sistema actual”.

Al frente de un Gobierno cuya consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, acaba de recibir autorización del Gobierno para pedir créditos a los bancos por 1.800 millones de euros para poder cubrir gastos, ya que acumula impagos a proveedores, como las farmacias, por falta de liquidez, Mazón rechaza, como lo hace todo el PP, la quita o condonación de deuda que propone el Gobierno, pese a que podría reducir a la mitad los 1.200 millones en intereses que la Generalitat Valenciana paga actualmente por la deuda autonómica. Según la portavoz y vicepresidenta, Susana Camarero, el Consell dará “toda la batalla política, social y jurídica necesaria para evitar” la financiación singular de Catalunya. Descartada la bilateralidad, solo queda la negociación conjunta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La solución a la infrafinanciación valenciana vendrá, según Mazón, de mantenerse dentro del pelotón de comunidades que gobierna el PP (con y sin apoyo de Vox). Nada de escapadas “separatistas”.

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