El supermercado social que dio de comer a miles de damnificados de la dana, en peligro por el bloqueo de Alfafar y la Generalitat

El supermercado social de Alfafar es una iniciativa impulsada por la Koordinadora de Kolectivos del Parke Alcosa. Nace tras la catástrofe de la dana como respuesta vecinal para cubrir las necesidades de la población que quedaron desatendidas debido a la inanición institucional. El propio alcalde denunció en la prensa que “se han olvidado de Alfafar”, en referencia a la ausencia de bomberos, la UME o la Guardia Civil.

La sociedad se volcó con los municipios afectados por la dana. Usuarios de todas partes de España y, por supuesto, de la Comunitat Valenciana, se solidarizaron con los vecinos damnificados enviando comida, ropa y ayuda a la zona cero de la catástrofe.

Sin embargo, esta iniciativa solidaria está extremadamente necesitada de una fuerte coordinación para la organización y el reparto de estas donaciones. Cuando hablamos de decenas de toneladas de víveres entregadas de forma espontánea por parte de ciudadanos y municipios de toda España, la gestión –de la que también se hicieron cargo algunas organizaciones como Cruz Roja– es un aspecto clave para que esta solidaridad aterrice en las casas de las personas afectadas y, por tanto, se haga efectiva.

En este contexto, la gestión vecinal proliferó por todos los municipios afectados y se articuló de manera espontánea y comunitaria para suplir las carencias iniciales de las administraciones. Esta movilización ciudadana dio lugar a la creación de puntos de recepción de ayuda en escuelas, parroquias, tiendas y casales falleros.

El supermercado social nació así con el objetivo de distribuir alimentos, productos de higiene, muebles y electrodomésticos entre las familias damnificadas. La UME abrió el espacio que se convirtió en un centro de coordinación de emergencia organizado por los propios vecinos.

Tras casi dos años, el supermercado social continúa su labor facilitando la cesta de la compra a aquellos vecinos que viven por debajo del salario mínimo. Toni Valero, representante de la Koordinadora de Kolectivos del Parke Alcosa, explica en una conversación con elDiario.es la función del espacio solidario actualmente y los motivos del desalojo al que se enfrentan por parte del Ayuntamiento de Alfafar.

¿A quién se dirige el proyecto?

Se trata de personas que no cumplen los requisitos para acceder a determinadas ayudas de los servicios sociales. Según explica Valero, “la iniciativa no es una respuesta a la pobreza extrema. La pobreza extrema es otra cosa. Es la gente que está en la calle pidiendo y no tiene nada”.

Por lo tanto, la propuesta se dirige mayoritariamente a la población vulnerable que vive por debajo del salario mínimo y que, como resultado, “se quedan en una especie de limbo en el que no tienen suficiente para cubrir sus necesidades, pero tampoco les apoyan, lo que les conduce a una dinámica de empobrecimiento de la que es difícil salir”.

Esta coyuntura no es exclusiva de su municipio, expone el representante de la Koordinadora, es un problema que ocurre en general en toda la población: “Es una problemática nueva que nace producto de las sociedades posmodernas. Eso hace 50 años no existía, pero hoy existe. Hoy existe una población desplazada en las grandes ciudades”.

Un ejemplo paradigmático son, según Valero, las personas que no están en condiciones de ser empleadas por edad o que no cuentan con las capacidades físicas o psicológicas para poder ser contratadas en el modelo de contratación que existe a día de hoy, pero tampoco pueden acceder a una baja médica. Esto genera procesos de exclusión y de empobrecimiento que no son atendidos: “servicios sociales solo atiende las necesidades, digamos, de extrema pobreza”.

¿Qué labor desempeña el proyecto?

El supermercado social es una reacción ante esta problemática: “para estas personas, que han de elegir entre poder pagar el alquiler, la luz, el agua o la comida, facilitarles la cesta de la compra es algo que va a ir en beneficio de su calidad de vida”. Sin embargo, su función no se agota aquí. La espera previa a la entrada del supermercado constituye un espacio de encuentro entre trabajadores sociales y voluntarios que acompañan a los vecinos en otros aspectos fundamentales.

Durante la visita al supermercado, con motivo de conocer más a fondo la iniciativa, pudimos observar cómo en la cola se le preguntaba a cada persona por sus necesidades prioritarias y se ofrecía apoyo en la gestión de trámites: “hay reuniones donde se hacen estudios de cuáles son las circunstancias de cada persona, pero no te los imagines al nivel como se suele trabajar en servicios sociales, sino de una forma muchísimo más cercana”. Además, Toni nos cuenta que, durante el proceso de regularización, se convirtió en un punto de encuentro para ayudar a gestionar la documentación necesaria.

