Guerra de los taxistas contra el Consell de Pérez Llorca: denuncian que la nueva ley permite que los VTC “hagan de taxis sin control”

Los taxistas autónomos de la Comunitat Valenciana han declarado la guerra al Gobierno valenciano que preside Juan Francisco Pérez Llorca a cuenta de la aprobación del nuevo decreto ley que establece un nuevo marco regulador para garantizar la convivencia entre el sector del taxi y los vehículos de transporte con conductor (VTC), que gestionan plataformas como Uber o Cabify.

La Confederación que agrupa al colectivo lanzó este lunes un duro comunicado en el que advierten de que la nueva normativa “permitirá que los VTC hagan de taxis en la Comunitat Valenciana sin ningún control”. Una equiparación que consideran injusta teniendo en cuenta que los taxis tienen la consideración de servicio público, motivo por el cual, entre otras cosas, tienen unas tarifas reguladas por la administración y pueden coger clientes a demanda en la vía pública cuando se les lanza el alto y los VTC están concebidos para un uso discrecional, es decir, con previa contratación.

Desde la organización cargaron duramente contra el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, al que acusaron de “traicionar y mentir” al colectivo: “El conseller dice que protege al Taxi, pero el Decreto protege a las plataformas y a las multinacionales dueñas de la mayoría de los VTC. Esperaremos unos días, a tener informes detallados de nuestros abogados para ver las opciones que tiene el sector para tomar decisiones”.

El nuevo decreto aprobado por el Gobierno valenciano paraliza durante dos años la concesión de nuevas licencias de taxis (salvo excepciones enfocadas al fomento del servicio para personas con movilidad reducida), y de VTC. La suspensión estará en vigor hasta que se realice el informe exhaustivo que detalle la situación de la movilidad y de ambos sectores.

Según el texto legal, “la situación es extraordinaria, por cuanto el número de autorizaciones actuales de arrendamiento de vehículos con conductor es de 2.004, y el número de solicitudes presentadas en los servicios territoriales ascienden a más de 4.000”. Con esta progresión, “las autorizaciones podrían alcanzar ante la falta de ordenación, -que debe apoyarse en un estudio técnico en el que se analice la situación actual sobre los niveles de cobertura de las necesidades de movilidad en servicios de transporte público de viajeros en vehículos de turismo, con el fin de poder determinar la dimensión óptima del servicio, su calidad y la dimensión adecuada de la flota, para identificar un coeficiente de equilibrio entre la oferta y la demanda de servicios que haga viable la sostenibilidad del sistema de acuerdo con los criterios objetivos aplicables-, las 6.000”.

El decreto tampoco ha gustado al sector de las VTC. Ricardo González, presidente de la patronal Movva, ha comentado que “no resuelve el problema de fondo, sino que lo aplaza dos años de modo que se mantiene la incertidumbre y la inseguridad jurídica”. En este sentido, han cuestionado la prohibición de estacionar sus vehículos en superficie en zonas de alta afluencia y mientras que no dispongan de servicio precontratado, y que al mismo tiempo se les pueda sancionar por circular en vacío por supuesta captación de usuarios: “Si una vez finalizado el servicio tenemos que irnos a un aparcamiento subterráneo a esperar que entre el siguiente y por el camino un agente nos sanciona por supuesta captación, tendría que demostrarla con pruebas. Además de que se trata de que va en contra de las políticas de sostenibilidad tener a los coches dando vueltas buscando un aparcamiento por no poder estaciones en superficie, donde finalice el servicio”.

Por otra parte, el decreto anula la precontratación de este servicio con al menos 15 minutos de antelación, cuestión esta última que para los taxistas implicará la equiparación de ambos servicios. Según Fernando del Molino, presidente de la Confederación, “la Justicia ha anulado algunas precontrataciones por considerarse abusivas y no estar suficientemente justificadas, como la de 1 hora del Ayuntamiento de València, la de 45 minutos en Baleares o la de 30 minutos de Euskadi; pero justamente de las de 15 minutos aplicadas en Cataluña o en la Comunitat Valenciana no hay sentencias en contra, por lo que no se entiende que la elimine la Generalitat por la vía del decretazo”.

