Manises se opone a que la Generalitat transforme el pulmón verde de La Presa en suelo para industria o viviendas

El Ayuntamiento de Manises ha manifestado su rechazo a la inclusión de los terrenos situados al norte del municipio en el estudio técnico de suelos seguros para usos residenciales e industriales impulsado por la Generalitat Valenciana, que identifica posibles bolsas de suelo para la construcción de nuevas viviendas en el área metropolitana de València tras la dana.

La zona señalada en Manises como suelo seguro se corresponde con una amplia masa forestal situada entre las urbanizaciones de Montemayor, La Presa y El Collado, en su mayoría calificado como de uso agrícola: “Se trata de uno de los principales espacios naturales del término municipal y, prácticamente, del último gran pulmón verde con el que cuenta la localidad. Un entorno de valor ambiental y paisajístico cuya eventual transformación urbanística supondría la pérdida de una parte fundamental del patrimonio natural de Manises”, aseguran fuentes municipales.

El Gobierno local considera que “no tiene sentido plantear la posibilidad de urbanizar una de las pocas grandes reservas vegetales del municipio para impulsar un crecimiento residencial que, además, no responde a la realidad de la demanda de vivienda existente en Manises”.

Según explican desde el consistorio, “que un suelo sea seguro frente a inundaciones no significa que sea el lugar adecuado para construir. La planificación urbanística debe tener en cuenta también el valor ambiental del territorio, la conexión con el núcleo urbano, las infraestructuras disponibles y las necesidades reales de la población”.

Uno de los principales motivos de oposición municipal es la ubicación de estos terrenos. Pese a formar parte del término municipal de Manises, se encuentran alejados del núcleo urbano, precisamente donde se concentra la tensión residencial y donde existe una necesidad real de facilitar el acceso a la vivienda.

De hecho, el Gobierno municipal dirigido por el alcalde Jesús Borràs (APM-Compromís), con el PSPV como socio, ha solicitado recientemente a la Generalitat la realización de los estudios necesarios para declarar Manises zona de mercado residencial tensionado, una iniciativa que pretende abordar el problema de acceso a la vivienda desde el conocimiento de la realidad del mercado inmobiliario local y mediante medidas que permitan dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, como la limitación de los alquileres.

Para el Ayuntamiento, “impulsar un desarrollo residencial en estos terrenos supondría prácticamente crear un segundo núcleo urbano, desconectado de la trama consolidada de la ciudad y con importantes implicaciones territoriales, sociales y económicas”. Además, fuentes municipales añaden: “Manises no debería reproducir un modelo de crecimiento que pueda generar problemas similares: mayor dependencia del vehículo privado, dificultades para garantizar un transporte público eficiente, necesidad de extender redes de abastecimiento, saneamiento y alumbrado, incremento de los costes de mantenimiento de los servicios municipales y nuevas demandas de equipamientos educativos, sanitarios, deportivos y sociales”.

Todo ello “sin olvidar que la creación de un nuevo núcleo residencial separado del tejido urbano consolidado puede favorecer la fragmentación territorial y dificultar la cohesión social y la integración de los nuevos residentes en la vida cotidiana del municipio”.

El Ayuntamiento insiste en que la solución al problema de la vivienda no pasa necesariamente por ampliar la superficie urbanizada del municipio, y recuerda que todavía existe suelo pendiente de desarrollo dentro del propio núcleo urbano de Manises. En este sentido, el Gobierno municipal también pone el foco en los anuncios de vivienda pública realizados por la propia Generalitat en Manises, cuyo desarrollo sigue sin materializarse.

Según han recordado, el pasado mes de marzo, la Generalitat anunció la licitación de la construcción de 18 viviendas de protección pública en la calle Xúquer. Sin embargo, a día de hoy, según denuncia el Consistorio, no se han iniciado las actuaciones anunciadas. Una situación similar se produce con las ocho viviendas previstas en la calle Domeño, 8, sobre las que tampoco se conocen avances concretos.

Para el Gobierno municipal, la identificación de estos espacios como suelo seguro no puede servir para justificar un modelo de crecimiento basado en la ocupación de suelo rústico y la eliminación de espacios naturales. La planificación territorial debe atender a criterios ambientales, de sostenibilidad, de cohesión urbana y de interés general, y no limitarse exclusivamente a identificar dónde es posible construir desde el punto de vista de la inundabilidad.