¿Dónde se sitúa el conflicto?

Toni Valero explica que el Ayuntamiento argumenta que el reparto de alimentos, una vez pasada la emergencia inmediata de la dana, “ya no tiene sentido”. Frente a ello, el representante apunta que mientras siga habiendo vecinos que tienen que elegir entre pagar el alquiler o la comida, la iniciativa sí tiene sentido.

Por otro lado, el consistorio afirma que “las colas estigmatizan a las personas”. Valero rechaza este argumento insistiendo en que, lejos de sentirse estigmatizados o señalados, son los propios vecinos del barrio los que se organizan para llevar a cabo la iniciativa. En este sentido, sostiene: “todo el discurso ese de que las colas afean socialmente, que señalan a la población que está jodida, todo ese discurso que utiliza el Ayuntamiento, se cae en cuanto observas a las personas y hablas con ellas”.

El motivo más llamativo por el que quieren cerrar el supermercado es que el edificio carece de una autorización administrativa formal: “El equipo de gobierno decide que nos tenemos que ir, porque no estamos en una situación regular, pero no estamos en una situación regular porque quien la puede hacer regular –que son ellos mismos– no lo hacen”.

Sin embargo, según nos comunica el representante, la última “excusa” esgrimida para desalojar el local, y tras la que se ampara la corporación municipal gobernada por el Partido Popular, es que el local debe quedar libre para construir un refugio climático. Valero aclara que no se opone a ese proyecto –de hecho, afirma que es una reivindicación del barrio desde hace años–, pero propone que el supermercado continúe hasta el inicio de las obras y después se traslade a otro local público o que se dé uso al antiguo IES Jaume I, que se encuentra en un estado de abandono y deterioro total, actualmente propiedad de la Generalitat.

El Ayuntamiento rechaza la posibilidad de trasladar el supermercado a otro espacio público. En este sentido, la Koordinadora denuncia una “estrategia de represión” contra el movimiento vecinal: “Es el debate de si lo público está en manos de quien tiene la gestión administrativa del Estado o lo público es un concepto donde la población también –a través del derecho de participación– entra en el uso de esos espacios. Es como si dijéramos, ¿qué es democracia? ¿Votar cada cuatro años o participar día a día en las decisiones que se vayan tomando en tu entorno? Pues eso es exactamente igual”.

La organización comunitaria como respuesta colectiva

El representante de la Koordinadora sostiene que el principal valor de la iniciativa no reside únicamente en su capacidad para cubrir necesidades básicas, sino en el modelo de red comunitaria que representa: “La misma gente que tiene ese problema es la que se ha organizado y la que, junto con otras personas que están en una situación similar, buscan una solución”.

Esta organización horizontal fortalece el tejido comunitario al situar a los vecinos como protagonistas, lo que evoca inevitablemente aquellas palabras que recorrieron las calles embarradas durante la dana: “El pueblo salva al pueblo”. Cuando la iniciativa nace desde abajo, el barrio deja de ser un receptor pasivo de ayudas para convertirse en un sujeto colectivo capaz de identificar necesidades, movilizar recursos y defender sus propios derechos.

Esto no significa, ni mucho menos, que las instituciones no tengan ningún tipo de responsabilidad ni utilidad y que haya que rehuir de ellas. Al contrario, la administración pública tiene la obligación de garantizar los derechos sociales de la ciudadanía, asegurar el acceso a los recursos básicos y ofrecer una respuesta eficaz ante situaciones de emergencia y vulnerabilidad. Sin embargo, la organización comunitaria puede complementar esa labor, detectando necesidades que a menudo quedan fuera de los canales institucionales y generando redes de apoyo desde el propio territorio.

Cuando hablo de complementariedad me refiero, precisamente, a la posibilidad de que ambas formas de actuación no solo convivan, sino que se fortalezcan mutuamente. La organización comunitaria horizontal, nacida desde los propios barrios, no sustituye a las instituciones, sino que las interpela. Esta red comunitaria tiene la capacidad de dialogar con la administración y, de ser necesario, ejercer presión para reclamar respuestas, recursos y políticas públicas que garanticen los derechos de la ciudadanía. En este sentido, una comunidad organizada no debilita a las instituciones: las hace más conscientes de las necesidades reales del territorio y contribuye a construir una respuesta colectiva más eficaz y cercana.