Preguntado al respecto, el conseller Martínez Mus ha comentado que ya advirtieron que buscar una solución que siempre buscaba “la prioridad de los ciudadanos” iba a no poner conformes a ninguno de los sectores implicados, ni a los taxis ni a los VTC: “Quiero recordar que gran parte de lo que se plasma en el decreto eran peticiones de los dos sectores. Entendemos que cualquier cambio puede ser conflictivo, lo entiendo, pero les emplazo a que dentro de unos meses comprueben hasta qué punto les ha podido afectar. Estoy convencido de la que la idea era proteger el taxi como servicio público y mejorar el servicio a los ciudadanos y creo que lo hemos conseguido”.

Multas de hasta 6.000 euros

Como novedad, se incorpora un nuevo régimen sancionador específico para garantizar el cumplimiento de las condiciones de prestación del servicio urbano de VTC. Las sanciones por infracciones muy graves podrán alcanzar los 6.000 euros y contemplan la inmovilización inmediata del vehículo.

Entre las conductas sancionables se incluyen la captación de clientes en vía pública sin contratación previa por parte de las VTC o la circulación en busca de viajeros o la prestación de servicios fuera del ámbito autorizado.

Además, se da la posibilidad a los ayuntamientos de asumir la competencia para incoar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores por alguna de las infracciones previstas en el presente decreto y la recaudación de estas.

Novedades en el taxi

Entre las principales novedades para el sector del taxi, se amplía el número máximo de autorizaciones de las que podrá ser titular una misma persona física, pasando a un máximo de tres autorizaciones ordinarias y hasta cinco cuando estén vinculadas a vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, cuya adscripción será permanente y definitiva.

Esta medida tiene como objeto fomentar la contratación de conductores asalariados y desarrollar tejido empresarial en el sector y, con ello, mejorar la prestación del servicio de taxi a las personas usuarias.

Asimismo, se flexibiliza el régimen para la creación de nuevas autorizaciones de taxi. Aunque se mantiene la ratio general de una autorización por cada mil habitantes, podrán concederse nuevas licencias cuando exista una demanda de servicio que deba atenderse o cuando sea necesario incrementar el número de vehículos adaptados.

El decreto también elimina la exigencia de plena y exclusiva dedicación en el sector del taxi, aunque mantiene la incompatibilidad entre la actividad de taxista y la titularidad o conducción asalariada en servicios VTC.

En materia de transmisión de autorizaciones, se regula la posibilidad de que las personas herederas puedan mantener y transmitir la licencia siempre que cumplan los requisitos establecidos en la normativa. Además, se contempla expresamente la situación de herederos menores de edad mediante la designación de una persona representante hasta que puedan obtener la capacitación necesaria.

La norma también permite iniciar la extinción de áreas de prestación conjunta de ambos sectores a solicitud de alguno de los municipios integrantes, reforzando así la autonomía municipal en esta materia. Además, se mantiene que los municipios de más de 200.000 habitantes o con más de 200 taxis puedan decidir no integrarse en un área de prestación conjunta.

Novedades en las VTC

En relación con las VTC, el decreto habilita provisionalmente a las autorizaciones estatales domiciliadas en la Comunitat Valenciana para realizar transporte urbano durante un plazo máximo de dos años o hasta la elaboración del estudio técnico sobre la movilidad y el equilibrio entre ambos sectores.

La regulación elimina la referencia que limitaba exclusivamente a los servicios interurbanos la actividad de las VTC y modifica las condiciones de contratación del servicio para facilitar la disponibilidad al usuario, eliminando los 15 minutos de espera para contratar.